El primer intento de búsqueda de justicia y de esclarecimiento en el asesinato del poeta Roque Dalton se encamina, por ahora, a que el Estado favorecerá a quienes han sido denunciados como responsables del crimen, dos ex comandantes guerrilleros, uno dedicado ahora a asesorar en diversos países en temas de pacificación, y otro con el cargo de secretario presidencial.
La Fiscalía pidió este viernes el sobreseimiento definitivo de Joaquín Villalobos y del actual director de Protección Civil y secretario para asuntos vulnerabilidad, Jorge Meléndez, ambos exdirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), la organización guerrillera que ejecutó a Dalton el 10 de mayo de 1975 y cuyos miembros nunca han querido revelar cómo dispusieron de los restos del poeta.
“Villalobos me dio una entrevista donde dice quiénes fueron los que tomaron la decisión (del asesinato): Vladimir Rogel, Meléndez y (Villalobos) se automenciona. Eso es suficiente para que un fiscal inicie la investigación, al menos en cualquier lugar decente del mundo”, dice Juan José Dalton, hijo de la víctima. Esos datos constan en la denuncia que la familia presentó en mayo de 2010, pero los resultados de la investigación fiscal, han dejado un sinsabor entre los denunciantes: “La Fiscalía ha mandado un requerimiento donde abre el caso, pero la Fiscalía es la abogada defensora de los denunciados”, dijo Juan José, vía telefónica.
El requerimiento presentado por los fiscales José Néstor Castaneda Guevara y Víctor Manuel Fuentes Zaldaña dice: “Es improcedente la promoción de la acción penal” debido a que caducó el plazo de 10 años a partir del crimen para iniciar la acción penal. El Faro pidió a la unidad de comunicaciones de la Fiscalía una entrevista con los fiscales para conocer cuáles son las diligencias que realizaron para llegar a esa conclusión, pero al cierre de esta nota no habían respondido.
Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), organización que pretende convertirse en querellante del caso el próximo lunes, aseguró que los fiscales no han realizado las diligencias necesarias. “El requerimiento nos toma por sorpresa, pero que iban a hacer esto (solicitar el sobreseimiento definitivo) era previsible. No hicieron nada, no hay pruebas para que se establezca la verdad de lo que ocurrió”.
Según la denuncia de la familia, Dalton fue capturado por sus compañeros de organización el 13 de abril de 1975 por instigar a su compañero Armando Arteaga a que adoptara una conducta de rebeldía contra el Estado Mayor del ERP. Ambos fueron sentenciados a muerte y presuntamente los restos de Dalton fueron lanzados al campo de lava del volcán de San Salvador conocido como El Playón, en La Libertad, mientras que Arteaga en una casa del barrio Santa Anita, en San Salvador.
Y aunque la Fiscalía ha decidido cerrar el caso contra Meléndez y Villalobos, la familia Dalton valora que la presentación del requerimiento es un hecho trascendental. “El caso está en manos de la institucionalidad jurídica; es bien importante porque anteriormente, durante 36 años, el caso del asesinato es como que no hubiera existido, como que no hubiera existido la persona que fue asesinada. No existía ni siquiera una paginita ni en un tribunal ni en la Fiscalía”.
El Idhuca y los familiares de Dalton dijeron que están inconformes con la argumentación de la Fiscalía y, el próximo lunes por la mañana, pedirán al juez noveno de paz, Romeo Aurora Giammattei, no acceder a la solicitud de los fiscales porque viola el derecho a una investigación que permita conocer la verdad. “Vamos a ir con toda la voluntad y esperanza de que el juez declare abierto el proceso, puede ser que lo declare abierto y sino lo que quedaría demostrado es que no hay justicia”, dijo Dalton.
Jorge Meléndez, entrevistado por el periódico Contrapunto en mayo de 2010, dijo que el homicidio de Dalton no era tal, sino que él prefería llamarlo 'un proceso político'.
El asesinato de Roque Dalton, el poeta salvadoreño más reconocido en el extranjero, también está bajo la lupa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 2 de noviembre de 2011, el Estado salvadoreño fue denunciado por retardación y denegación de justicia, una queja que la comisión aún no ha admitido para su estudio.
Con la decisión de la Fiscalía, conducida por Romeo Benjamín Barahona, el Estado estaría cerrando las puertas a la posibilidad de que se juzgue a alguien en El Salvador por el asesinato. La Fiscalía es la institución encargada de promover la acción penal.
