La reciente resolución legislativa que obliga a los bancos a reducir las tasas de interés de las tarjetas de crédito es una medida importante que incide en la salud financiera de una clase media que está pagando los platos rotos de la crisis.
Para comenzar a levantar la economía, la clase media urge desendeudarse y recuperar su capacidad económica. Y regular las tasas de interés de las tarjetas de crédito, que en no pocos casos son usureras, es una medida necesaria y en el sentido correcto.
Desde su privatización, la banca salvadoreña ha forjado una larga tradición de abusos y excesos contra los consumidores, actuando en no pocas ocasiones como un cartel para acordar tasas y tarifas sin mayores controles del Estado.
Ha habido cambios importantes en los últimos años para frenar los excesos de los banqueros, como prohibir el cobro de intereses sobre intereses. Pero son insuficientes. Amparados en la libertad del mercado, los bancos han impuesto tasas excesivas por prestar un dinero que, con las bajísimas tasas para los depositantes, les sale prácticamente gratis.
Dicho esto, cabría desear también que una medida de este tipo fuera tomada con mucha mayor responsabilidad que la que mostraron las fracciones políticas que impulsaron y aprobaron el decreto que limita los intereses de las tarjetas de crédito a ocho veces la tasa de interés por depósitos fijos.
¿De dónde salió esa cifra? ¿Cómo calcularon que ocho era el número mágico? El problema es que no hay ningún sustento técnico que respalde una medida política de esta magnitud, y que podría afectar negativamente la economía nacional. Y si una medida de este tipo, muy popular, se hace sin sustento técnico, es posible que se trate de una medida populista; y estas suelen ser contraproducentes.
Las tarjetas de crédito de más bajo monto suelen ser las de mayor riesgo. Los intereses que se les aplican son altísimos y muchas veces absurdos, excesivos. Pero limitarlos como se ha hecho con esta medida causa el efecto contrario. La banca alega que no le alcanzará ni siquiera para cubrir los costos de tarjetas que tienen mayor porcentaje de riesgo, en las cuales hay muchas pérdidas por falta de pago, y que apenas alcanzan a cubrir los gastos de emisión de la tarjeta y atención al cliente. Y que ello les llevaría a retirar del mercado casi 400 mil tarjetas.
Si se deja a los que tienen menor capacidad financiera sin crédito, las consecuencias para la economía podrían ser muy serias. Pero la banca tampoco ha presentado estudios serios que demuestren que se vería obligada a retirar estas tarjetas porque no obtendrían ganancias si se reduce la tasa de interés. O por qué no es posible aumentar el interés a los depósitos, siendo tan bajos que prácticamente no les genera ningún costo obtener el dinero que están prestando.
En otras palabras: sería deseable contar con información que sustentara las medidas que se toman, y que algo tan importante como la capacidad financiera de la clase media, y de las pequeñas y medianas empresas, no sea objeto de una guerra de declaraciones entre algunos partidos y otros empresarios.
Hay una ley contra la usura en elaboración. Esa debería avanzar rápidamente, para evitar los abusos de la banca y de las microfinancieras, pero que también asegure el acceso a créditos de las clases medias, de manera regulada y sensata. La clase media está asfixiada. Por eso necesita urgentemente medidas serias.
