Dadas las trabas que el sistema de justicia salvadoreño ha puesto para que los militares salvadoreños procesados en España por la masacre de los sacerdotes jesuitas puedan comparecer ante el juez Eloy Velasco, este pidió al gobierno español que pida formalmente a El Salvador la entrega de los acusados, informó la agencia Europa Press.
En una nota en su sitio web, Europa Press cita a 'fuentes jurídicas' que revelan que Velasco pidió al gobierno que solicite la extradición de 13 de los 20 militares salvadoreños procesados por el asesinato de seis sacerdotes en noviembre de 1989, cinco de ellos de origen español. Junto a los religiosos fueron asesinadas una empleada y la hija de esta, que se encontraban en las mismas instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas la madrugada del 16 de noviembre de 1989, cuando un comando del ejército ejecutó la operación para matar al rector Ignacio Ellacuría.
Velasco tenía previsto para este martes tomar las declaraciones por videoconferencia a dos de los acusados, pero al final estos se rehusaron porque tendrían calidad de imputados, y no como testigos.
De los 20 militares que fueron procesados el juez tiene constancia de que el exjefe del Estado Mayor René Ponce ha fallecido, por lo que su responsabilidad penal se ha extinguido, dijo Europa Press. Otros dos encausados se encuentran en paradero desconocido y dos más residen en Estados Unidos, por lo que la petición de entrega se está traduciendo.
Sobre los dos que se encuentran en Estados Unidos, el periódico estadounidense The Miami Herald emplazó en agosto pasado al presidente Barack Obama a ser coherente en su política de promoción de los derechos humanos, demandándole que no permitiera la residencia en ese país de personas acusadas de crímenes de guerra, y que en lugar de eso colaborara con la justicia internacional.
Una semana después, el coronel Inocente Orlando Montano, ex viceministro de Seguridad Pública, fue capturado en Virginia, cuando según el FBI huía hacia México, en su camino hacia El Salvador. Antes de su captura, el militar había sido ubicado viviendo en las afueras de Boston. El Faro había hablado con él telefónicamente, y el exfuncionario había dicho que las acusaciones en su contra por el asesinato de los jesuitas eran falsas y que la mejor prueba era que él se encontraba viviendo tranquilamente en Estados Unidos desde hacía 10 años.
El otro militar procesado en España que reside en Estados Unidos es el teniente Héctor Ulises Cuenca Ocampo, un exoficial de inteligencia que también es requerido por su presunta participación en el múltiple asesinato.
Velasco ordenó en agosto y septiembre pasados la busca y captura de los 20 militares después de que ninguno de ellos acudiera a declarar a la Audiencia Nacional para que les fuera comunicado el procesamiento por ocho asesinatos terroristas y delitos de lesa humanidad o contra el derecho de gentes.
En julio pasado un abogado se personó en el Juzgado Central de Instrucción número 6 asegurando que representaba a la mayor parte de los militares procesados, aunque fue informado de que debían ser los propios encausados los que debían comparecer en el tribunal. A los 20 militares el juez les impuso una fianza individual de 3.2 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles tras el juicio.
El 7 de agosto pasado, nueve de los 20 militares se pusieron voluntariamente a disposición de la Justicia de El Salvador aunque tres días después aseguraron que se negaban a ser extraditados a España tras rechazar 'categóricamente' las imputaciones que les había realizado el juez español. Ante esta situación, Velasco pidió al Ministerio de Justicia que se dirigiera al gobierno del país centroamericano para saber si había iniciado los trámites de entrega de los militares.
Entre los procesados se encuentran el ex ministro de Defensa Nacional Rafael Humberto Larios; el ex viceministro de Defensa Nacional, Juan Orlando Zepeda; el exviceministro Montano; el general Juan Rafael Bustillo, excomandante de la Fuerza Aérea; los coroneles Francisco Elena Fuentes (en 1989 comandante de la Primera Brigada de Infantería), Joaquín Arnoldo Cerna, Óscar Alberto León Linares y Carlos Mauricio Guzmán; el coronel Carlos Camilo Hernández y los tenientes Héctor Ulises Cuenca y René Yusshy Mendoza.
Camilo Hernández dijo a El Faro en junio pasado que él había entregado al escuadrón que perpetró el asesinato el arma con que se debía matar al rector Ellacuría. Además, explicó que la orden que venía desde la más alta jerarquía, era no dejar testigos.
La acción penal también se dirige contra el director de la Escuela Militar 'Capitán General Gerardo Barrios', el coronel Guillermo Alfredo Benavides, que dio la orden de cometer los asesinatos, y siete miembros del batallón 'Atlacatl', que los llevó a cabo: el teniente José Ricardo Espinoza, el subteniente Gonzalo Guevara, los cabos Óscar Mariano Amaya y Ángel Pérez Vásquez, los sargentos Antonio Ramiro Ávalos y Tomás Zárpate y el soldado José Alberto Sierra.
