Los homicidios en los tres meses transcurridos desde que el general David Munguía Payés asumió las riendas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública aumentaron un 19.54%. El incremento, que se traduce en la muerte de casi 200 salvadoreños más respecto al mismo período del año anterior, representa un balde de agua fría al compromiso de reducir los asesinatos un 30% en su primer año de gestión, expresado por el general al calor de su juramentación, el 22 de noviembre de 2011.
“Nosotros teníamos claro que no íbamos a solucionarlo en dos meses”, justifica el general Munguía el incremento, al que califica como “un pequeño repunte”.
Las cifras oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) señalan que entre el 22 de noviembre de 2011 y el 21 de febrero de 2012 se registraron 1 mil 187 homicidios en El Salvador, 194 más que los que 993 que la institución policial contó del 22 de noviembre de 2010 al 21 de febrero de 2011. Si se toma como parámetro el promedio diario, se ha pasado de 11 a 13 ciudadanos asesinados. Munguía dijo que pondría a disposición su cargo si al cabo de doce meses no lograba su meta.
Para dimensionar la situación de violencia que afecta a El Salvador, basta señalar que Nicaragua, un país con una población que también ronda los 6 millones de habitantes, el promedio diario de homicidios es dos.
El general Munguía sustituyó en noviembre a Manuel Melgar, y el propio presidente de la República, Mauricio Funes, se esforzó en explicitar que una de las razones del cambio era la obtención de resultados. “Una de las instrucciones que he dado al nuevo ministro es mostrar resultados concretos en la lucha cotidiana de las fuerzas del orden contra el crimen organizado y los delincuentes”, dijo Funes aquel 22 de noviembre, durante la juramentación. Entre 2010 y 2011 los homicidios se incrementaron un 9%, cifra que desembocó en la salida de Melgar del gabinete.
Según la más reciente encuesta de LPG Datos, publicada esta misma semana en el diario La Prensa Gráfica, la inseguridad y la delincuencia encabezan el listado de los fracasos que los salvadoreños atribuyen al Gobierno. “En su opinión, ¿cree usted que el presidente Funes está resolviendo los problemas de seguridad del país?”. Ante esta pregunta explícita, el 57% contestó que no, pero justo antes del nombramiento del general Munguía ese porcentaje era del 64%.
Otro dato interesante que revela el estudio de LPG Datos es que, a pesar de que los homicidios se han disparado desde que los militares en retiro asumieron la conducción de la seguridad pública, las personas que califican como buena o muy buena la labor gubernamental subieron del 24% al 30% de noviembre a febrero, un alza que no cuesta asociar con la mayor sensación de seguridad que generan los militares, al margen incluso de los resultados concretos de sus acciones.
Nuevo plazo: abril
A pesar de los números de su primer trimestre, el general Munguía sigue convencido de que su estrategia algún día rendirá frutos. En su análisis, la situación comenzará a mejorar cuando se cumplan dos premisas: que salga a las calles la nueva Unidad Antipandillas de la PNC, previsto para mediados de abril; y que la Asamblea Legislativa apruebe el “paquete legal” que el Ministerio tiene previsto hacer llegar en abril también. “A partir de ese momento, los índices delincuenciales van a tender a bajar”, augura el general Munguía.
Para que pueda cumplir su compromiso, el promedio diario de asesinatos debería desplomarse de 13 a 7, durante nueve meses consecutivos. Para encontrar números así en las estadísticas policiales hay que remontarse a 2003, antes de que se implementara el Plan Mano Dura. La misión se presenta complicada.
De hecho, lejos de indicar una tendencia a la baja, el comportamiento de los asesinatos en el primer trimestre del general Munguía ha sido al alza. El promedio diario de homicidios de la era Munguía es de 12.9, pero febrero (con 13.6 hasta el día 21) está siendo un mes más complicado que enero (13.3), y enero lo fue más que diciembre (11.6). Cabe recordar que el promedio de los 29 meses en los que Manuel Melgar estuvo al frente del ministerio fue de 11.5 salvadoreños asesinados cada día.
“La delincuencia está pretendiendo darnos un mensaje, un mal mensaje; sin embargo, nosotros no nos vamos a amedrentar”, asegura el director de la PNC, el también general Francisco Salinas.
La polémica llegada de un militar de carrera a la dirección de la PNC quizá sea el cambio más visible y significativo en el gabinete de seguridad durante el trimestre, pero no es ni mucho menos el único. El general Munguía ha gozado de la confianza del presidente Funes para diseñar un gabinete a su medida. Ha habido cambios profundos en el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), en las direcciones de Migración y Centros Penales y, por supuesto, en la PNC, donde han sido promocionados los comisionados que durante la guerra civil estaban en la órbita militar.
“En un par de meses vamos a salir con mucha más fuerza, porque ya vamos a tener la musculatura”, dice Munguía.
Además de la referida Unidad Antipandillas, otros elementos que han singularizado el primer trimestre del general on el mayor involucramiento policial en los centros escolares, un mejor entendimiento con los gremios empresariales, la voluntad de estrechar relaciones con Estados Unidos, las renuncias de un significativo número de funcionarios –entre ellos el viceministro Henry Campos– y la propuesta de declarar estados de excepción en áreas controladas por las pandillas.
Las maras son ahora -el general no se cansa de repetirlo- causantes del 90% de los homicidios. “El que no entienda que las pandillas generan muerte es porque no vive en este país”, ha llegado a decir a quienes cuestionan ese porcentaje.
A las maras se les atribuye expresiones de violencia que han despuntado en los últimos tres meses, como el asesinato de soldados y policías, los recurrentes ataques a motoristas y cobradores de unidades del transporte público o el aparecimiento simultáneo de cuerpos en bolsas negras, práctica que ha tenido en la ciudad de Sonsonate su epicentro.
¿Nombramientos inconstitucionales?
Al margen de las valoraciones numéricas, la llegada de un militar al Ministerio de Seguridad Pública no ha sido bien vista por un sector de la sociedad tradicionalmente ligado a la izquierda del espectro político. Ese malestar cuajó este martes 21 de febrero en la presentación de una demanda de inconstitucionalidad en contra de los acuerdos ejecutivos que nombraron a los generales Munguía y Salinas como ministro de Seguridad y director de la PNC respectivamente.
La demanda, apadrinada por un nutrido grupo de oenegés, señala que el presidente Funes violó el inciso segundo del artículo 159 y el ordinal 17 del artículo 168 de la Constitución. A juicio de sus promotores, los militares nunca dejan de serlo, ni siquiera en situación de retiro, y los señalados artículos señalan de forma expresa que la seguridad pública tiene que estar en manos de civiles.
María Silvia Guillén, exintegrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y directora ejecutiva de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho en El Salvador (FESPAD), califica los nombramientos como “gravísima violación a la Constitución” y cuestiona con dureza la estrategia gubernamental de combate a la delincuencia: “Yo haría un llamado a que en El Salvador se tome en serio el combate a la criminalidad, porque nos da la impresión de que no se quiere combatir con seriedad”.
Ramón Villalta, director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia, también adversa los nombramientos: “Debe haber una estrategia fuerte orientada al control de la delincuencia, pero esto no significa que los militares sean los más indicados para conducir la política de seguridad pública”.
En la solicitud se pide explícitamente, como medida cautelar, que los generales Munguía y Salinas sean relevados en sus funciones mientras la Sala de lo Constitucional valora el recurso.
Completamente al margen de esta polémica, el general Munguía sigue apuntalando su estrategia, y la semana pasada viajó a Estados Unidos para recabar apoyos. En su agenda tenía encuentros con funcionarios de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), del Departamento de Justicia, del FBI y de la DEA (la agencia antidrogas). También se reunió con Dan Restrepo, director para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo Nacional de Seguridad del presidente Barack Obama.
Fotos: Roberto Valencia
