El periódico español El País reveló que tres de los militares salvadoreños contra quienes la justicia española ha girado orden internacional de captura por el asesinato de los sacerdotes jesuitas rendirán su testimonio ante la Audiencia Nacional el próximo mes.
Los militares que según El País han accedido a declarar ante el juez Eloy Velasco el 8 de noviembre próximo son el general Juan Rafael Bustillo, comandante de la Fuerza Aérea cuando el ejército perpetró los asesinatos en 1989; el coronel Carlos Mauricio Guzmán, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia en aquellos días, y el coronel Joaquín Arnoldo Cerna, miembro del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada.
La nota no cita la fuente de información y tampoco aclara si la declaración de los tres será en calidad de imputados. Bustillo fue uno de los militares del más alto rango que la noche del 15 de noviembre de 1989 se reunieron en el Estado Mayor de la Fuerza Armada salvadoreña para discutir el curso de la ofensiva militar que había lanzado la guerrilla del FMLN sobre San Salvador. En esa reunión, según el informe de la Comisión de la Verdad, se decidió dar muerte a los sacerdotes jesuitas. El homicidio de los seis religiosos -cinco de ellos de origen español- se produjo la madrugada del día siguiente, y como la orden supuesta fue de no dejar testigos, los militares también dieron muerte a una empleada de los sacerdotes y a la hija de esta, que se encontraban en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
El rector de la UCA era Ignacio Ellacuría, y según explicó a El Faro uno de los militares que participaron en el operativo de los homicidios, la orden del Estado Mayor fue matar a Ellacuría y no dejar testigos. El coronel Camilo Hernández dijo en esa entrevista publicada en junio pasado, que él mismo proporcionó a uno de los ejecutores de la operación, el rifle que se usaría para ejecutar al rector de la UCA.
En el caso del coronel Guzmán, este, por ser el encargado de la inteligencia militar, fue quien ordenó que los militares registraran las instalaciones de la UCA tres días antes de la matanza, supuestamente para garantizar que ningún miembro de la guerrilla se hubiera refugiado ahí, a menos de un kilómetro de distancia del edificio del Estado Mayor. En las investigaciones de la Comisión de la Verdad se concluyó que el registro fue solamente para poder ubicar con mayor facilidad la manera de llegar hasta donde Ellacuría.
A Cerna se le procesa porque fue el encargado de dirigir ese operativo de registro.
Bustillo y otros ocho militares de alta graduación que están en retiro, acudieron el pasado 7 de agosto a refugiarse a un cuartel del ejército para evitar las capturas por parte de la Policía Nacional Civil. El Ministerio de Defensa les permitió su estadía ahí durante varios días, hasta que la Corte Suprema de Justicia salvadoreña resolvió que la 'difusión roja' de Interpol en contra de los nueve militares no suponía la obligación de capturarlos con miras a posible extradición hacia España.
