En el Día Mundial del Saber es decir del derecho ciudadano de conocer sobre la información pública vale la pena recordar que hace solo unos días, el 5 de septiembre, se venció el primer plazo señalado en la Ley de Acceso a la Información Pública para la emisión de sus reglamentos. Sin duda existían muchas expectativas sobre estos cuerpos normativos pues cabe recordar que durante su discusión en el seno de la Asamblea Legislativa se dieron argumentos que perseguían la postergación de la entrada en vigor. Muchos de los esfuerzos del Órgano Ejecutivo culminaron en negociaciones que incluían plazos escalonados para su plena vigencia, argumentando que se realizarían grandes esfuerzos en todas las instancias así como requerimientos presupuestarios, veremos si el presupuesto general así lo refleja.
Lo menos que se espera de nuestro Órgano Ejecutivo es que sea un verdadero líder en el esfuerzo de velar porque las leyes se cumplan y se implementen eficientemente, cuidando los plazos, dando espacios para el debate y emitiendo la normativa que permita la entrada en vigencia plena el próximo mes de mayo en el 2012. Sin embargo los aspectos antes mencionados se han incumplido.
¿Por qué importan los reglamentos? Estos son vitales porque vendrán a normar aspectos tan importantes como el proceso de elección de los Comisionados del Instituto que será la entidad garante que velará por la eficacia de la transparencia en todos los órganos del Estado. Este proceso es la oportunidad de elegir a los mejores y garantizar que serán personas independientes, de gran calidad personal y profesional, comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas.
Sin embargo, el Reglamento de la ley señala que, si a criterio de la Presidencia de la República ninguno de los candidatos de las ternas propuestas es apto para el cargo( una valoración totalmente subjetiva) se ordenara realizar nuevamente la elección de la terna correspondiente. Esto es sumamente sorprendente y claramente un exceso de las facultades legales que se tiene para la emisión de reglamentos. Decididamente esto debe ser reformado inmediatamente pues se estaría ante un reglamento inconstitucional además que se minaría irremediablemente la independencia de los potenciales comisionados ante la posibilidad antojadiza de ser vetados por el Presidente de la República.
Uno de los grandes logros de la sociedad civil es que el Instituto será la primera institución pública que se integrara con propuestas de los cinco sectores determinados por la Ley: universidades, asociaciones profesionales, asociaciones de periodistas, gremiales empresariales y sindicatos pero si el diseño de la elección está claramente influido por el peligro de veto de la Presidencia de la República, se le elimina la independencia a los participantes volviendo nugatorio el proceso que estaba inspirado en blindar la institucionalidad de las presiones políticas.
Pero por si esto fuera poco, toda la ley y el gran esfuerzo ciudadano se tiran a la borda cuando en el reglamento se incluye una nueva categoría de información reservada que es la “seguridad política” en la que se tiene el concepto vago y fraudulento para enmarcar toda aquella información que pueda incomodar al gobierno. Este sería un ejemplo de un reglamento que vuelve inoperante la ley pues dota de una gran excepción que se volvería la regla general y que eventualmente serviría para encubrir la opacidad.
En estos momentos también recordamos el ofrecimiento de la Subsecretaria de Transparencia y Anticorrupción de tomar en cuenta al Grupo Promotor de la ley y a otros sectores interesados quienes serán los mayores usuarios de la ley para enriquecer los debates que condujeran a reglamentos que verdaderamente contribuyeran a asegurar una aplicación efectiva de la misma. Resulta sumamente irónico que la implementación de la ley se esté llevando sin transparencia. Sin embargo este actuar a espaldas de la ciudadanía que tanto ha pedido esta normativa no se puede tomar con ligereza, pues mina la confianza en sus gobernantes.
El Salvador es uno de los pocos en la región que aun no tiene en vigor esta normativa y por eso es que durante varios años el Grupo Promotor impulsó en la Asamblea Legislativa la discusión de la ley y la promoción del derecho humanos que tenemos todos los ciudadanos a acceder a la información pública. La transparencia está a la mitad del camino, ya que hay una ley, pero faltará ver si hay voluntad política para implementarla o si se buscaran oportunidades para vaciarle contenido. ¡La transparencia ha venido para quedarse, pero todos debemos impulsarla y reclamarla! Empecemos exigiendo que se derogue este reglamento inconstitucional.
