El Salvador es el país que se llevó la peor parte del paso de la tormenta tropical E-12 en Centroamérica, según los estudios preliminares del gobierno.
El recuento de daños es aun materia pendiente pero las autoridades aseguran que el saldo superará con creces los registros de los últimos cuatro huracanes que han golpeado al país: Mitch, Stan, Ida y Agatha. Se basan en los números recopilados hasta ahora.
181 de los 262 municipios del país y cerca de 2,000 kilómetros cuadrados –el 10% del territorio—está inundado, dijo el presidente Mauricio Funes, el viernes por la noche. Unas 20,000 viviendas están inhabitables, detalló, al pedir solidaridad a la comunidad internacional.
El gobierno presentará informe de daños en los próximos días y aprovechando que detenta la presidencia temporal del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) convocará a un consejo consultivo –conformado por la comunidad internacional—para presentarle el estado de la nación y solicitarles cooperación para la reconstrucción del país.
El recuento de daños está a cargo de una comisión especial dentro del gabinete que recopilará los informes de todas las instancias de gobierno. La información la centraliza la secretaría Técnica y las autoridades dijeron desconocer cuánto tardarán en tener listo el informe final.
Pero ya hay datos preliminares. Unos 300 técnicos del ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ya levantan información en la zona conocida como el Bajo Lempa, que corresponde a los municipios de Tecoluca y Jiquilisco, en San Vicente y Usulután respectivamente. Un informe preliminar revela que el 60% de los cultivos ahí están dañados. El miércoles, una asociación de pequeños agricultores que aglutina a 35,000 campesinos dijo a Radio Nacional que estimaban que el 75% de la siembra del frijol se había perdido por la lluvia.
El MAG estimaba, para 2011, una producción de 19.8 millones de quintales de maíz, 2.6 millones de quintales de frijol y unos 630,000 quintales de arroz. Pero la cantidad de agua llovida sin duda bajará las metas proyectadas. En solo 10 días, dijo el presidente de la República, Mauricio Funes, llovió una cantidad cercana al promedio de un año que es de 1,800. “Si sumamos los daños en infraestructura, el monto de daños aumenta considerablemente”, dijo el sábado el secretario de comunicaciones, David Rivas.
La estación telemétrica de Huizúcar, en La Libertad, registró 1,513 milímetros de agua llovida en 10 días, según el Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET). Esta cantidad de lluvia dejó más de 50,000 personas evacuadas, es decir, unas 11,740 familias afectadas.
A manera de comparación, las autoridades dijeron que el agua llovida durante esta depresión tropical fue mayor a los 861 milímetros acumulados que se registraron durante el huracán Mitch, de 1998, y que dejó 240 fallecidos y 10,000 damnificados. Asimismo, fue superior a los 766 milímetros acumulados durante Stan y fue el triple del agua que cayó durante la tormenta Ida (entonces cayeron 483 milímetros), en noviembre de 2009, y que provocó la muerte de 200 personas en El Salvador.
“Como se ve, estamos ante una situación menos trágica, gracias a Dios, en materia de pérdida de vidas, pero con una magnitud mucho mayor en materia de daños”, dijo el presidente Funes el viernes. La depresión tropical E12 dejó además 32 muertos y dos personas desaparecidas.
Gobierno se guardará nombre de alcaldes corruptos
El sistema de Protección Civil será auditado por la Corte de Cuentas y la subsecretaría de Transparencia en el manejo y distribución de ayuda, según confirmaron las autoridades este sábado.
Sin embargo, el subsecretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, dijo que se abstendrán de identificar de manera pública cualquier gobierno municipal acusado de presunta corrupción en el manejo de la ayuda para atender la emergencia. Explicó que no quería que se les acusara de manipulación con fines político partidarios.
Mientras la ayuda internacional y local sigue aglomerándose en las bodegas estatales, el gobierno central ya anunció cuatro medidas para intentar garantizar la transparencia en esta nueva etapa. La primera medida, informó Rodríguez, está relacionada con el decreto legislativo que oficializó a El Salvador en situación de calamidad pública y que permite al gobierno efectuar contrataciones directas de servicios para atender la emergencia. Habrá un formato único para que las instituciones hagan esas contrataciones, dijo Rodríguez.
Sin embargo, el subsecretario no aclaró si el uso de dichos formatos es de carácter obligatorio. Solo manifestó que dichos formularios estaban siendo repartidos entre las oficinas de gobierno.
Otra medida conlleva que los sitios web del gobierno publiquen el detalle y el tratamiento de las ayudas que reciban y repartan. La tercera medida que entra en vigencia desde ya es la habilitación de un número telefónico (2223 6984) para que la ciudadanía reporte el uso discrecional o poco transparente de la ayuda que reciba cualquier institución. Rodríguez aseguró que la secretaría Técnica de la Presidencia rendirá el primer informe de transparencia en atención a la emergencia la próxima semana.
“Somos conscientes de que la capacidad de reacción ante estos fenómenos han sido de dudosa credibilidad en el pasado, y que eso ha generado una situación de desconfianza social. Estamos haciendo lo posible, en la práctica, para superar esa percepción”, dijo Rodríguez. Agregó que si se comprueba corrupción del Ejecutivo en el manejo de las ayudas, habrá sanciones administrativas, y que si el caso es grave, se promoverá una investigación en los tribunales de justicia penal.
Rodríguez dijo que ya comenzaron a recibir denuncias contra algunas autoridades, en cuanto a que están utilizando “de manera discrecional y para fines partidarios” las donaciones. La subsecretaría está comprobando la información vertida en las denuncias.
El gobierno administró 655 tonleadas métricas de ayuda. Comprendían 72, 580 raciones. Cada ración es para cinco personas durante 5 días, los tres tiempos. El departamento que más raciojnes recibió fue Usulután, con 10,455 raciones. 23,000 raciones fueron donadas por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
El gobierno ha gastado $850,000 en la atención a los albergues. Más de la mitad de ese monto se utilizó para comprar comida y el resto para dotar de otro tipo de ayuda a las más de 11 mil familias evacuadas. El Fondo de Protección Civil y Mitigación de Desastres (FOPROMID), creado por al administración Saca, destinó 6 millones a las distintas entidades de gobierno que atendieron la emergencia.
El ministro de Gobernación, Ernesto Zelayandía, aclaró que el Ejecutivo no echó mano de la partida de imprevistos para contrarrestar los estragos de la tormenta.
Y pese al discurso con el que pretenden demostrar que hay transparencia, las autoridades del sistema de Protección Civil dijeron no tener el detalle de cuánto dinero ni cómo se ha gastado la primera parte del fondo precautorio aprobado en enero por el Banco Mundial y que El Salvador puede utilizar en casos de emergencia. La primera parte de gastos correspnode a 25 millones, de los cuales poco o nada se sabe cómo se ha invertido.
