Los documentos dicen que cuando Claudia Margarita Quijada Menjívar recibió un incremento salarial de casi 300 dólares era martes 21 de junio de 2011. Ese día, la empleada de la Corte de Cuentas recibió también un ascenso, pasando de asistente III a colaboradora V. El salto profesional de esta empleada, y el que obtuvieron otros 17 compañeros suyos, quizás pasarían inadvertidos si no fuera porque el presidente de la institución era el dirigente pecenista Hernán Contreras, aunque quien firmaba los beneficios como presidente era Gregorio Sánchez Trejo, quien asumiría el cargo hasta el 28 de junio. Gracias a su mejor posición en el escalafón, Quijada Menjívar recibió pagos de un mil dólares adicionales por un trabajo que no realizó como colaboradora en la institución que debe velar por el buen uso de los fondos públicos.
La Ley de la Corte de Cuentas autoriza a la presidencia a contratar empleados, aumentar salarios y suspender contratos. Durante su primera semana como presidente de la institución, Sánchez Trejo autorizó mejoras salariales desde una fecha en la que él todavía no era presidente. Además, la Dirección de Administración de la Corte concretó los trámites hasta el 20 de septiembre. Eso significa que Quijada Menjívar trabajó hasta septiembre como asistente III, aunque terminó recibiendo un salario como colaboradora V.
Los 18 casos similares al de Quijada Menjívar significaron una erogación mensual de 3,797 dólares. En la mayoría de esos acuerdos, el presidente de la Corte de Cuentas aparece, administrativamente, como un viajero en el tiempo que tiene la capacidad de modificar el pasado: 14 cambios de plaza entran en vigor entre el 20 y el 24 de junio, cuando él aún no tenía potestad sobre la institución.
De junio a septiembre, los acuerdos retroactivos significaron a la Corte pagar 11,391 dólares a colaboradores administrativos, asistentes, técnicos, auxiliares y auditores que, oficialmente, tuvieron tal categoría hasta tres meses después de los nombramientos, cuando la Dirección de Administración envió la documentación a la Dirección de Recursos Humanos. Aunque los acuerdos que firmó Sánchez Trejo tienen fecha de julio de 2011, hay indicios de que la decisión la tomó en fechas posteriores a las que aparecen en los documentos, pues modificó acuerdos anteriores mediante el recurso de agregarles cambios de fondo manteniendo las fechas originales.
El Faro ha pedido entrevista con Sánchez Trejo desde el 28 de junio pasado, y ha reiterado la solicitud durante las semanas subsiguientes. En esta ocasión, volvió a pedirle audiencia, pero el funcionario respondió que prefería que antes se le hiciera llegar un temario 'para prepararse'. Al cierre de esta nota, no había respondido.
Uno de los acuerdos de mejora a los empleados de la Corte ilustra la situación: “Resolución 222-Bis. San Salvador, cuatro de julio de 2011. El presidente de la institución en uso de las facultades legales resuelve dejar sin efecto a partir del uno de julio del presente año, el contrato que se detalla a continuación: Antonio Cruz Pichinte (…) El contrato de la persona mencionada queda sin efecto por pasar a otra plaza por el mismo sistema de contrato”, consigna uno de los documentos.
Una fuente que laboró largos años a nivel ejecutivo en la Corte de Cuentas y que conoce las disposiciones administrativas del Estado explicó que el “bis” se utiliza para indicar que la decisión se tomó posteriormente a la fecha indicada. Curiosamente, la figura de la adenda que usó Sánchez Trejo para aplicar los aumentos retroactivos es cuestionada por la misma jurisprudencia de la Corte de Cuentas. Por ejemplo, un exgerente de ANDA, Edwin Rosa, fue condenado por la Corte de Cuentas por utilizar una adenda para incluir en una fecha posterior una oferta dentro de un proceso de licitación pública.
La herencia de Contreras
Hernán Contreras dejó una institución marcada por la falta de credibilidad que le dieron 29 años de control pecenista e ineficacia en la lucha contra la corrupción. Contreras presidió 17 años la institución en dos períodos distintos, de 1991 a 1998, y de 2002 a 2011. Hasta el final de sus días no se relajó ni en su último día de trabajo. Ocho horas antes de entregar oficialmente la presidencia, a las 8:42 de la mañana del 28 de junio, firmó 12 documentos que respaldaban incrementos salariales para igual número de subalternos de su confianza. Esa fue una de sus últimas decisiones. A las 5 de la tarde, dio una conferencia de prensa, entregó a Sánchez Trejo un informe sobre la situación de la Corte de Cuentas, degustó un coctel y se despidió de esa institución con una compensación de 66,037.86 dólares por sus “servicios a la patria”.
Los aumentos salariales tuvieron varios episodios previos. Todos sucedieron durante el último mes de la gestión de Contreras: el 8, el 13, el 21 y el 23 de junio. Posiblemente en esos días ya tenía claro que no sería reelegido en el cargo, pues ese era el discurso dominante de los partidos FMLN, Arena y Gana, y hasta alguno que otro diputado pecenista pensaba que había que hacer lugar al relevo. En total fueron 83 incrementos salariales que para la Corte de Cuentas implicaban un gasto mensual de 16,303 dólares. El presidente de la Asociación de Empleados de la Corte de Cuentas, Donaldo Martínez, critica que ese dinero se repartió “por cuestiones políticas y partidarias”. Por eso, dice, pidieron a la nueva administración una revisión de los incrementos.
Y el nuevo administrador, cuando tomó el cargo, llegó con un discurso de buena voluntad en relación con las actuaciones de su predecesor, a tal punto que dijo que confiaba en la honestidad de Contreras y dijo que iba a respetar lo que hubiera hecho su antecesor.
En julio, Sánchez Trejo decidió congelar los aumentos firmados por Contreras y formó una comisión –integrada por un juez de primera instancia, un auditor interno, una auditora, el coordinador general jurisdiccional y el director de la comisión de modernización, quien también funge como presidente de la asociación de empleados- para investigar la legalidad de los aumentos. El trabajo de revisión de los incrementos no fue fácil, asegura un exejecutivo de la Corte de Cuentas: “La comisión no avanza, ni se pone de acuerdo. Un 30% de la lista inicial era del sindicato, entonces comenzaron a presionar para mantenerlos y negocian con Sánchez Trejo incluir a otros”.
De la negociación entre la Asociación y el presidente de la Corte de Cuentas no hay documentos. Sin embargo, tres fuentes de diversas áreas de esa institución coinciden en señalar que además de denunciar supuestos hechos de corrupción durante la administración de Contreras, el grupo encabezado por Martínez hasta amenazó con un paro de labores si no se incluía en la nueva lista de aumentos a personas cercanas a la organización. Eso era lo que pasaba bajo la mesa. En apariencia, la comisión estudió durante unas tres semanas cuáles de los 83 aumentos salariales cumplían con los requisitos legales.
Después de casi tres semanas de debate, a finales de julio, la comisión determinó que 18 de los 83 empleados no cumplían con los parámetros para obtener mejoras salariales. Una de las fallas más comunes es que la administración de Contreras no cumplió con las disposiciones que establece el reglamento interno de personal, el cual establece como requisito que los empleados deben tener dos años de servicio mínimo para tener derecho a la primera promoción. “Año con año les estaban aumentando”, se queja, otra vez, Martínez. Bajo esos argumentos, la administración de Sánchez Trejo decidió anular 18 de los 83 incrementos salariales que aprobó su antecesor.
La comisión fantasma
La valoración del nivel académico, el tiempo de servicio y la fecha del último aumento serían los criterios claves que se tomarían en cuenta para otorgar los 18 incrementos salariales que estaban vacantes. De esa manera, dice un miembro de la comisión, se evitaría beneficiar a una argolla. “La comisión solicitó los expedientes para ver quiénes clasificaban dentro de los parámetros y se le propuso a la presidencia”, cuenta Donaldo Martínez.
Pero la medicina administrativa resultó tan mala como la enfermedad. A juzgar por las fechas en que Sánchez Trejo tomó algunos acuerdos, es evidente que el funcionario no esperó las recomendaciones de la comisión y nadie sabe explicar cuáles fueron los criterios técnicos para seleccionar a los nuevos 18 beneficiarios. Algunos de ellos son directivos de la Asociación o personas que tienen hasta una relación familiar con Martínez, quien rechaza de tajo que ese haya sido el criterio: “En ningún momento los criterios han sido esos. No recuerdo el número, pero casi la mitad no son asociados. Dentro de los otros que se dejaron no sé cuántos asociados y cuántos no asociados hay porque no fue el criterio ni yo tampoco me los puedo de memoria”.
El primer aumento para una integrante de la asociación de empleados ocurrió el 30 de junio, apenas 48 horas después de que Sánchez Trejo había asumido la presidencia. Las otras resoluciones en que ya se había seleccionado a los nuevos beneficiarios datan del 14 de julio; es decir, tomando en cuenta que la comisión tardó casi tres semanas para presentar su informe, queda claro que Sánchez Trejo no aplicó los criterios que sus subalternos recomendaron: nivel académico, el tiempo de servicio y la fecha del último aumento.
Además, a los nuevos 18 beneficiarios los seleccionaron en julio, pero la presidencia decidió pagarles el incremento desde junio. Cuando El Faro le preguntó a Donaldo Martínez si eso equivale a primero pagarles con el sueldo aumentado y después seleccionarlos para que gocen de ese beneficio, este responde que eso prueba que la intención de Sánchez Trejo no era revertir las actuaciones cuestionadas de su antecesor, sino solo beneficiar a otras personas. 'Ah, es que los aumentos estaban desde esa fecha. Lo que pasa es que a los otros que les pagaron, les pagaron retroactivos. Me parece a mí que cambiarle de 18 para 83 u 84 no fue mucho', dice.
El Faro no obtuvo respuesta de Sánchez Trejo cuando le preguntó por qué su administración aplicó aumentos retroactivos a partir de una fecha en la que no era presidente, y en algunos casos incluso concedió ascensos durante el período en que quien presidía la institución era Hernán Contreras.
Tampoco respondió por qué en los nuevos beneficiarios aparecen personas vinculadas a la Asociación de Empleados de la Corte de Cuentas.
Sánchez Trejo tiene pendiente una entrevista con El Faro desde el 29 de junio. El 15 de septiembre se le recordó personalmente su promesa de conceder una entrevista, y en esa ocasión aseguró que la Corte de Cuentas ya había investigado la entrega irregular de tierras del ISTA a diputados, pese a que documentos internos de la institución muestran lo contrario. En esa oportunidad, el funcionario prometió la entrevista para finales de septiembre, pero todavía no la ha concedido.
