Mientras el presidente de la Corte de Cuentas, Gregorio Sánchez Trejo, asegura que no investigará la adjudicación de terrenos por parte del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria a tres diputados porque la institución ya lo investigó en el pasado, dos informes internos de la Corte revelan lo contrario: que nunca se auditó el proceso.
Según Sánchez Trejo, la venta de terrenos a funcionarios que no necesitaban de créditos agrícolas diseñados para campesinos pobres, ya había sido investigada por su antecesor, Hernán Contreras, pero los documentos de dos direcciones de auditoría de la Corte muestran que eso no es cierto. 'Es que oportunamente ya estaban realizadas las auditorías', respondió Sánchez Trejo cuando hace unas semanas El Faro le preguntó si la Corte realizaría alguna auditoría o examen especial a propósito de la entrega de tierras a los diputados Francisco Merino (PCN), Elizardo González Lovo (PCN) y Luis Corvera (FMLN). “Recordemos que esos casos son de 2004, de tal manera que ya existen resoluciones al respecto”, enfatizó la mañana del 15 de septiembre, minutos antes de que participara en los actos de conmemoración del día de la independencia.
La semana pasada, sin embargo, El Faro tuvo acceso a dos documentos de la Corte de Cuentas que contradicen a Sánchez Trejo. “Al haber revisado los archivos que se llevan en nuestra institución no se encuentran expedientes que determinen que se hayan efectuado por parte de esta Corte de Cuentas auditorías o exámenes especiales en relación a la adjudicación de parcelas agrícolas al proyecto lotificación agrícola Las Hojas II, cooperativas Brisas Marinas”, consigna un informe que el director de auditoría seis, Milton Alexi Noyola, firmó el 18 de marzo de 2011. El documento está dirigido a la Fiscalía General, que estaba siguiendo la pista a unos hechos que evidenciaban cómo la reforma agraria iniciada en 1980 para favorecer a campesinos sin tierra terminó desnaturalizándose repartiendo terrenos por compromisos estrictamente políticos u otorgando tierras a personas que las podían adquirir a precios de mercado.
El 3 de marzo de 1994, el diputado Merino adquirió a orilla de playa el solar 97, en la Hacienda Las Hojas II, municipio de San Pedro Masahuat, La Paz. El ISTA benefició al legislador con un crédito agrícola para que comprara esa propiedad, confirmó Pablo Ochoa, presidente de esa institución.
Un año antes de la carta firmada por Noyola, la Corte de Cuentas informó a la Fiscalía que no existió una investigación específica por la entrega de 514 solares a empleados del ISTA. “En los proyectos El Obrajuelo, San Miguel; Metalío, Sonsonate; Las Brisas II, La Paz; Rancho Tatuano y San Andrés, en La Libertad; comunico que no hemos realizado auditorías o exámenes especiales a los referidos proyectos por lo que no es posible remitir informe alguno”, escribió el 12 de febrero de 2010 el director de auditoría uno, Elmer Enrique Arias Pacheco.
El informe de Arias Pacheco se refiere a exámenes especiales o auditorías específicas a alguno de los cinco proyectos de lotificación agrícola porque esa irregularidad sí fue detectada, pero en una auditoría financiera de 1998. En ese proceso, que tiene a 11 exfuncionarios acusados de responsabilidad patrimonial por más de 92 mil dólares, la Corte de Cuentas analiza el caso de los 514 solares de manera general.
Las cartas firmadas por Noyola y Arias Pacheco fueron remitidos a la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, que investigaba posible corrupción en el ISTA.
La Fiscalía procesa a tres expresidentes del ISTA (Miguel Tomás López, Magdaleno Guzmán y Armando Zepeda Valle) por por no promover la recuperación de los 514 solares entregados, en teoría, a empleados y sindicalistas del ISTA. No obstante, en la denuncia que presentó el 22 de octubre de 2009, la expresidenta del ISTA Carla Alvanés aseguró: “Los beneficiarios eran empleados públicos, en su mayoría del ISTA, pero de acuerdo a la investigación algunos eran empleados de instituciones como Casa Presidencial y Ministerio de Gobernación”.
Cuando a Sánchez Trejo se le insistió en las irregularidades del proceso de adjudicación de parcelas a los diputados, optó por hablar en voz baja del asunto: “No podría adelantar criterio sobre este tema, que es un tema tan sensible y parto de la base de que esto fue en la administración anterior”.
Una deuda de 13 años
El ISTA, a la luz de un examen de auditoría de la Corte de Cuentas, es una institución que no solo entregó 514 solares a empleados públicos, sino que también compró certificados de regalo navideños que nunca entregó, que extravió cupones para combustible y que pagó por servicios de alimentación a las autoridades del Instituto en días no laborales. Esos señalamientos están consignados en una auditoría financiera que examinó el período entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1998, cuando su presidente era el santaneco José Roberto Pacas Méndez.
La Fiscalía asegura que la junta directiva que dirigía Pacas Méndez cometió un delito cuando adjudicó 514 solares a burócratas, pero pidió su exoneración porque cuando el caso llegó ante un juez -13 años tarde, en mayo de 2011-, el delito ya había prescrito.
Pero Pacas Méndez tiene otro proceso pendiente. Seis años después de que se cometieron las irregularidades, en 2004, la Cámara Segunda de Primera Instancia de la Corte de Cuentas abrió un juicio de cuentas contra 10 miembros de la directiva, cuatro gerentes, el tesorero y un contador del ISTA. De las 16 personas procesadas, 11 fueron declaradas culpables de cinco irregularidades y condenadas al pago de 92,903.82 dólares.
Según la resolución de la Cámara, los exfuncionarios violaron el artículo 52 de la Ley del ISTA al entregar a empleados públicos tierras que estaban destinadas para campesinos desposeídos. Además, provocaron un deterioro patrimonial a esa institución porque a los beneficiarios se les aplicó un decreto legislativo de reestructuración de la deuda agraria que condonaba créditos hasta por 16 mil dólares. Eso significa que los 514 burócratas no pagaron ni un solo centavo al Estado por las parcelas.
El expresidente del ISTA José Roberto Pacas Méndez; Manuel Rafael Henríquez Araujo y Magdaleno Guzmán, directores por el Ministerio de Agricultura y Ganadería en la junta directiva; Salvador Ernesto Méndez Castro, el director por el Banco Central de Reserva; y Mauricio López Parker, que representaba al Ministerio de Relaciones Exteriores; deben pagar 61,654 dólares por la irregular entrega de las 514 parcelas.
El exvicepresidente del ISTA Rodolfo Ernesto Varela y el exgerente financiero Julio Roberto Ramírez, el exgerente administrativo Marco Esteban Santos y el contador Nelson Edgardo García fueron condenados al pago de 14,523 dólares por gastar parte del presupuesto ordinario en servicios de alimentación durante días festivos y fines de semana.
Pacas Méndez, Varela y ocho funcionarios más también deben pagar 6,034 dólares por la compra de 176 certificados de regalos para navidad que, según los auditores, no hay evidencia documental de que se entregaron. El Faro intentó conocer la versión de los dos principales exfuncionarios, pero nadie contestó el teléfono en la casa de Pacas Méndez, en Santa Ana. En el caso de Varela, se le llamó a una dirección en la colonia San Francisco, pero una mujer que atendió la llamada dijo que no conocía a nadie con ese nombre.
La condena que sobrepasa los 92 mil dólares en contra de los 11 funcionarios fue confirmada en julio de 2010 por la máxima autoridad de la Corte de Cuentas: la Cámara de Segunda Instancia, que en esa época era dirigida por Hernán Contreras. Sin embargo, días después, los ahora condenados presentaron un recurso de revisión y esa petición no ha sido resuelta. El juicio, que ya acumula 13 años, sigue abierto y mientras los nuevos magistrados no resuelvan esa petición, la Fiscalía no puede ejecutar los cobros.
