Este martes, la Asamblea Legislativa recibió del presidente de la República, Mauricio Funes, una propuesta de nueve reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta y dos al Código Tributario que implican que cerca de 260 mil asalariados con sueldos relativamente bajos o bajos dejen de pagar el impuesto sobre la renta y, en cambio, que los asalariados, las personas naturales y las empresas que tienen mayores ingresos paguen más que lo que ya pagan.
La lógica del gobierno es que la obligación del pago y declaración de la renta recaiga en un grueso de cerca de 80 mil contribuyentes, entre los que hay cerca de 1,200 con ingresos superiores a los 500 mil dólares anuales. Ahí, especialmente, es donde el Ejecutivo ha puesto el ojo. Este cambio debería hacerse al artículo 37 de la ley vigente.
La reforma se puede resumir en dos áreas, una que tiene que ver con las personas naturales, y otra que tiene que ver con las personas jurídicas, que básicamente son empresas. En la primera categoría, la de las personas naturales, aquellas que al año obtengan una renta imponible (los ingresos menos una serie de deducciones reguladas en la ley) menor a 4 mil 64 dólares al año no pagarán ni declararán renta. Aquellas personas que tengan una renta imponible de hasta 9 mil 100 al año tendrán que pagar un 10% en concepto de impuesto de renta pero deberán hacer un pago mínimo de 200 dólares al año, mientras que las personas cuya renta imponible anual sera de entre 9 mil 100 dólares y 21 mil 500 dólares pagarán un 20% de impuesto, con la condición de que no podrán aportar menos de 706.60 dólares.
El cambio principal para fines de aumentar la recaudación recae en la categoría de personas que registran una renta imponible superior a los 21 mil 500 dólares, pues estas deberán pagar un 30% de impuesto de renta.
Las reformas, que necesitan el apoyo de por lo menos 43 diputados, romperían drásticamente con la forma de recaudación del impuesto sobre la renta, lo que supone derogar la estructura tributaria establecida en 1991, durante la gestión del primer gobierno del partido Arena. El Faro conoció que el plan ya tiene el apoyo anticipado de los diputados de los partidos FMLN, Gana y CD, que suman 52 votos.
En mayo pasado, el dirigente de Gana Guillermo Gallegos dijo que su partido había decidido apoyar el plan del gobierno de crear un impuesto al gran capital para financiar la seguridad pública. En aquella ocasión, Gallegos dijo que consideraban 'necesario y urgente' ese nuevo impuesto y que si el presidente Funes enviaba una propuesta, ellos la apoyarían en la Asamblea Legislativa.
Algunas fuentes legislativas decían que era probable que FMLN y Gana intentaran que las reformas se aprueben en la sesión plenaria de este miércoles, pero otras pensaban que no había tal urgencia. “Se aprobarán este año, pero pueden modificarse cosas en el camino, cada partido meterá cosas y quitará cosas”, dijo un diputado que ha participado en las negociaciones del paquete fiscal y que pidió que no se revelara su nombre para evitar reclamos en su bancada. Esta fuente explicó que la medida pretende sustituir el intento de imponer el impuesto a la seguridad que anunció el presidente Funes hace un año, en noviembre de 2010.
La reforma cambia la estructura de cálculo del impuesto sobre las personas naturales, pero también sobre los otros contribuyentes, y esa es la segunda rama importante de la propuesta. Según el documento que describe los cambios en las leyes, se fija la obligación de pago de renta del 30% y entran en esta categoría todas aquellas sociedades registradas en el fisco. El cambio con respecto a la normativa actual supone un aumento del 5%.
Actualmente el monto máximo pagado por las empresas –que en el diccionario fiscal son personas jurídicas- es del 25% sobre la renta imponible que declaran todas las personas jurídicas. Esto afecta particularmente a los casi 1 mil 200 grandes contribuyentes, es decir, aquellos que reportan ganancias de más de 2 millones de dólares.
Otro punto importante que pretende aumentar la recaudación a partir del otro año es la obligación de declarar una renta mínima de 1% a todas las empresas o personas jurídicas registradas en el fisco. Esto se debe a que, según el gobierno, hay compañías que tienen años radicadas en El Salvador y que registran operaciones de millones de dólares, y que nunca reportan utilidades. En el gobierno creen que con vacíos o deficiencias legales, estas empresas terminan mostrando estados financieros que las hacen parecer como si trabajaran permanentemente con pérdidas.
También está agregada la obligación de pagar una tasa del 10% del monto de las utilidades que reciban en pago los socios, accionistas, asociados, fideicomisarios, partícipes, inversionistas o beneficiarios de cualquier empresa. Actualmente esto no está regulado ni especificado.
Estas reformas implicarían compensar lo que dejaría de ingresar en concepto de renta de los asalariados de bajos ingresos y más de 140 millones extras para el próximo año. Según palabras del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, quien presentó formalmente la propuesta a la junta directiva de la Asamblea, son reformas consensuadas que pretenden “beneficiar a quien tienen los ingresos más bajos e ingresos medios y hacer pagar a los que ganan más.”
Las modificaciones entrarían en vigencia en 2012, según el proyecto de decreto enviado por el Ejetutivo y presentado a la dirigentes de todas las bancadas en la octava planta de la Asamblea este martes.
“En la práctica casi siempre se pagaba un neto del 10% de la renta, ya que había formas de deducción”, dijo un experto en finanzas que pidió reserva de su nombre para no generar controversia en el sector. Esta persona, sin embargo, estimó que esto implicaría un ingreso en realidad muy superior a los 140 millones adicionales de los que habla el ministro Cáceres, y cree que al menos será un flujo adicional de 300 millones de dólares al año.
El documento llegó a la Asamblea a las 2:25 de la tarde y en él, el gobierno expone que las medidas pretenden simplificar el pago del impuesto sobre los ingresos para hacer que paguen más los grandes contribuyentes y disminuir el costo administrativo que significa dar trámite a más de 400 mil declaraciones y devoluciones cada año.
