En 2008, el 10% de los hogares salvadoreños más pobres pagó al Estado en concepto de impuestos 30 dólares por cada 100 dólares que percibió. En el otro extremo, el 10% de los hogares con más ingresos pagó al Estado un promedio de 11 dólares por cada 100 recibidos, según la información entregada en septiembre del año pasado por el Ministerio de Hacienda al Consejo Económico y Social (CES) como insumo para la discusión de una posible reforma fiscal o un pacto fiscal.
Los datos surgieron a partir de los registros de Hacienda y fueron procesados por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un informe sobre equidad fiscal publicado en 2009.
El CES es un organismo creado por el gobierno de Mauricio Funes para que se constituyera en una mesa en la que diversos sectores de la actividad económica del país -como sindicatos, empresarios y gobierno- debatieran temas como la revisión de los impuestos.
El hecho de que quien más ingresos tiene pague una proporción menor en concepto de tributos, significa que el sistema impositivo salvadoreño es regresivo. En otras palabras, cuando más dinero se recibe, menor es el porcentaje de esos fondos que se paga en concepto de impuestos.
En un gráfico, los registros de Hacienda lucen así:
El gráfico resulta en una curva muy similar a una contenida en un informe previo, de 2003, también bajo responsabilidad del BID, en el que se analizaba las debilidades del sistema impositivo de El Salvador.
Los datos, sumados a los que muestran que en 2008 un conjunto de 42 empresas que reportaban ingresos de más de 6 mil millones de dólares anuales pagaban solo una fracción mínima de impuesto de renta, parecen botar parte de los argumentos de algunos de los sectores que en las últimas semanas reaccionaron adversamente al plan del Ejecutivo de reformar la Ley del impuesto sobre la renta, aprobado este miércoles por la Asamblea Legislativa. La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) ha sostenido reiteradas veces que las personas naturales y jurídicas con mayores niveles de ingresos ya son quienes más impuestos pagan.
Para la diputada Lorena Peña, presidenta de la Comisión de Hacienda de la Asamblea que estudió el paquete de reformas enviado por la Presidencia de la República, el gráfico de carga tributaria según sector poblacional ordenado por nivel de ingresos, la curva del gráfico del informe BID-Icefi debería comenzar a elevarse en el extremo derecho, donde está el 10% de hogares que más ingresos tienen. Y, a la inversa, también debería comenzar a bajar en el extremo izquierdo, el de los hogares con menores ingresos.
El Icefi, que trabaja con el BID, publicó un documento en el que el gobierno salvadoreño se compromete a cumplir ciertos compromisos que implican modificar esa curva que simplifica el sistema tributario salvadoreño. En este documento, el gobierno se compromete a una reforma que se traduzca en un aumento en la recaudación, a reducir los niveles de evasión y elusión y a gravar con impuestos las ganancias. En términos eufemísticos, el compromiso del gobierno ante los organismos internacionales se llama “modernización tributaria” o “corrección de desequilibrios fiscales.”
El desequilibrio fiscal también abarca algunas denuncias que hizo públicas en octubre del año pasado el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, cuando acusó a los gobiernos anteriores de mantener una lista de grandes contribuyentes privilegiados con la exención del pago de impuestos y a quienes tampoco se fiscalizaba. Cáceres nunca quiso revelar quiénes eran esos favorecidos por los gobiernos del partido Arena, y tampoco presentó una denuncia ante la Fiscalía por la posibilidad de actos arbitrarios u otros delitos en que hubieran podido incurrir funcionarios predecesores.
El caso Tigo
La presidenta de la Comisión de Hacienda de la Asamblea, la efemelenista Lorena Peña, envió a varios medios de comunicación información obtenida a partir de datos del Ministerio de Hacienda y correspondiente a 2008, según la cual varos grandes contribuyentes evaden el pago de impuestos.
Entre la información revelada por la bancada legislativa del FMLN llama la atención el caso de la empresa telefónica Tigo, registrada en 2008 en el Ministerio de Hacienda como “Telemóvil El Salvador S.A. de C.V.'. Ese año, esta empresa reportó ingresos por más de 452.5 millones de dólares y utilidades por poco más de 151 millones. A pesar de ello, Tigo pagó en concepto de impuesto de renta 500 dólares. Esto significa, según el documento, que no pagó el 99.999 por ciento de lo que le correspondía.
Telemóvil El Salvador S.A. de C.V. es una de las 42 empresas que entran en el grupo de las compañías que operan en El Salvador que más ingresos obtienen anualmente. Los datos revelados por la bancada del FMLN con base en información de Hacienda muestran que en el año de la crisis económica, 2008, estas 42 empresas reportaron ingresos por más de 6 mil 400 millones de dólares (6,406,678,575 dólares). Este monto es un 50% mayor que el presupuesto de la nación aprobado hace dos semanas para el año 2012. Asimismo, representan ahora casi una tercera parte del producto interno bruto del país, que ronda los 22 mil millones de dólares.
Este grupo de contribuyentes, según la información mostrada por los diputados de izquierda, puede clasificarse en dos subgrupos: por un lado, están 15 empresas que en 2008 reportaron pérdidas y a las que el fisco terminó devolviendo casi 42 millones de dólares. La diputada Lorena Peña cree que estas compañías en realidad no tienen pérdidas en sus operaciones, sino que manejan sus datos contables de tal manera que los hacen parecer como que obtienen menos ingresos que los gastos que realizan. “42 millones fueron entregados a 15 empresas que fingen pérdidas. Incluidas Esso, Taca, etc”, dijo Peña en su cuenta de twitter, el lunes pasado.
Entre estas 15 empresas, las que más ingresos reportan son las petroleras Esso, con un poco más de 450 millones de dólares; Chevron, con 397.6 millones de dólares, y Puma El Salvador, con un poco más de 117 millones de dólares. Les siguen empresas como Grupo Q El Salvador, con más de 95 millones de dólares; TACA International Airlines, con más de 81 millones de dólares, y American Airlines, con 15.2 millones de dólares. Pero reportan pérdidas mayores.
Las restantes 27 empresas no reportaron pérdidas, pero a pesar de que en conjunto reportaron ingresos superiores a los 3 mil 600 millones de dólares, y utilidades superiores a los 650 millones, apenas pagaron 69 millones en impuesto de renta.
En este segundo subgrupo están, entre otras firmas, Tigo, la cadena de supermercados Súper Selectos, con ingresos superiores a los 500 millones de dólares; el banco HSBC, con entradas de más de 188 millones de dólares, y el centro comercial Metrocentro, que reportó más de 48 millones de dólares.
La interpretación de los diputados del FMLN es que estas 27 empresas reportan “altos niveles de evasión”, aunque no detallan ni explican cómo concluyen eso. Pero varias de estas empresas (HSBC, Scotiabank y Scotia Seguros entre otras) aseguraron que el problema es que en ese documento se han omitido los abonos a cuenta que las empresas tienen que realizar mes a mes y que ascienden al 1,5 por ciento de los ingresos, que al final del año se descuentan de la cantidad final que la empresa está obligada a tributar; es decir, del 25 por ciento de las utilidades.
La empresa Calleja, propietaria de Súper Selectos, incluso envió su declaración de renta según la cual efectivamente pagó en abono a cuenta la cantidad que el documento entregado por Peña señala como faltante. El presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales, Javier Simán, acusó a la diputada de tergiversar la información de manera maliciosa.
El Faro contactó vía telefónica a Waldo Jiménez, el director de Asuntos Económicos y Sociales de la ANEP, para pedirle su versión sobre los señalamientos de los diputados del FMLN en cuanto a que algunas empresas fingen pérdidas para no pagar sus impuestos, y en torno a la baja tributación de otras, a pesar de sus altos ingresos anuales.
-Esta semana fue revelada información sobre los ingresos de las 42 empresas más grandes del país y me gustaría preguntar por un caso muy emblemático. En 2008, Tigo, o Telemóvil El Salvador, pagó 500 dólares en concepto de renta, a pesar de sus ingresos superiores a 450 millones de dólares. ¿Qué interpreta la ANEP de esto?
-Lo primero que tengo que decir es que es un caso relevante. Es información de 2008, el gobierno tomó posesión en 2009, le puedo decir que el Ministerio de Hacienda está facultado para investigar, para venir a revisar nuestros libros. Quien debería responder sobre esto es el Ministerio de Hacienda.
-Ok.
-Lo segundo es lo siguiente: el artículo 28 del Código Tributario dice que este tipo de información es de carácter reservado, dice que hay responsabilidad penal del Ministerio de Hacienda al divulgar esta información. Estamos hablando de un hecho delicado, es constitutivo de delito.
-Perfecto. Es un buen resumen de su postura. Le quisiera preguntar sobre el ejemplo de Tigo. ANEP justifica...
-ANEP no está para defender empresas que no cumplen sus obligaciones... Es un tema delicado, serio, el gobierno debe investigar, no debe ser tratado de forma mediática.
Jiménez se excusó de opinar sobre los casos específicos, pero la ANEP insistió el martes, en la víspera de la aprobación de las reformas a la Ley de impuesto sobre la renta, que se oponía debido a que la medida era inconsulta, no se correspondía con un compromiso del gobierno de reducir el despilfarro, e iba a significar la pérdida de empleos al golpear la viabilidad económica de las empresas.
Consultado sobre los casos de estas empresas revelados por los diputados del FMLN, y particularmente el de Tigo, el ministro Cáceres se rehusó a hacer alusiones específicas. 'Esas son malas prácticas', dijo, 'pero yo no voy a hablar de casos específicos'.
Consulte el documento íntegro entregado por la fracción del FMLN sobre los grandes contribuyentes de El Salvador, tal cual lo recibimos de la diputada Lorena Peña.
