Después de la progresiva reducción que experimentaron las fuerzas armadas tras la firma de los Acuerdos de Paz hasta estabilizarse en alrededor de 11 mil hombres, el gobierno del presidente Mauricio Funes ha engrosado en casi un 57% la cantidad de hombres en armas, según datos del Ministerio de la Defensa Nacional.
Este fortalecimiento en cantidad de hombres se agrega a que nunca desde la firma de los Acuerdos de Paz, los militares fueron tan protagonistas en la vida del país como en este primer gobierno de Funes y del partido FMLN que lo llevó al poder. Durante la presente administración, los militares recibieron el encargo de ejecutar tareas de seguridad pública que habían perdido en 1992 o que nunca habían tenido, como la custodia perimetral de los centros penales.
Desde mediados de 2009, cuando Funes asumió la presidencia, hasta la fecha, más de 6 mil 300 nuevas plazas se han agregado en las fuerzas armadas para superar los 17 mil miembros actualmente. El presidente había recibido del gobierno de Antonio Saca una Fuerza Armada con un poco más 11 mil integrantes, según cifras oficiales proporcionadas por el Ministerio de Defensa a El Faro.
En remuneraciones, esto acarrea un costo aproximado de 25 millones de dólares extra, según el ex ministro de Defensa David Munguía Payés, cifras confirmadas por la nueva administración del general Atilio Benítez.
Durante la administración Funes, la Asamblea Legislativa ha aprobado tres presupuestos nacionales, cada uno ha incluido un incremento a la partida del Ministerio de la Defensa.
En la gestión de Saca, última de cuatro gobiernos del partido Arena, el presupuesto de remuneraciones de Defensa se movió entre los 78.5 y los 83.7 millones de dólares. En este rubro, el presupuesto aprobado para 2012 es 29.4 millones de dólares mayor.
A pesar del incremento de hombres en armas, el presupuesto de Defensa no es de los que encabezan las listas de escalada entre las instituciones del Estado. En 10 años ha subido 32%, al pasar de 109 millones en 2002 a 144 millones aprobados para 2012. Muy por debajo, por ejemplo, de la Asamblea Legislativa o de la Presidencia de la República, que en el mismo período han triplicado sus partidas de gastos.
Asimismo, El Salvador tampoco está entre los países que más dinero de su economía destinan al gasto militar ni en la región ni en el mundo.
La noticia del incremento de militares aparentemente sorprendió a la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, la diputada efemelenista Lorena Peña, quien dijo no creer lo que afirma Defensa. “Es improbable eso que me dice. Yo no tengo esa información, al menos no está claro en el presupuesto”, dijo. Debido a su cargo en el parlamento, ella se encargó de coordinar y conseguir el apoyo de otros legisladores para que el presupuesto fuera aprobado hace dos semanas.
En contraste con Peña, un experto en presupuestos del Estado con más de una década de experiencia dio a entender a El Faro que definitivamente es factible lo que plantea Defensa. Habló bajo condición de anonimato pues teme perder su empleo, ya que según él para el pago de las plazas adicionales sí existe dinero. “Ahí entra el impuesto para la seguridad o las reformas fiscales o préstamos”, dijo.
Lo paradójico del protagonismo creciente de los militares en esta administración es que el FMLN, cuando era guerrilla, proponía incluso la desaparición de la Fuerza Armada. Durante la negociación de los Acuerdos de Paz fue un punto de debate y la delegación gubernamental incluso llegó a considerar esa posibilidad en algún momento, como último recurso para desentrampar las conversaciones. Después de la firma de la paz, el FMLN, convertido en fuerza política, mantuvo durante años una reserva sobre el carácter permanente de la Fuerza Armada sustentado en la Constitución de la República.
Aunque hace ocho años -en 2003- el FMLN levantó toda reserva sobre la existencia de la Fuerza Armada, el partido Arena utilizó como parte de su campaña electoral en 2004 y en 2009 el señalamiento a los candidatos presidenciales efemelenistas de que supuestamente iban a eliminar a la institución armada si ganaban la presidencia.
El aumento de plazas en las fuerzas armadas obedeció a la necesidad de reforzar a la Policía Nacional Civil en el combate a la delincuencia, aseguró el ex ministro Munguía Payés, quien hoy dirige Seguridad Pública. “Efectivamente, son 6,300 nuevos elementos incorporados para cumplir la misión del presidente de la república de cumplir acciones en el área de seguridad pública”, confirmó el general Munguía Payés.
El coronel Ángel González Sermeño, jefe del Centro de Comunicaciones y Protocolo de Defensa, confirmó que la gestión de Munguía Payés empezó con unos 11 mil efectivos y que el actual ministro de la Defensa recibió la cartera con 6 mil 300 hombres más. Los primeros nuevos reclutados comenzaron a trabajar a mediados de 2010 cuidando los perímetros de centros penales en grupos mixtos de policías y soldados. Un batallón ahora se encarga de la vigilancia perimetral y de las requisas de entrada-salida de las penitenciarías. Otro batallón se mantiene en patrullajes de zonas fronterizas, y un tercero está en grupos de policías y militares que patrullan los lugares del país con mayor persistencia de homicidios y otros delitos.
La idea no queda allí. A mediados de este año, el mismo presidente Funes anunció un plan de reclutamiento masivo que pretende sacar de las calles a más de 5 mil jóvenes en riesgo que pasarían a recibir adiestramiento militar y a formar parte de la milicia durante un período no determinado de tiempo.
Según Funes y sus ministros de Seguridad y Defensa, el propósito del reclutamiento militar sería proteger y capacitar a los jóvenes en riesgo en tareas de protección civil, de manera que sirvan de apoyo al país en labores de prevención y mitigación de riesgos. Los jóvenes serían enviados a los “Centros de Formación Ciudadana” creados con este objetivo y administrados por la Fuerza Armada. Aunque su incorporación a estas tareas sería obligatoria, se les compensaría con una asignación económica mensual, dijo Funes.
De ejecutar el plan, la gestión presidencial de Funes terminaría con unos 22 mil salvadoreños enlistados en las fuerzas armadas, cifra un tanto superior a los 21 mil policías que tiene la PNC.
