La Corte de Cuentas sabía que el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) entregó 514 solares a campesinos que no eran campesinos. Esa tierra debía ser entregada a jefes de familias que fueran campesinos desposeídos, colonos o arrendatarios y que tuvieran reconocida aptitud para la agricultura, pero la junta directiva que dirigía José Roberto Pacas Méndez decidió, a finales de 1997 y principios de 1998, entregarla a empleados del ISTA y sus familiares. La Corte de Cuentas también sabía que el ISTA perdió 45 mil 676.41 dólares debido al reparto de los solares en cinco asentamientos comunitarios. A los empleados del ISTA y sus familiares no solo se les entregó las ventajas de un crédito diseñado para campesinos pobres sino que también se les benefició con una Ley de Reestructuración de la Deuda Agraria: Los 514 créditos fueron condonados de un plumazo.
Esas irregularidades están plasmadas en una auditoría financiera de 1998, pero la Corte de Cuentas que dirigía Hernán Contreras omitió informar sobre esos esos hechos de corrupción a la Fiscalía General de la República. “El presidente de la Corte comunicará al Fiscal General de la República, de posibles ilícitos penales que se advirtieren en razón del ejercicio de las atribuciones de la Corte, dentro de las siguientes veinticuatro horas”, consigna la Ley de la Corte de Cuentas.
La Corte de Cuentas no informó ni en las siguientes 24 horas de finalizada la auditoría, ni en los siguientes 13 años que el proceso ha estado bajo su conocimiento. La Fiscalía recibió la alerta de dos ilícitos, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, hasta el 22 de octubre del 2009, cuando la entonces presidenta del ISTA, Carla Alvanés, denunció la entrega irregular de tierras por parte de sus antecesores. “En una clara intención de evitar la investigación de los hechos denunciados, las administraciones anteriores no dejaron evidencia en los archivos del ISTA de la escrituración de los solares, sacaron del sistema informático los datos relativos a los acuerdos de Junta Directiva y condiciones de los créditos”, reza la denuncia que Alvanés presentó contra sus antecesores, en la Fiscalía.
Quien sí conoció detalles de esas transacciones y que hasta recomendó al ISTA la recuperación de 514 solares fue la Corte de Cuentas. Sin embargo, esa institución omitió informar a la Fiscalía sobre la existencia de presuntos delitos. “No hemos encontrado que por parte de esta Corte se haya tramitado algún indicio de responsabilidad penal”, reza un documento que el subdirector de auditoría seis, Otoniel Zepeda, envió el 19 de octubre pasado al Juzgado Séptimo de Instrucción, la instancia que procesa a tres expresidentes del ISTA.
La omisión de la Corte de Cuentas favoreció a Pacas Méndez, así como al exvicepresidente del ISTA, Rodolfo Ernesto Varela y otros cuatro miembros de la junta directiva 1994-1999. Cuando la Fiscalía los acusó del delito de actos arbitrarios, el 25 de mayo de 2011, los mismos fiscales pidieron la exoneración porque el delito ya había prescrito; es decir, ya habían pasado más de cuatro años, tiempo límite para procesarlos. Aquella omisión de la Corte de Cuentas, ahora, quiere ser aprovechada por otros procesados.
“Es de vital importancia solicitar al Sr. Presidente de la Corte de Cuentas, en razón del proceso de auditoría financiera del ISTA, si en el mismo existió pronunciamiento alguno (…) específicamente a la determinación de indicios de responsabilidad penal”, se lee en un texto que Armando Romero, defensor de Magdaleno Guzmán, alcalde de Santa Isabel Ishuatán y expresidente del ISTA, presentó el 10 de octubre pasado ante el Juzgado Séptimo de Instrucción.
Andrés Amaya, jefe de la unidad anticorrupción de la Fiscalía, descifra la estrategia de los defensores así: “La Corte de Cuentas cuando encuentra un elemento donde se puede estar cometiendo un delito, ellos informan a la Fiscalía. La ley así lo dice. La ley regula que si encuentran indicios tienen que informar, en este caso no informaron. Ellos (los defensores) dicen: como la Corte de Cuentas no ha informado indicios de delito, entonces, ¿por qué la Fiscalía va estar investigando estos hechos? Nosotros podemos investigar, aún sin ese informe”.
-¿Falló la Corte de Cuentas o no hay corrupción en este país?
-No puedo entrar a un análisis de ello por qué lo hicieron o por qué no lo hicieron. La pregunta sería para ellos, ¿Por qué ustedes (Corte de Cuentas) no encontraron nada y la Fiscalía encontró? Allí serían ellos los que determinarían por qué no lo hicieron y qué fue lo que les influyó para no hacerlo -responde Amaya.
El viernes El Faro reiteró su solicitud de entrevista al presidente de la Corte de Cuentas, Marcos Gregorio Sánchez Trejo, para preguntarle sobre la omisión en este caso. Su equipo de prensa dijo que el funcionario respondería hasta este lunes. Sánchez Trejo prometió una entrevista a este periódico desde cuando asumió el cargo, el 28 de junio, pero aún no ha dado fecha.
La semana pasada, Sánchez Trejo asistió al programa Sin su permiso, de canal 33, espacio en el que reconoció que la credibilidad no es la mejor virtud para la institución que dirige. Dijo, además, que espera que la Asamblea Legislativa le apruebe un aumento de fondos para contratar a más colaboradores jurídicos en la Cámara de Segunda Instancia, la cual tiene más de 900 casos sin resolver. El caso del ISTA es uno de ellos: la auditoría financiera de 1998 culminó con una condena de más de 90 mil dólares contra varios funcionarios, pero presentaron un recurso de revisión que todavía no ha sido resuelto.
ISTA benefició dos veces a guardaespaldas del expresidente
Wilfredo García y Reinerio Fuentes, los guardias de seguridad de otro expresidente del ISTA, Tomás López Iraheta (1999-2007), recibieron dos veces tierras destinadas a campesinos desposeídos. Los datos del Centro Nacional de Registros (CNR) y de la Unidad de Ingeniería del ISTA indican que los empleados fueron beneficiados en el asentamiento comunitario Las Hojas II, municipio de San Pedro Masahuat, en La Paz, y en el asentamiento comunitario El Pastorillo, municipio de San Juan Opico, en La Libertad.
A García y su esposa, la junta directiva del ISTA les adjudicó dos solares el 9 de enero de 2001. Y no pagaron nada porque el acuerdo de los directivos ordena que se aplique la Ley de Reestructuración de la Deuda Agraria y, por lo tanto, les fue condonado el crédito de 62 dólares por cada solar. Dos años después, en 2003, el ISTA volvió a entregar tierras a García, esta vez en el asentamiento comunitario Las Hojas II. Los abogados de López Iraheta dicen que él tenía derecho a esa tierra porque es desmovilizado de la Fuerza Armada.
La Fiscalía objeta ese argumento. Andrés Amaya, jefe de la unidad anticorrupción, aseguró que después de la firma de los Acuerdos de Paz, el Banco de Tierras ya le había entregado un inmueble en la Hacienda Flor de Fuego, en el municipio de Tecoluca, San Vicente. “El ISTA no tenía qué estar dando esa propiedad. A usted, señor desmovilizado, ya se le había entregado esa propiedad. No hay justificación para que el presidente esté entregando otra propiedad”.
A petición de los abogados de López Iraheta, los fiscales entrevistaron a García como testigo de descargo. En su declaración, el exguardaespaldas reconoció que recibió del ISTA tierra en Las Hojas II y en el asentamiento El Pastorillo.
El caso del otro guardaespaldas de López Iraheta es parecido. En el Registro de la Propiedad consta que Reinerio Fuentes recibió el solar 11 del asentamiento Pastorillo, el 9 de enero de 2001 y, un año después, lo vendió. El 7 de febrero de 2003, la junta directiva del ISTA lo volvió a incluir como beneficiario en el asentamiento comunitario Las Hojas II y recibió un crédito de un mil 410 dólares para que se convirtiera en dueño del lote uno. Apenas 13 días después, vendió la propiedad por el precio de 10 mil 385 dólares.
A la luz de diversidad de hallazgos de El Faro sobre las actuaciones del ISTA en los últimos años, la institución con frecuencia se convirtió en una dedicada al reparto de tierras a personas que poco o nada tenían que ver con el fin con que nació la reforma agraria en 1980: dar tierras a campesinos pobres, promover la justicia social y redistribuir riqueza.
El Faro ha revelado también cómo la institución, cuando era dirigida por Tomás López Iraheta (un exdirigente del partido Arena), se dedicó a repartir tierras protegidas a parientes del funcionario y correligionarios areneros. Asimismo, ha informado de cómo algunos lotes terminaron en manos de varios diputados.
