La Corte Suprema de Justicia quitó este jueves el fuero que protegía a un juez de lo laboral de Santa Tecla acusado de resolver en contra de la ley, y simultáneamente lo suspendió en sus funciones. Este es el tercer caso de una larga lista de investigaciones de corrupción abiertas por los magistrados.
10 de los 15 magistrados de la Corte decidieron despojar de la inmunidad ante la justicia común al juez de lo laboral de Santa Tecla, Miguel Ángel Reyes, acusado de prevaricato y denunciado por la Fiscalía General de la República. Este es apenas el tercer caso resuelto de los 308 jueces que tienen denuncias relacionadas con corrupción o faltas éticas dentro del Órgano Judicial.
Según números revelados por el magistrado Florentín Meléndez, el departamento de Investigación Judicial tiene mil 39 denuncias en proceso de investigación. De esas, cerca de 600 denuncias relacionadas con corrupción o irregularidades éticas. Y de estas, este es el tercer caso resuelto. Para resolver, la Corte en pleno necesita al menos ocho de los 15 votos para decidir sobre los jueces, abogados o notarios que tienen expediente abierto.
Este jueves 12 de enero, el magistrado Sidney Blanco expuso ante la Corte en pleno la investigación abierta contra el juez de Santa Tecla. Tras la discusión del caso, 10 de los magistrados avalaron eliminar el fuero del juez Reyes e incluir una especie de advertencia: la fecha de prescripción del delito empezará a contar a partir del día en que el funcionario fue destituido. Dicha aclaración es en respuesta a la forma en que se resolvieron los dos primeros casos de desafuero esta semana, resoluciones que favorecieron a los acusados.
Los dos favorecidos por la ley son de jueces de Oriente: Carlos Mauricio Herrera Rodríguez y Jesús Aquiles Alvarado Hernández, jueces titulares del Tribunal de Sentencia de La Unión a quienes la Fiscalía acusó de resolver contrario a derecho, es decir, resolver deliberadamente en contra lo que dice la ley. Ambos jueces dejaron en libertad a un acusado de homicidio. Este miércoles 11 de enero, un juzgado de Paz de La Unión libró del proceso judicial a los dos jueces desaforados. La jueza María Nohemí Gálvez Chicas consideró que el delito había prescrito, es decir, que ya había caducado el plazo que da la ley para que la Fiscalía inicie acción penal contra una persona acusada de cometer un crimen.
Con la resolución de la Corte, ahora el plazo que tendrá la Fiscalía para iniciar acción penal no contará a partir de la fecha del cometimiento de un delito, sino a partir del momento en que el juez pierda la protección constitucional para que responda ante los tribunales comunes.
¿Cómo depurar?
La Corte tiene dos mecanismos básicos para sancionarlos: destituirlos a partir de una denuncia o una investigación de oficio que se le encarga al Departamento de Investigación Judicial; o quitándoles el fuero para que la Fiscalía los procese como a cualquier ciudadano.En los últimos dos años, la Fiscalía ha solicitado antejuicio contra seis jueces por su presunta connivencia con bandas que se dedican al robo de vehículos, sospecha de que han recibido sobornos y acusaciones de aplicación errónea de las leyes.
Hasta el año pasado, la Corte en pleno solo había resuelto el caso de los dos jueces de La Unión. La depuración judicial es un tema que ha dividido en el pasado a los 15 magistrados. Los magistrados que participaron y votaron hoy son: Miguel Ángel Cardoza, Orestes Posada, María Luz Regalado, Rodolfo González, Néstor Castaneda, Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Roxana Núñez y Rosa María Fortín.
En septiembre del año pasado, el magistrado Florentín Meléndez había denunciado a uno de sus colegas por encubrir a los jueces acusados de corrupción y frenar la resolución de los casos: “Cada vez que el presidente agenda casos de jueces denunciados por ciudadanos viene una batería, una oposición de un pequeño grupo de magistrados, liderado por Ulices del Dios Guzmán, que se oponen a que se toque cualquier juez, y cualquier abogado y notario de este país. Eso es insostenible y la ciudadanía está esperando con todo derecho que se sanee el Órgano Judicial”, se quejó Meléndez.
Por esas fechas, dirigentes Arena y el FMLN discutieron en privado dar en exclusiva a la Sala de lo Constitucional el poder de depurar jueces ante el freno existente en Corte Plena que para esa fecha no había resuelto ninguna de las más de mil denuncias.
En la discusión de este día, según publicó en su muro de Facebook el magistrado Rodolfo González, los magistrados Mario Valdivieso, Miguel Trejo y Ulices del Dios Guzmán se retiraron de la discusión al llegar a ese punto.
