Con 69 votos de diputados de todos los partidos políticos, la Asamblea Legislativa rechazó esta tarde las observaciones que el presidente Mauricio Funes hizo a la nueva Ley de Ética Gubernamental en las que solicitaba que se incluyera en la normativa el principio de confidencialidad con el fin de que los funcionarios y servidores públicos se reservaran la información que estos consideraran que era de carácter privilegiado.
El mandatario, en el documento que envió a la Asamblea, sostenía que el principio de confidencialidad debía mantenerse en los casos en los que se tratara con información privilegiada. Sin embargo, este es un tipo de información que en la actualidad no se contempla en ningún marco de ley, esto incluyendo la Ley de Acceso a la Información.
Los legisladores de la Comisión de Legislación de la Asamblea justificaron la omisión de este principio en la nueva versión de la normativa asegurando que este generaba duplicidad entre las demás leyes que ya planteaban cómo será el acceso a la información pública y cuáles serían los tipos de información que servirían de referencia.
“Ya en la ley de acceso a la información están los parámetros de cuándo una es norma (la información reservada) y quién declara que es reservada. En la normativa está claro de forma que nos asegura que nadie se va a inventar que determinada información es reservada”, dijo la diputada del FMLN Margarita Velado, en referencia a que habrá un instituto que tendrá la última palabra, en caso de duda, sobre qué información deberá estar oculta del acceso público.
Los diputados también argumentaron que el término de confidencialidad riñe con el principio de transparencia que se planteaba en la misma normativa ética y que obligaba a los funcionarios y servidores públicos a ser accesibles y facilitar la información que transparentara sus funciones.
“Lo quitamos porque ya se contemplaba en la Ley de Acceso a la Información, que es una ley especializada en materia de información y en casos de violación tiene sus propios procedimientos y sus propias multas”, aseguró el diputado de Arena y presidente de la Comisión de Legislación, Guillermo Ávila Qüehl.
A dos semanas de recibir las observaciones del presidente, los diputados decidieron acatar únicamente una de las tres objeciones del mandatario a la normativa. Esta planteaba un nuevo proceso para efectuar el trámite de cobro de multa en caso de que un servidor público infringiera algún principio ético. De acuerdo con Funes, el proceso debía llevarse a cabo a partir de un proceso judicial verificado por Fiscalía, y no a través de los procesos administrativos del Tribunal de Ética Gubernamental. Es decir, el Tribunal no podría ordenar a una oficina el descuento del salario a una persona para cobrar la multa.
El presidente también rechazaba la prohibición que dicta la ley a los exfuncionarios públicos para que estos puedan laborar con las empresas que ganaron licitaciones en la institución en la que laboraron, hasta después de un año de haber cesado en el cargo, los diputados argumentaron que en ningún momento la disposición atenta contra el derecho al trabajo que plantea la Constitución, dado que la única finalidad era evitar que se dieran acuerdos ilegítimos a favor de funcionarios públicos. “Sí hay una restricción, pero es en relación con el bien común y consideramos que tiene que ver con una forma de prevenir la corrupción”, dijo Velado.
