Una semana después de reclamar a la Fuerza Armada por honrar como héroes a militares violadores de derechos humanos, el presidente Mauricio Funes nombró este lunes a un militar del máximo rango posible como director de la Policía Nacional Civil, y sacó del retiro a otro militar que, aparte de ser candidato a diputado por el partido Arena, rinde culto a militares violadores de derechos humanos, y retó al presidente a aclarar si quería guerra.
Funes destituyó al comisionado Carlos Ascencio como director de la PNC y en su lugar nombró a quien hasta hoy tenía el cargo de viceministro de la Defensa Nacional, el general de división Francisco Ramón Salinas Rivera. Este fue jefe del Estado Mayor cuando el ministro de la Defensa era el general David Munguía Payés, quien en noviembre pasado fue nombrado ministro de Seguridad Pública.
El presidente también hizo un anuncio que en la práctica podría significar que saque de la contienda electoral a un militar que le criticó su discurso de la semana anterior y que aspira a ser diputado por el partido Arena. Se trata del coronel Sigifredo Ochoa Pérez, a quien Funes llama al servicio activo después de 24 años de haberse retirado, y que desde ya dice que se trata de una trampa del gobernante.
En el caso de los cambios en Seguridad Pública, una vez Munguía Payés se hizo cargo del ramo, Salinas Rivera se convirtió en viceministro, hasta dos meses más tarde, cuando por primera vez en la historia de la PNC un militar toma las riendas de una institución que se concibió separada del estamento militar responsable de graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil y antes de ella.
La llegada de Salinas Rivera se produce una semana después de que el presidente diera una reprimenda pública a los militares, a quienes pidió que dejen de exaltar como héroes a violadores de derechos humanos. Funes dio ese discurso en el acto de conmemoración de los 20 años de la firma de la paz, y escogió como escenario el caserío El Mozote, en Morazán, porque ahí el ejército perpetró la más grande masacre de civiles ocurrida en la historia de El Salvador: un millar de víctimas, la mitad de ellas menores de edad.
Funes explicó que se decidió por Salinas Rivera después de hacer una revisión de nombres y cargos desde diciembre pasado, cuando él pidió a sus principales colaboradores que pusieran sus cargos a disposición. El nombramiento de un militar de alta graduación facilitaría la comunicación en un gabinete que ya lo dirige otro militar de alta graduación. 'Lo elegí a él por ser un miembro relevante del gabinete, reconocido por sus compañeros, además, fue el primer jefe del escuadrón Zeus', que fue la unidad encargada de acompañar las labores de seguridad pública de la Policía.
Cuando se le preguntó qué esperaba del genera de brigada, Funes explicó: 'Salinas tiene dos misiones: fortalecer la institucionalidad de la Policía y mejorar el desempeño de los agentes, y dos, mejorar la coordinación interinstitucional para alcanzar los niveles de seguridad que necesita el país'.
Cuando en noviembre pasado Funes destituyó al ex comandante guerrillero Manuel Melgar como ministro de Seguridad, un grupo de jefes policiales, previendo la llegada de un militar al cargo, se reunió y discutió la posibilidad de renunciar si se concretaba el nombramiento de Munguía Payés. La PNC tiene una marcada división entre oficiales provenientes de las filas del ejército y aquellos que provenían de las filas de la guerrilla desmovilizada del FMLN. Los jefes policiales que combatieron del lado de la guerrilla no conciben que un militar pueda tomar las riendas del área de seguridad pública exitosamente, porque creen que carece de la preparación mínima en la materia para encontrar la solución a la criminalidad.
En diciembre pasado, Funes también destituyó al director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), Eduardo Linares. Este había sido un jefe guerrillero y no era de la confianza del presidente, según este dijo a oficiales de la embajada de Estados Unidos en El Salvador. Funes temía que lo espiaran a él y decía temer incluso por su seguridad personal. Cuando Linares dejó el puesto, quedó como director interino el coronel Simón Alberto Molina Montoya, un asesor de Munguía Payés cuando este era aún ministro de la Defensa. Ahora, Molina Montoya es subdirector del OIE.
Hace tres semanas, Funes nombró al economista Ricardo Persomo como máxima autoridad del OIE. Perdomo es, al igual que Molina Montoya, una persona cercana a Munguía Payés. El mandatario negó que se tratara de un proceso de militarización: 'Este no es un proceso de militarización. Yo no estoy poniendo a la Policía ni al mando de la Fuerza Armada ni de un militar, sigue bajo el área de seguridad. (La militarización) no se da por llamar a un militar en situación de retiro a la dirección de la corporación', dijo. Salinas Rivera estaba activo hasta hoy, precisamente al saltar del cargo de viceministro de Defensa al de director de la PNC.
El presidente también señaló que las críticas ante los nombramientos más parecen que tienen tintes políticos. 'Esta discusión me parece estéril y podría estar revelando pérdida de cuotas de poder dentro de instituciones que no tienen por qué estar bajo control de ningún partido político. La corporación policial es una corporación apolítica y responder a los intereses del Estado', dijo.
Antes de que Funes juramentara a Salinas Rivera El Faro había consultado con dos comisionados que tienen comunicación directa con la oficina del ahora exdirector Carlos Ascencio, y hasta las 3 de la tarde de este lunes, ninguno había sido notificado por ninguna autoridad de tales cambios. 'Vamos a reunirnos a las 5 de la tarde, todos', dijo un comisionado.
Desde diciembre del año pasado, el ministro de Seguridad ha realizado una serie de propuestas para nombrar a alguien de su confianza como director de la policía.
'El mismo presidente había rechazado varias propuestas de corriente militar. Sé que el presidente tenía comunicación directa con el comisionado Ascencio, por eso no esperamos esta noticia', comentó este lunes un sorprendido funcionario de gobierno consultado por El Faro.
Cuando en noviembre pasado parecía ya inminente la llegada de Munguía Payés a Seguridad Pública, el ala compuesta por ex combatientes guerrilleros dentro de la PNC advirtió incluso la posibilidad de una renuncia grupal. Dicha advertencia llegó a oídos del presidente Funes, quien los reunió en Casa Presidencial.
Salinas Rivera no dio declaraciones a la prensa durante el acto de su juramentación, pero ahora tendrá que colaborar con la meta que Munguía Payés se trazó en público en noviembre pasado, cuando prometió reducir en un 30% la incidencia de crímenes al cabo de un año.
En una entrevista que le hizo el Instituto Naval de Estados Unidos, publicada en marzo de 2010, Salinas Rivera esbozaba brevemente algunas ideas sobre cómo combatir la criminalidad. Para entonces tenía el rango de general de brigada, que es inmediatamente inferior al que tiene ahora como general de división. 'La falta de oportunidades de empleo, la baja recaudación de impuestos y las deportaciones hacia nuestro país de salvadoreños vinculados al crimen, son algunos de los factores que facilitan el desarrollo y el fortalecimiento de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 en las ciudades de Puerto El Triunfo, Puerto de La Libertad y Acajutla', dijo en aquella ocasión. Luego revelaba su visión de cómo atacar el problema: 'Es necesario utilizar unidades de la Fuerza Naval para restaurar en esos lugares el orden civil, la actividad económica y reducir la criminalidad'.
Inspectora prepara su renuncia
Una vez se hizo oficial la destitución de Ascencio, otra pieza clave del gabinete de Seguridad Pública decidió romper con el gobierno. Fuentes del ramo aseguraron que la inspectora general de la PNC, Zaira Navas, había decidido dejar el cargo al conocer la remoción de Ascencio.
Hasta ahora, la inspectoría general depende de la dirección de la PNC, y Navas podría enfrentarse a una situación irónica dado su pasado en un organismo que logró evidenciar cómo los militares se dedicaron a la desaparición sistemática de menores durante la guerra civil. Navas fue abogada de la Asociación Pro Búsqueda, una organización no gubernamental que logró ubicar a cientos de menores desaparecidos que habían sido dados en adopción a familias en el extranjero y en muchos casos había indicios de que durante la guerra se generó un mercado de venta de menores.
'Ella está preparando su renuncia para presentarla este martes', dijo una fuente del gabinete de seguridad que pidió el anonimato. 'Entiendo que dejará el cargo', dijo otra. Ella, consultada sobre esa posibilidad, se limitó a decir que hasta este lunes no es cierto que haya presentado su dimisión como inspectora.
La Inspectoría inició una investigación, surgida a partir de declaraciones de un informante de la DEA, que involucra a un grupo de altos mandos policiales que supuestamente usaban el uniforme para prestar servicios de seguridad de frontera a frontera a cargamentos de droga. El informe es oficial y salpica al ex director de la Policía Ricardo Menesses y al jefe del Centro Antipandillas, Douglas Omar García Funes. Junto a ellos podrían estar implicados 16 oficiales más. En la investigación, Menesses –que dirigió la corporación entre 2003 y 2005- es vinculado por testigos protegidos por la Fiscalía con un supuesto narcotraficante. En la misma investigación disciplinaria, la Inspectoría reveló indicios de otros posibles ilícitos ejecutados por otros cinco jefes policiales, entre los que figuran el ex subdirector de Áreas Especializadas, hoy jefe del Centro Antipandillas, García Funes.
Funes vuelve a la vida activa a militar que lo desafió
Saltándose del discurso que tenía escrito en sus apuntes, el presidente Funes anunció que el coronel en situación de retiro Sigifredo Ochoa Pérez pasará a ser el representante del Ministerio de Defensa en la Comisión Consultiva de Límites, una entidad creada por la administración de Armando Calderón Sol para dirimir problemas limítrofes.
Ochoa Pérez es candidato a diputado por el partido Arena en San Salvador y hace una semana llamó a detener los cambios que Funes pretende que haga la Fuerza Armada para que ya no sean considerados héroes aquellos militares responsables de graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil. Tal es el caso del coronel Domingo Monterrosa, quien como comandante del Batallón Atlacatl fue responsable del asesinato de unos mil campesinos en diciembre de 1981, durante un operativo de tierra arrasada. Los sobrevivientes todavía guardan consigo los huesos de sus parientes y reclaman justicia al Estado.
La semana pasada, cuando Funes dijo haber ordenado al ejército a no exaltar figuras como la de Monterrosa, Ochoa Pérez publicó en Facebook con rechazo a las pretensiones presidenciales, preguntándole si lo que quería era guerra. Se refirió, despectivamente, a las palabra de Funes como 'una perorata' y hacía un llamado a ponerle un alto al gobernante. Ochoa Pérez, además, es un declarado seguidor de Monterrosa, y en algunas de sus intervenciones en Facebook incluso se ha referido al presidente como 'FUNES TO'.
Al consutarle al presidente Funes sobre la aparente incongruencia de nombrar a un militar que se consideró ofendido con su discurso presidencial, Funes respondió que no había contradicción porque el nombramiento del coronel estaba pensado desde antes del lunes 16. 'El nombramiento estaba pensado mucho antes de que el coronel Ochoa Pérez expresara lo que dijo sobre la solicitud de perdón y a la orden que instruí a la FAES para que se creara un comisión que revisara la historia y la doctrina militar', dijo Funes.
Ochoa Pérez es un militar en retiro y a partir del nombramiento de este día pasa a las filas de las Fuerzas Armadas en condición activa. 'Él se convierte en miembro de esta comisión porque así lo he ordenado yo (...) Él era un civil gozando de su retiro, y ahora ante la necesidad del servicio, la necesidad de integrar a un elemento de las Fuerzas Armadas que él, en su intervención dijo defender y respetar, entonces, qué mejor representante en esa comisión para velar por los intereses de la Fuerza Armada que alguien que públicamente se ha dicho que se considera un soldado y que defenderá en todo lugar y en todo momento a la Fuerza Armada', señaló Funes.
Se le preguntó al presidente si no le provocaba desconfianza que Ochoa Pérez tuviera profundas diferencias ideológicas con él, y lo que respondió fue que el militar puede expresar lo que desee en su condición de ciudadano. 'El coronel expresó lo que expresó como ciudadano, y está en todo su derecho de estar en todo su derecho sobre la visión del proceso político salvadoreño que tenga este servidor. Lo hizo en su condicion de dirigente politico y aspirante a candidato y una diputación por el departamento de San Salvador por el partido Arena'.
El partido Arena comunicó a El Faro que el llamado a Ochoa Pérez fue inconsulto y que el coronel está evaluando sus salidas jurídicas. 'Al parecer tiene 72 horas para dar una respuesta', dijo Ernesto Muyshondt, director de información de Arena.
Ochoa Pérez, citado por El Diario de Hoy, dijo que nadie le había consultado sobre el posible nombramiento. Añadió que no atenderá el llamado del presidente y que cree que solo quiere que se calle sus críticas. Funes arremetió contra Ochoa y lo invitó a medir su opinión en público: 'Cuando él expresó esas opiniones no era funcionario de este gobierno, ahora que está sometido a la jerarquía militar y que yo paso a ser su comandante general entonces él tiene que cuidar sus expresiones', dijo.
El mandatario explicó que la mañana de este lunes firmó la orden general de cambios de la Fuerza Armada para hacer posible la aceptación de la situación de retiro del general Salinas, la aceptación de su renuncia ante el viceministerio de Defensa y el nombramiento como nuevo titular de la corporación policial. Ahí mismo va el llamado para situación activa para el coronel Ochoa Pérez.
Si se concreta el regreso al servicio activo de Ochoa Pérez, este tendría que dejar su candidatura a diputado por un impedimento constitucional. El artículo 127 de la Constitución, en su ordinal 1o., dice que los militares de alta no podrán ser candidatos a diputados. Esta maniobra de Funes, por lo tanto, podría ser una manera del presidente de sacar de la carrera política a un militar que se retiró del servicio activo hace ya 24 años.
Funes reclamó a los militares el 16 de enero. Ochoa Pérez le respondió altisonante el 17, y este lunes 23 Funes lo llamó a las filas de nuevo.
