El Salvador y Guatemala inician esta semana una nueva etapa de coordinación binacional en materia de seguridad pública. Con militares al frente de la seguridad pública en ambos países, el presidente Funes se reúne con su homólogo guatemalteco, el general Otto Pérez Molina, para abordar el combate al crimen organizado y la participación del Ejército en la seguridad pública.
Pérez apenas cumplirá un mes en la presidencia, con un militar como Ministro de Gobernación y más militares en las tareas de supervisión y planificación estratégica de la seguridad pública, mientras Funes recién le encomendó al general Munguía Payés el Ministerio de Seguridad pública, y con él a otros militares mandos policiales y de inteligencia. Por primera vez en dos décadas, la reunión binacional para hablar de seguridad estará dominada por militares.
Las nuevas estrategia de seguridad pública de ambos países tienen algo más en común: se basan en la creencia declarada de que la prioridad debe ser el combate a las pandillas, destinando a ello la mayoría de los recursos. Ante el embate del crimen organizado, particularmente de organizaciones vinculadas a los cárteles de drogas, El Salvador aún no ha revelado su estrategia. Guatemala sí: legalizar las drogas. El presidente Pérez cree que quitándoles las ganancias ilícitas podrá controlar el crimen.
Hay, en esta estrategia, una urgencia efectista. Es un cambio radical, que goza de popularidad habida cuenta de que hasta hoy las administraciones civiles han sido incapaces de lograr resultados visibles. Pero es un cambio radical cosmético, porque no viene acompañado de una política integral ni de otras medidas, mucho más sencillas (y muchísimo menos costosas) para combatir el narcotráfico: la aprobación de leyes.
Los partidos políticos, infiltrados por el narcotráfico, siguen captando dinero sin necesidad de declarar su origen, porque aun no hay aprobación ni de la ley de financiamiento de campañas ni de la ley de partidos políticos. La recaudación de impuestos en ambos países sigue siendo la más baja de América Latina, y aún no hay una reforma fiscal integral que permita a los estados obtener suficientes recursos para financiar una policía mejor pagada, con mejores equipos y mayores controles; más y mejores prisiones y sobre todo una mayor inversión social (que sigue siendo, en ambos casos, de las más bajas del continente) que reduzca la desigualdad propicie una vida más digna para todos.
Ninguna de estas medidas requiere del ejército; y todas, combinadas, podrían hacer muchísimo más y con unas consecuencias mucho más previsibles, más duraderas y mejores. A fin de cuentas, hoy es más urgente depurar a la policía y al sistema de jueces que apresar pandilleros. Hoy es mucho más urgente una contraloría efectiva a los funcionarios- diputados y magistrados incluidos- que quitar controles a la seguridad pública y restringir las garantías civiles con el argumento de dar mayor capacidad a las fuerzas de seguridad.
Los planes actuales podrán dar muy buenos resultados para los índices de popularidad de los mandatarios; pero poco, o nada, podrán hacer para mejorar realmente la seguridad pública si no se emprenden medidas que, de verdad, lancen el mensaje de que el crimen organizado no será tolerado y que la estrategia de seguridad pública obedece a una visión de largo plazo. A los planes para un país más desarrollado, más igualitario, menos corrupto y con mayores oportunidades. Esas medidas que hoy están ausentes en el nuevo manual de seguridad pública de El Salvador y Guatemala.
