Los partidos FMLN y Arena consensuaron esta semana emitir una nueva Ley de Ética Gubernamental que sustituya a la de 2006 y corrija algunas deficiencias y vacíos que la normativa tiene para combatir para que, por ejemplo, permita sancionar con multas a los funcionarios públicos que violen los estatutos éticos y para que el Tribunal de Ética Gubernamental pueda investigar sin necesidad de que haya denuncia.
Las deficiencias en la normativa vigente son un tema de varios años de discusión en la Asamblea Legislativa. La presidenta del Tribunal, Silvia Lizette Kuri, se ha quejado precisamente de la carencia de dientes de una ley que, a lo sumo, hasta ahora ha logrado que los infractores reciban una especie de regaño.
El proyecto de nueva ley que presentarán en la comisión los diputados del FMLN y Arena busca corregir algunas de las deficiencias señaladas por Kuri, que también incluye sancionar a personas aun cuando ya no ocupen el cargo que tenían cuando infringieron la ley.
Los dos partidos con más diputados en la Asamblea (35 efemelenistas y 19 areneros) creen que la ley vigente tiene demasiados vacíos como para pensar en una simple reforma, dijo el legislador Guillermo Ávila Qüehl, de Arena, presidente de la Comisión de Legislación de la Asamblea. “Originalmente era una modificación a la actual, pero con tantas reformas lo que decidimos hacer con le FMLN es emitir una nueva ley”, dijo.
Cuando se le preguntó si el resto de partidos apoyan el proyecto arenero-efemelenista, aseguró que él tiene clara la apatía hacia este debate. 'A los demás partidos no les interesa el tema”.
En el documento que presentarán ambas fracciones la próxima semana se replantean las funciones del Tribunal, permitiendo que este pueda sancionar a quienes violen la ley. Las sanciones que se contemplan en el documento se incluyen en el artículo 42 del proyecto, en este se plantea que las penas serán de carácter económico y que la cuantía final no deberá ser menor a un salario mínimo mensual hasta un máximo de 40 salarios mínimos mensuales urbanos para el sector comercio. Esto es entre 224 y cerca de 9 mil dólares actualmente.
La propuesta de ley no cuenta con una clasificación de tipos de penas, por lo que la decisión final que tome el Tribunal se hará con base en criterios como la gravedad y circunstancias del hecho, los beneficios o ganancias obtenidas por el infractor, el daño ocasionado a la administración pública o a terceros, la capacidad de pago y la renta potencial del sancionado.
Tal como estaba la ley las sanciones que podía imponer el Tribunal incluían amonestaciones escritas, suspensiones, despidos y la inclusión del nombre del infractor en el registro de sanciones de servidores públicos.
Sin embargo, la normativa no contaba con ninguna condena que asegurara una pena importante por violar la ley. Esto permitió que en 2007 el ex Ministro de Salud, Guillermo Maza, se ganara una amonestación verbal del entonces presidente Elías Antonio Saca, después de que el Tribunal comprobara irregularidades éticas en su gestión.
En esa ocasión, Maza se dedicó a trasferir pacientes del sistema público que necesitaban realizarse una tomografía a su clínica privada, en donde les cobraba por realizarles el examen. La trasferencia se debía a que las máquinas para realizar tomografías con las que contaba la red de hospitales nacionales estaban fuera de servicio. El resultado de la investigación fue una reprimenda para Maza en la oficina de Saca.
De aprobarse la propuesta, el Tribunal también podría imponer sanciones a los servidores públicos a quienes se les compruebe infracciones, aun después de que estos hayan cesado en su función pública.
Las modificaciones que proponen los partidos en el nuevo proyecto también buscan solventar las contradicciones que se dan entre esta normativa y la recién aprobada Ley de Transparencia. De acuerdo con el principio de confidencialidad que dicta la ley vigente, los funcionarios públicos pueden guardar reserva sobre hechos e información lícita que conozcan como parte del ejercicio de sus funciones.
Sin embargo, la Ley de Transparencia obliga a estas personas a brindar información sobre su gestión, siempre y cuando esta no sea de carácter confidencial (información relacionada con datos personales) o reservada (la relacionada con aspectos de seguridad nacional).
Este argumento también se contradice en la misma ley, que además incluye un principio de transparencia que obliga a los funcionarios a actuar de manera accesible para que todas las personas naturales o jurídicas, que tengan interés legítimo, puedan conocer si las actuaciones del servidor público son apegadas a la ley.
Otro de los cambios del proyecto plantea la oportunidad para que el Tribunal también pueda iniciar investigaciones de oficio, es decir sin la necesidad de que alguien interponga una denuncia, como ha trabajado hasta hoy. De esta forma, este podrá solicitar toda la información que considere necesaria para presentar como prueba con el fin de comprobar la violación de la ley.
A pesar de que el proyecto de Ley de Ética Gubernamental ya cuenta con los 54 votos a favor de FMLN y Arena, este será presentado en la Asamblea la próxima semana, ya que según algunos legisladores es necesarios afinar detalles de redacción. Con la aprobación del proyecto también se derogaría la normativa vigente.
