El recién aprobado presupuesto general de la nación para 2012 asignó 100 dólares a la inversión en infraestructura para la Dirección General de Centros Penales (DGCP). El propósito de esta suma es servir de cuña para mantener ese rubro abierto, con la esperanza de que de algún modo se consiga dinero para financiar una cartera con un histórico problema de recursos.
Actualmente el sistema penitenciario salvadoreño está diseñado para albergar a alrededor de 8 mil internos, pero dentro de sus muros se apretujan más de 25 mil personas. Como muestra, el penal La Esperanza, conocido como Mariona, está diseñada para 800 internos, pero en él viven cerca de 5 mil reclusos. La tasa de hacinamiento en las cárceles salvadoreñas es del 307%. La medición de hacinamiento no contempla a los 2 mil privados de libertad que saturan las bartolinas de la Policía, que desde hace seis meses se han convertido en extensión de las cárceles.
La idea, explica el director de Centros Penales, Douglas Moreno, es conseguir 247 millones de dólares para realizar la ampliación del penal de Izalco, que ofrecería 2 mil 200 plazas más, y un megapenal en el municipio El Divisadero, de Morazán, que fuera capaz de albergar a 6 mil internos, convirtiéndose en la cárcel más grande del país. Lo único que lo impide es que por lo pronto no se tiene ninguna claridad sobre cómo financiar estas construcciones que significarían duplicar la capacidad del sistema penitenciario salvadoreño.
La esperanza de la DGCP era que los recursos salieran del impuesto específico para la seguridad que el presidente de la República, Mauricio Funes, propuso este año. La idea era crear un impuesto temporal que debería ser pagado por los grandes empresarios para financiar algunas de las necesidades del área de seguridad pública. Sin embargo, la sola idea puso a los empresarios en pie de guerra contra el Ejecutivo y los representantes de los principales gremios del sector privado aparecieron públicamente abucheando la idea. En el caso de que el presidente se decida a implementar esta medida, aún deberá conseguir que el parlamento la respalde.
Pero para Moreno, el tiempo es también otro enemigo. Según sus cálculos, si el presidente se decidiera a lanzar la medida, pese a la negativa de los empresarios, y consiguiera el respaldo de los diputados y el impuesto generara los 247 millones de dólares y estos fueran asignados a Centros Penales y estuvieran disponibles este mismo día... ya es tarde. El tiempo ya no le permitiría entregar al final de su gestión las dos nuevas prisiones. 'Pero podría entregar un trabajo muy avanzado', dice. El caso es que por lo pronto no hay 247 millones sobre su despacho, ni acuerdo nacional sobre si implementarlo o no, ni una iniciativa oficial del presidente al respecto.
Cuestión de 'creatividad'
El miércoles de la semana pasada, los principales voceros de la empresa privada aparecieron en la entrevista estelar del canal 33: Jorge Daboub, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP); Luis Cardenal, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, y Agustín Martínez, presidente de la Cámara Agropecuaria (Camagro). En resumen dijeron que siguen sin disposición de pagar más impuestos.
Cardenal aseguró que el problema de la seguridad pública de El Salvador –uno de los países más violentos del mundo- no era de falta de recursos sino de 'falta de creatividad' y luego explicó lo que a él le parece una simplificación: 'La gente lo que cree es que la única manera en la que la empresa privada puede o debe ayudar es pagando más impuestos de los que ya paga, y nosotros creemos que hay que ser creativos'.
Luego Daboub se encargó de aclarar que el cambio de ministro de Justicia y Seguridad Pública no había cambiado un milímetro la opinión de sus agremiados sobre el tema de pagar más impuestos: 'Nosotros nunca dijimos que no pagábamos el impuesto a la seguridad porque no confiábamos en el ministro, dijimos que no estábamos en la disposición porque no había un plan claro de qué era lo que se iba a hacer', explicó.
Los empresarios dijeron que estaban dispuestos a ayudar al Estado de otras formas. Para ejemplificarlo sugirieron que se les otorguen concesiones en la administración de cárceles, particularmente el sector de reos de baja peligrosidad.
El director de Centros Penales ha insistido en varias ocasiones en que según su criterio la privatización de las cárceles no es una solución eficiente al problema de extrema saturación que padece el sistema salvadoreño y esa opinión la comparte José Julio Díaz, un arquitecto español experto en infraestructura carcelaria.
Díaz se encuentra en El Salvador ofreciendo una consultoría sobre cómo deberían ser las nuevas cárceles salvadoreñas en el caso de que haya dinero para hacer alguna. Este experto ha asesorado a los gobiernos de Río de Janeiro y Sao Paulo, en Brasil, y a los de Argentina, Paraguay y Chile, en rediseños de sus sistemas carcelarios. Su experiencia le dice que antes de concesionar servicios carcelarios el Estado debe imponer los parámetros, creando y controlando experiencias modélicas. Esto permite a los países establecer la conveniencia o no de privatizar algunas cárceles o algunos servicios dentro de ellas.
El experto español visitó la semana pasada algunas prisiones salvadoreñas, entre ellas La Esperanza y Quezaltepeque, que alberga a pandilleros del Barrio 18 y en sus opiniones hace lo que puede para ser mesurado en los adjetivos.
―Bueno, digamos que las cárceles no cumplen... vamos, los mínimos... bueno, ni los mínimos...
―¿Es posible hacer algo con prisiones en las que en una celda para 10 personas hay...
―¡Es que no deberían haber ni 10! En una celda donde haya más de cuatro personas sabes que vas a tener problemas.
―¿Y si hay 47?
―Bueno...
―A ver, pongámoslo fácil: según lo que ha visto, ¿es posible adaptar las instalaciones que tenemos para que sean eficientes, o lo ideal sería tirarlas a la basura y construir una nueva red de prisiones?
―Me inclinaría más por la segunda opción.
Por lo pronto, para comenzar la renovación del sistema penitenciaro salvadoreño, sugerida por el experto, se cuenta con 100 dólares y con una partida presupuestaria abierta, a la espera de que algo ocurra.
