A las preguntas: ¿En esta oportunidad habrá transparencia en este proceso de elección de Magistrados que realizará el Consejo Nacional de la Judicatura el próximo 29 de febrero?; ¿Se hará uso de los diferentes mecanismos que tiene nuestro sistema para que las instituciones que eligen a los candidatos funcionen? inmediatamente pienso en el mecanismo de transparencia contemplado en Reglamento Interno que permite las audiencias públicas para que la decisión que se tome sobre quiénes llegarán a la más alta magistratura sea de cara a la ciudadanía y no con base en cuotas partidarias. Espero que, una vez que los listados lleguen al seno de la Asamblea Legislativa, se aplique este Reglamento.
El primer filtro se deberá dar en el Consejo Nacional de Judicatura, que tiene como una de sus funciones primordiales apoyar a la Corte Suprema de Justicia proponiendo candidatos para los cargos de Magistrados, enmarcado dentro de un espíritu de independencia, como fue concebido en los Acuerdos de Paz.
Sin embargo, ha habido antecedentes en los que privó la auto postulación, las inherencias políticas partidarias y la falta de rigor para aplicar criterios de honorabilidad, idoneidad y mérito.
El peso en los hombros del Consejo es fuerte pues con la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Información Pública se espera transparencia en las deliberaciones que se tendrán en su seno con el fin de conocer los currículos de todos los candidatos y razonar los criterios que prevalecerán para seleccionar a unos y descartar a otros. Todo lo anterior, de acuerdo a los artículos 10 y 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Si el proceso es el adecuado, la lista que configure el Consejo estará integrada por 15 candidatos que sean dignos de una Magistratura que estaría en función durante 9 años y que el país tanto necesita para preservar una Corte de Suprema de Justicia independiente y acorde para los niveles de exigencia de una sociedad cada día más ávida por ejercer su derecho a la justicia.
El segundo filtro será llevado a cabo en la Asamblea Legislativa y sin necesidad de una reforma legal, pues, la misma puede hacer valer su Reglamento Interno para que en la Comisión Política se lleven a cabo audiencias públicas. Asimismo, el canal televisivo de la misma Asamblea debe ser una herramienta de publicidad muy importante para beneficio de la transparencia. Además sería un espacio formidable para conocer el pensamiento jurídico de los candidatos, sus posturas sobre temas de relevancia para el país y esto daría margen para que con gran legitimidad se eligiera a los mejores candidatos, evitándose así las negociaciones más bien inclinadas a privilegiar criterios políticos, paquetes de negociación de leyes que se aprueban o nombramientos en otras instituciones a cambio de elección de Magistrados.
Varias personas y organizaciones preocupadas por el fortalecimiento de la institucionalidad en el país, incluyendo la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), de la cual formo parte, hemos hecho un llamado a los señores Diputados de la Asamblea Legislativa para que se abstengan de elegir a los 5 Magistrados de la Corte Suprema de Justicia antes de concluir su período en funciones, pues de acuerdo con el espíritu de la Constitución le corresponde elegirlos a los próximos diputados que serán electos en el mes de marzo próximo.
Veremos entonces si la coyuntura provocará transparencia en el proceso de elección tanto en el Consejo Nacional de la Judicatura como en la Asamblea Legislativa, o si telones oscuros ocultarán las decisiones en torno a este importante hecho en la vida de El Salvador, en un franco irrespeto al Estado de Derecho.
Como integrante de la sociedad civil le pido al CNJ y a la AL que inviten a la “transparencia” a ser parte del proceso de elección de Magistrados, así como no lo hicimos cuando pedíamos una Ley de Acceso a la Información Pública y que se derogara el Decreto 743. Quien busca, encuentra; y todos los salvadoreños debemos seguir buscando transparentar el proceso para poder encontrar un sistema judicial que garantice una pronta y cumplida justicia, es decir, un país más justo.
