En los anales de la historia de El Salvador ya quedó escrito: el presidente que puso de nuevo en manos de los militares la seguridad pública, 20 años después de la firma de los Acuerdos de Paz, es Mauricio Funes Cartagena.
Funes ha hecho en meses lo que en 20 años no se atrevieron a hacer los gobiernos de ARENA.
En las redes sociales es común leer argumentos que justifican la remilitarización de la seguridad pública. Hay personas que escriben cosas como estas: “Los salvadoreños preferimos que se viole un acuerdo a que se siga violando a las salvadoreñas; que se rompan los acuerdos a que se siga rompiendo el cuerpo de nuestros compatriotas cuando los asesinan, si los cambios traen buenos resultados en buena hora, pero con la 'capacidad' que han demostrado los comandantes cualquier cosa que hagan los militares quizá será mejor, veamos la realidad y no es que sea derechista!”.
Otro “amigo de Facebook” escribe: “CUAL ES EL MIEDO SI PEOR DE LO QUE ESTAMOS ACA YA NO SE PUEDE MAS ENTONCES CUAL PUEDE SER PEOR LA GUERRA SIN CUARTEL Y ENEMIGO COMUN DE TODOS O QUE ALGUIEN TOME LAS RIENDAS EN SERIO Y PONGA FIN A ESTA SITUACION, YA VIMOS QUE EL FMLN NOS DIO PAJA, FUNES SIGUE EXPERIMENTANDO Y NADA LE FUNCIONA, DIGAME DEL FMLN QUIEN ES EL SABIO QUE PODRIA CONTROLAR ESTA SITUACION TAN EXAGERADA QUE ESTAMOS VIVIENDO” (las mayúsculas son del “amigo de Facebook”).
La situación de delincuencia es grave y las justificaciones abundan para sostener que es correcto que el presidente de la República deje en manos de los militares la seguridad pública y es que uno entiende la desesperación de la gente. Pero lo que no se comprende es el alegato del presidente: que justifica sus decisiones basándose en que tanto Munguía como Salinas son militares que se acaban de retirar y, por tanto, son civiles y también en que la situación del país requiere “resultados” contra la delincuencia, tarea en que él cree que los militares serán más eficientes.
Muchas instituciones y personas en diferentes foros han sostenido que “La historia reciente del país ha comprobado que la criminalidad y la violencia no se atacan exitosamente con políticas cortoplacistas, represivas y de mano dura que no llegan a la raíz del problema”. A pesar de esto diferentes sectores especialmente de derecha piden el beneficio de la duda para la decisión presidencial y otros abiertamente dan votos de confianza a los militares que hoy están a cargo de la seguridad pública. No hay que cansarse de repetirlo: la decisión de Mauricio Funes de entregar la seguridad pública a los militares es inconstitucional y va en contra de la letra y el espíritu de los Acuerdos de Paz y además no será efectiva.
La remilitarizacion de la seguridad pública no es un fenómeno exclusivo de El Salvador. Tiene un carácter regional, al igual que en nuestro país, los militares controlan la seguridad publica en Guatemala y cada vez tienen más atribuciones en Honduras. Y no se puede dejar de tomar en cuenta que al conferir mayores poderes a las fuerzas militares e ignorar a la policía, puede suceder que quienes determinen cuáles son las amenazas contra el sistema político sean los militares y no el poder civil. Esto además incrementa la posibilidad del uso arbitrario de la violencia y permite que se invoque con más frecuencia la idea de “situaciones excepcionales” que deben solucionarse mediante la fuerza militar.
El carácter civil de la institución policial hoy con los militares al frente cambiará: pues es de esperar que se militarizarán más las formas de organización, trato jerárquico y régimen disciplinario de la policía.
El Ministro de Justicia y Seguridad ya explicó lo que está haciendo: “Yo dije voy a adquirir musculatura y la musculatura la estoy construyendo y ya casi la tengo. Dentro de dos meses lanzamos nuestra ofensiva”. Habrá una nueva unidad policial antipandillas y una estructura de jueces y fiscales que denomina “subsistema”.
Enfrentar la delincuencia más que musculatura necesita cerebro, ser más inteligente y efectivo en la solución del problema delincuencial y lo que está haciendo el nuevo ministro es adoptar un lenguaje, modelos, conceptos, doctrinas y procedimientos militares.
Es muy común cuando uno critica, que le pregunten después qué propone para solucionar el problema de la delincuencia: En primer lugar es necesario que se abandonen las respuestas represivas y populistas, y en particular las políticas de mano dura que no han dado ningún resultado positivo; hay que dejar el anuncio de “la ofensiva” de un lado y proponerse a trabajar en una estrategia integral donde esté presente el abordaje de los problemas históricos y estructurales que sufre el país: la desigualdad, la pobreza, la exclusión y que la estrategia también tenga un enfoque preventivo.
En los países democráticos, los militares no tienen en sus manos la dirección de la policía. Las funciones de la Policía y el Ejército están claramente separadas. La policía se ocupa del combate a la delincuencia y el Ejército de la defensa de la soberanía y la integridad del territorio. La policía resuelve conflictos de índole social, mientras que el Ejército defiende la soberanía del país contra enemigos. Por ello, las doctrinas, el armamento, la instrucción y la capacitación son diferentes.
El empleo del instrumental propio de la guerra, la creación de “Estados de sitio locales” en el área de la seguridad pública es delicada pues en poco tiempo puede llevar a la policía acompañada del ejército a cometer abusos y discrecionalidades peligrosas en contra de la población, especialmente de los jóvenes.
Hoy más que nunca, hay que insistir en el carácter civil de la institución responsable de la seguridad pública, pues lo que se concreta con la decisión presidencial es dar al componente militar un nuevo espacio civil (la dirección de la policía) que además no le es propio y no le corresponde, por cuanto el diseño, la planificación y formulación de la seguridad pública es materia del poder civil, los militares doctrinariamente deben ocuparse de otras responsabilidades.
