'La amnistía se entiende como el olvido del delito; en tal virtud de la amnistía la persecución penal cesa y se extingue por completo la pena en todos sus efectos', afirmó a la prensa local el abogado defensor del ex jefe de facto, Francisco Palomo.
El argumento principal de los defensores para solicitar el cierre del caso se basa en el decreto 8-86, que establece amnistía para quienes combatieron durante la guerra interna.
El decreto concede amnistía general a toda persona responsable o sindicada de haber cometido delitos políticos y comunes conexos durante el período del 23 de marzo de 1982 al 14 de enero de 1986. Ríos Montt gobernó del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983.
El referido decreto fue firmado por Óscar Mejía Víctores, jefe de Estado de 1983 a 1986, quien derrocó a Ríos Montt, y la norma fue publicada el 10 de enero de 1986, cuatro días antes de que entrara en vigor la Constitución de la República.
La defensa en su petición no hizo mención de ningún artículo de la Ley de Reconciliación Nacional, detalla el diario Prensa Libre.
Esa ley en el artículo 8 aclara que la extinción de la responsabilidad penal a que se refiere esta normativa no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, delitos de los cuales está sindicado el ex dictador.
El pasado 26 de enero la Jueza Primera de Alto Riesgo, Patricia Flores, abrió proceso contra Ríos Montt, de 85 años, al aceptar una denuncia de genocidio en su contra.
El Ministerio Público (Fiscalía) tiene hasta el 17 de marzo para presentar todas las pruebas contra el exdictador y la jueza determinará si lleva o no a juicio a Ríos Montt.
En caso de que sea sentado en el banquillo de acusados, el exjefe de facto sería el primer golpista acusado por genocidio en el marco de la guerra de 36 años (1960-1996) que dejó 200.000 muertos o desaparecidos en Guatemala, según un informe avalado por la ONU.
