El sistema de Protección Civil no funcionó en todo el país durante la emergencia generada por las lluvias. Al menos cinco alcaldías continuaban la mañana de este martes sin activar de manera formal las comisiones municipales de emergencia, según denunció el secretario de asuntos de Vulnerabilidad, Jorge Meléndez.
Tres alcaldes del departamento de La Paz, uno de San Vicente y uno de Sonsonate obviaron activar el comité municipal, como lo exige la Ley de protección civil. Los comités municipales son las primeras instancias de gobierno en responder a desastres por fenómenos naturales, y son los que mantienen el contacto entre las comunidades con las máximas instancias dentro del sistema de Protección Civil presidido por el ministro de Gobernación.
La Ley de protección civil presupone que todos los 262 alcaldes de El Salvador activen sus comisiones locales para enfrentar emergencias como la provocada por la depresión tropical E-12, que por ahora ha provocado la evacuación de 35,000 personas y la muerte de 32. Los comités tienen la responsabilidad adicional de prevenir daños y están obligados a hacer planes para ello.
Tras nueve días de lluvias continuas que batieron records históricos de precipitaciones, finalmente el temporal amainó este martes, aunque las autoridades prevén que este miércoles haya lluvias intensas antes de empezar a disiparse el jueves.
La cifra de 35,000 personas refugiadas en 440 albergues es tan alta que solo 40 de los 262 municipios del país tienen más habitantes que esa cantidad de personas. Los 35,000 equivalen a la población del municipio de Antiguo Cuscatlán y supera a las poblaciones de dos cabeceras departamentales, Chalatenango y San Francisco Gotera.
Hasta el lunes, el total de personas damnificadas directamente por las lluvias era de 150,000 y la cuantificación de daños agrícolas aún no se hace, pero Protección Civil apuntaba al menos 3,000 cultivos anegados en prácticamente todo El Salvador. Aunque hubo algunos municipios que no sufrieron graves daños, el secretario presidencial de Vulnerabilidad, Jorge Meléndez, explicó el domingo que todos debían activar sus comités de emergencia porque si no requerían atender a sus propias comunidades, deberían estar prestos a auxiliar a comunidades de lugares vecinos.
Sin embargo, Meléndez denunció el domingo que algunos alcaldes no solo no activaron sus comités locales, sino que hasta se burlaron de los llamados a evacuar ordenados por Protección Civil. Cuando los periodistas le preguntaron cuáles eran los alcaldes que habían violado la ley, Meléndez se rehusó a identificarlos, pero este martes dio algunos nombres.
“Hice todo lo que estaba bajo mi responsabilidad para no tener que llegar a decir (los nombres de los alcaldes) pero ahora creo que ya basta”, dijo el funcionario. Y en seguida los enlistó: en el departamento de La Paz, los alcaldes señalados son los de San Juan Nonualco, San Emigdio y San Francisco Chinameca; en el departamento de San Vicente, el municipio de San Lorenzo; y en el departamento de Sonsonate, el municipio de Santa Isabel Ishuatán.
Meléndez hizo el llamado de atención ante las nuevas lluvias que se prevé caerán este miércoles y que son parte de otro fenómeno atmosférico. La saturación de los suelos y la proclividad a deslizamientos provocó que las clases quedaran suspendidas en buena parte del territorio. Y en este marco, hubo alcaldes que no activaron sus instancias locales para la atención de las emergencias. “En el momento más difícil, una de estas alcaldías estaba cerrada. Hemos tenido muchas demandas de comunidades y personas que se han autoevacuado', dijo.
Para ilustrar la importancia de la existencia de estas comisiones, el funcionario dijo que por ejemplo el viernes se les había comunicado a las comisiones que en los lugares en donde hubiera taludes o fuertes pendientes era recomendable que se desalojara a las viviendas y a las personas. “La madrugada siguiente, precisamente, tuvimos varias muertes por taludes cerca de las viviendas”, detalló.
Los comités municipales están formados no solo por funcionarios de la alcaldía, sino también por el ejército y organismos de socorro.
El ministro del Ambiente, Herman Rosa Chávez, aseguró que debido a la reticencia de algunas personas a ser evacuadas, ocurrieron tragedias como las de Ciudad Arce, en La Libertad, donde un alud mató a cinco miembros de una familia. Para el ministro de Gobernación, Ernesto Zelayandía, “el nivel municipal es el más importante porque es el más próximo a la población y en ese nivel, el principal responsable es el presidente de la comisión, o sea, el alcalde. Si no se activa, se crea un vacío entre la comunidad y Gobernación”.
El funcionario reveló que piensan exigir a las municipalidades que en sus presupuestos establezcan un rubro para atender emergencias por desastres naturales. “Es que si no se activa el nivel municipal definitivamente quedamos afectados, porque a los municipios puede llegar el ejército, la Policía, pero no hay coordinación con la autoridad en la materia”, añadió.
El Faro se comunicó telefónicamente con las alcaldías de San Juan Nonualco, San Emigdio y Santa Isabel Ishuatán. En las tres municipalidades, miembros de los concejos municipales matizaron la situación de emergencia que han vivido.
El alcalde de San Emigdio, un municipio con unos 3,000 habitantes, se desligó de su responsabilidad en la activación de la comisión pues, según dijo, Protección Civil nunca se le brindaron recursos para instalarla. “No tenemos nada, nunca nos dieron ni palas ni piochas, solo unos colchones y unos chalecos todos ralos”, dijo el alcalde Mauricio García, del partido Arena.
El edil también señaló que es él la persona que debe evaluar las condiciones del municipio ante las tormentas y en base a eso tomar decisiones. “El presidente Mauricio Funes puede decretar emergencia nacional pero solo porque él diga que hay que tirarse a un barranco yo no me voy a tirar. Yo tengo que ver cómo está la condición en el municipio y si no veo que vale la pena aglomerar a la gente, no lo voy a hacer. Y de todas formas, si yo lo hiciera: ¿qué les voy a dar si no tengo nada para darles?”, dijo.
García, en todo caso, ignoró dos cosas. Una, que esta tormenta batió los récords de lluvia en el país (en la estación de Huizúcar, por ejemplo, la lluvia acumulada superó los 1,300 milímetros en nueve días). Y dos, las orientaciones del director de Protección Civil, Jorge Meléndez, quien dijo que si había un municipio “ileso” que este bien podría solidarizarse con un pueblo vecino.
En San Emigdio hay seis familias evacuadas y una calle intransitable por un deslave que le cayó encima. El edil dijo que el delegado de Protección Civil en la zona estuvo trabajando con instancias como la clínica de salud y la Policía, pero no con la municipalidad.
El síndico de la alcaldía de Santa Isabel Ishuatán reclamó a Protección Civil por supuestamente estar desinformando a la población. “Aquí se ha andado trabajando, nada menos el alcalde anda repartiendo víveres. Con Protección Civil de hecho estuvimos comunicándonos por teléfono. Ellos nos llamaban y nosotros les dábamos la información”, dijo José Vicente Rivera.
Santa Isabel Ishuatán tiene una población de 11,500 habitantes, de los cuales 500 están en albergues, dijo el síndico.
El secretario del municipio de San Juan Nonualco admitió que hubo “un poquito de falta de coordinación con las autoridades de Protección Civil”, pero que ello no implicaba que la alcaldía no estuviera trabajando. “El alcalde ha estado en emergencia desde el jueves, todo el mundo ha andado trabajando, pero ya ahora se está preparando la reunión de la comisión”, dijo David Mancía.
La negligencia de funcionarios durante emergencias por lluvias tiene un antecedente reciente. En noviembre de 2009, más de la mitad de las alcaldías del país se mantuvieron displicentes durante la tormenta Ida porque ni siquiera habían creado sus comités municipales. El gobierno se encargó de hacer ajustes al sistema de protección civil para revertir esa situación.
El Salvador fue declarado en calamidad pública el lunes. La Asamblea Legislativa de esta manera facilita algunas herramientas al gobierno para que, por ejemplo, pueda ordenar excepcionalmente trabajo de reconstrucción obligatorio 'sin justa retribución', o para que el Ejecutivo pueda disponer de libertad para hacer transferencias de fondos a las carteras que lo requieran.
La tormenta E-12 ha afectado a uno de cada 40 salvadoreños y en algunos lugares no solo causó pérdidas de vidas y de viviendas, sino también de cosechas. 'Aquí la pérdida ha sido total', dijo este martes el ministro de Agricultura, Guillermo López Suárez, en referencia a la zona del Bajo Lempa, en Usulután, durante un recorrido por el lugar para hacer evaluación de daños.
El gobierno apostaba a que este año iba a lograr una producción récord de maíz, pero las lluvias podrían frustrar esa aspiración.
