Al rompecabezas que es México hoy en día se le han vuelto a caer las piezas centrales. Frente a un nuevo desastre --un helicóptero destrozado sobre una colina, los cuerpos de ocho funcionarios y militares entre los fierros retorcidos-- la figura del presidente Felipe Calderón se debilita aun más. En el lapso de tres años, el luto ha cubierto a su gabinete en dos ocasiones. Primero un secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, muere en un accidente de avión (21 de septiembre, 2008) y ahora José Francisco Blake, su sucesor en el cargo, muere en otro percance aeronáutico, el pasado 11 de noviembre.
Pero ¿puede caer un rayo dos veces en el mismo sitio? La ciencia y el sentido común dirían que las probabilidades serían mínimas. Y sin embargo...
En realidad, podríamos hablar de tres rayos; tres “accidentes” aéreos que matan a tres secretarios de Estado en un periodo de apenas seis años y dejan acéfalas dependencias estratégicas de seguridad nacional en los dos últimos gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN), si contamos a la caída del helicóptero en el que falleció el secretario de Seguridad Pública del gobierno anterior de Vicente Fox, José Ramón Huerta (21 de septiembre de 2005).
Los tres episodios golpean duramente a la figura presidencial en turno. En todos existió un contexto de extrema vulnerabilidad frente a las amenazas del crimen organizado. Al menos en los dos primeros casos, la falta de información confiable y las versiones contradictorias desencadenaron fuertes oleadas especulativas. El tercer caso es tan reciente (11 de noviembre) que la investigación aun no comienza. Pero no sería de extrañar que, cuando se anuncien las conclusiones sobre las causas por las que se cayó el helicóptero en el que viajaba Blake, simplemente, se ratifique la hipótesis del “accidente provocado por la nubosidad” que ya adelantó Calderón el viernes mismo.
En los dos primeros desplomes de las aeronaves, los responsables de la investigación descartaron desde el primer momento cualquier línea de investigación relacionada con la hipótesis de un atentado. A la postre, los expedientes definitivos de ambas averiguaciones fueron clasificados bajo reserva y siguen vedados a la opinión pública.
Algo de contexto
El primer percance mató al jefe de la seguridad interna, de quien depende la policía federal, Ramón Martín Huerta. Era septiembre de 2005. Hacía ya cuatro años que el poderoso jefe del Cártel del Pacífico, Joaquín El Chapo Guzmán, se había fugado de una prisión de máxima seguridad, en un episodio que manchó de sospechas de complicidad al régimen foxista. En plena expansión, el sinaloense empezaba a chocar con el Cártel del Golfo, de donde más tarde se desprenderían los sanguinarios Zetas. El jefe del Golfo y principal antagonista del Chapo, Osiel Cárdenas, estaba preso en el penal de máxima seguridad de La Palma, en Almoloya (Cárdenas fue extraditado y actualmente purga sentencia en una prisión de Texas). Hacia allá, precisamente, se dirigía en helicóptero el titular de la SPP.
Junto con él abordó el helicóptero Bell 412 de la Fuerza Aérea el tercer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Antonio Bernal. Este hombre estaba en el ojo de una turbia tormenta. Semanas antes había redactado un duro reporte en el que denunciaba con detalles inquietantes cómo los carteles del narcotráfico operaban sus negocios desde el interior de los penales, con la complicidad de autoridades carcelarias locales y federales. Por supuesto, de inmediato fue objeto de contundentes amenazas de muerte.
Poco más de tres años después, otro percance aeronáutico volvió a enlutar al gabinete. Juan Camilo Mouriño, joven empresario y político en ascenso a la sombra de su cercano amigo Felipe Calderón, era un buen prospecto de Los Pinos para la sucesión presidencial. Pero su horizonte no era terso. Había sido acusado por la oposición de tráfico de influencias. Él y su familia eran propietarias de una empresa de transporte de hidrocarburos y él, primero como diputado y después como alto funcionario en la Secretaría de Energía, sin haberse desligado de sus negocios personales había favorecido contratos para su compañía. Se había abierto una investigación y el resultado –un desvío de 20 millones de pesos- lastraba su carrera política.
El 4 de noviembre de 2008 acudió a una reunión de seguridad nacional al estado de San Luis Potosí. De regreso al Distrito Federal se le unió en el Learjet el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos. La trayectoria de este superpolicía había sido una de las más destacadas dentro de la institución. Hasta hacía poco tiempo había sido cabeza de la Subsecretaría de Investigación Especializada en Delincuencia (SIEDO), qué él mismo creó. Para la DEA era un colaborador respetado pero “no por encima de toda sospecha”. A principios de ese año había sido objeto de un atentado fallido perpetrado por el cartel del Chapo, según la versión oficial.
Minutos antes de aterrizar, la nave se precipitó en el Distrito Federal, en una calle de tráfico denso, matando además a cinco transeúntes. Según la versión oficial, la causa fue la impericia de los pilotos, quienes no supieron tomar la distancia necesaria de un jet que volaba delante de ellos. La aeronave, de menor tamaño, quedó “atrapada en el vórtice” o turbulencia del Boeing, dijeron. Bajo reserva, el expediente completo no podrá ser público antes de 2017. En los dos antecedentes del desplome del helicóptero en que el viernes murió Blake, no hubo esclarecimiento.
A la muerte de Mouriño, Felipe Calderón sorprendió a la clase política con la elección de su sucesor. El cargo más importante del gobierno federal después de la presidencia es el secretario de Gobernación. De ahí han salido la mayoría de los presidentes del siglo XX. Pero el titular que asumió el mando en noviembre de 2008, José Francisco Blake, era un político desconocido a nivel nacional. Funcionario de segundo nivel en su nativa Baja California, su mayor atributo era su amistad con Calderón. Eso bastó.
¿Y el tercer desplome?
Ocurre en un momento más volátil, en un contexto de violencia que para los ciudadanos representa “una emergencia nacional”, por ponerlo en palabras de Javier Sicilia, quien encabeza el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
En el contexto del combate contra las organizaciones del crimen organizado hay novedades. Desde hace años fluyen soterradas quejas de que, en su guerra contra el crimen, Calderón solo apunta hacia los carteles rivales al Chapo, mientras que él permanece intocado. Esta opinión, al fin, pareció haber calado y preocupado recientemente. Dos semanas atrás, The Washington Post informó que el gobierno de Calderón “ahora sí” estaba decidido a acabar con el Chapo Guzmán Loera antes de finalizar su gobierno (en diciembre de 2012) y que para lograrlo fueron creadas tres unidades especializadas –una del Ejército, otra de la Marina y una tercera de la Policía Federal–, previamente certificadas por la DEA. Días después se anunció la captura de un operador de primer nivel de la organización en Sinaloa.
¿Será que los “intocables” están ya en la mira del gobierno?
