Ciudad de Guatemala, enero 26. La jueza Carol Patricia Flores dispuso un breve receso en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia, este jueves, minutos después de que el ex jefe de Estado (1982-83) Efraín Ríos Montt le respondió con firmeza: 'Prefiero guardar silencio...'
El general retirado dirigió Guatemala en el período de facto que devino del golpe militar contra su entonces colega de grado castrense Fernando Romeo Lucas García, el 23 de marzo del 1982.
Este día y a los 85 años de edad se juega su futuro inmediato en la audiencia de primera declaración en el Juzgado Primero 'A' de Mayor Riesgo, sobre la acusación de genocidio y deberes contra la humanidad. El genocidio se le imputa, entre otras razones, por la matanza de indígenas en una zona del departamento del Quiché, al occidente de la ciudad capital.
En la primera parte, la Fiscalía afirmó que entre 1982 y 1983, cuando gobernaba Ríos Montt, fueron cometidas 1 mil 485 violaciones sexuales a mujeres menores de edad y que se desplazó a 29 mil guatemaltecos. El Ministerio Público hizo una relación de la comisión de 72 hechos delictivos bajo responsabilidad de los militares en ese mismo período. Uno de ellos fue la masacre de 267 indígenas de la etnia Ixil.
El Ministerio Público ha insistido en que en ese entonces el comandante general del Ejército era él por su jerarquía, por lo que es responsable de la autoría de las matanzas, aunque no lo haya sido en lo material.
La defensa del general apelará ante la autoridad judicial a favorecerlo con una 'falta de mérito', al argumentar que las funciones de Ríos eran más políticas que militares en ese lapso de la historia.
Al mediodía la Fiscalía concluyó su exposición de los hechos imputados al ex jefe de Estado. Acto seguido la jueza Flores le preguntó si quería declarar, explicándole que podía negarse si así lo decidía. En medio de la tensión que dominaba la sala judicial tronó la voz de Ríos Montt: 'Prefiero guardar silencio...'
Entonces la magistrada declaró el receso. Horas más tarde, la jueza Flores determinó ligar a proceso penal por genocidio a Ríos Montt, argumentando que la cadena de mando llevaba hasta el presidente de facto la responsabilidad por los crímenes que le imputa la Fiscalía.
