Realización, producción, distribución, comercialización y exhibición son las palabras sobre las que gira el borrador de una Ley de cine para El Salvador. También se habla de formación, integración, fomento y desarrollo de esta industria en el país. La Ley es un proyecto desarrollado por la Asociación Salvadoreña de Cine y Televisión (Ascine) que se remonta a septiembre del 2008. El objetivo es cimentar las bases de una industria cinematográfica en El Salvador.
La ley ya fue presentada en su estatus de borrador a diputados del FMLN y de Arena que son miembros de la Comisión de Cultura y Educación de la Asamablea Legislativa hace aproximadamente un año. Los diputados han ofrecido, en conversaciones con los miembros de la asociación, darles algunas semanas más de gracia para hacer las correcciones que estimen convenientes. Sin embargo, según revela un reportaje de El Faro, esta comisión solo dedica un 1% de su trabajo a abordar este tipo de inciativas.
Para poner los matices de la experiencia, el Centro Cultural de España en El Salvador (CCESV) invitó al gestor colombiano Gonzalo Castellanos a intercambiar con los promotores de esta Ley sus puntos de vista cultivados como el gestor de las paradigmáticas leyes de cine en Colombia y República Dominicana. El intercambio se dio el martes 6 de marzo, en la jornada que abordó 'el clarooscuro de la industria cultural cinematográfica'. La cita se extendió mañana y tarde, en las instalaciones del CCESV.
'Estoy muy convencido de que las leyes no funcionan para nada', dijo Castellanos para inaugurar su ponencia, una sentencia poco alentadora para quienes esperan abrir oportunidades presupuestarias y de formación en materia de cine para impulsar el talento y la creatividad en el país. Con la sentencia Castellanos advierte que tener una ley puede usarse por los gobiernos como una trampa: la burocracia da tiempo para prolongar muchas excusas, como la falta de normativas y de presupuesto. Lo primero que hay que combatir es la premisa de que la inversión en cultura es un gasto público. El mensaje: la ley no es un logro absoluto.
La premisa de la que parte Castellanos en su conferencia es la de no pedir dinero al Estado para hacer cine, sino pedirle que le devuelva al cine lo que este aporta en impuestos. Esto lo ejemplifica con el caso de Colombia, en donde los tiquetes para las películas del cine incluyen un impuesto que recauda anualmente un monto que ahora funciona para financiar los proyectos cinematográficos de ese país. Califica, además, como algo vital la generación de incentivos para que el sector privado invierta y colabore: 'hay que hacer una gasto para recibir una donación'.
De cuotas de pantalla y revisiones
Los comentarios de Castellanos aluden y complementan algunos puntos que el proyecto de Ley que se ha presentado plantea, como la creación de un fideicomiso de medio millón de dólares con fondos estatales a disposición de los involucrados en la producción de cine. La reglamentación para el acceso a estos fondos está en proceso y será presentada a la siguiente legislatura, según comenta Pilar Colomé, vicepresidenta de Ascine.
La normativa también incluye una 'cuota de pantalla' del 8%, esto quiere decir que las salas de cine estarían obligadas por ley a dedicar el 8% de su programación anual a exhibir cine salvadoreño, por ejemplo, de 100 películas programadas por las salas de cine en un año, 8 deberán ser salvadoreñas, y deberán ser exhibidas en una sala dedicada por un periodo mínimo de 15 días. Sin embargo, al respecto de esta cuota, se previene que si no hay 8 películas salvadoreñas en un año, esta cuota se podrá cubrir con producciones latinoamericanas.
El promedio de películas que se programa en las salas de cine en el país ronda las 150, lo que tasaría en 12 películas salvadoreñas al año. Si cada una se exhibe durante 15 días en un sala, esto representa aproximadamente 26 semanas al año (de un total de 52) de una sala dedicada al producciones locales (o latinoameircanas). El reto para la posible industria cinematográfica salvadoreña de llenar esa cuota es grande si vemos cifras como las de la legendaria industria cinematográfica de México, que en 2011 logró estrenar 59 largometrajes, entre ficción y documentales, de los cuales 48 tuvieron apoyo del Estado.
Al preguntar a Jaime García, gerente de Cinépolis El Salvador, si conoce el proyecto de esta Ley de Cine, responde que sabe que hace un año y medio surgió la inciativa, pero que desde entonces las empresas exhibidoras no han sido consultadas, y agrega: 'Ojalá que en algún momento nos incluyan para poder aportar desde la realidad del mercado local y experiencias en otros países'. Sobre el tema puntual de la 'cuota de pantalla' comenta que, en principio, la filosofía de Cinépolis contempla la exhibición de películas de cine arte, y que bajo está premisa dedican al año varios festivales que incluyen varias producciones latinoamericanas y del resto del mundo. También asegura que cuando ha existido oferta local, la han incluido en carteleras, y alguna, como 'Cinema Libertad', de Arturo Menéndez, ha permanecido hasta tres semanas porque la demanda así lo exigió. Otros casos como 'La última ofensiva', de José Luis Sanz, y 'Uno, la historia de un gol', de Gerardo Muyshondt, han permanecido entre una y dos semanas, también respondiendo a la demanda. Dice no saber a partir de qué información se calculó ese 8% ni tampoco si los festivales como el Ícaro, Ambulante y otros por países entrarían en esa cuota. Son dudas válidas que surgen en uno de los sectores involucrados.
Ante estas interrogantes, Francisco Quezada, presidente de Ascine, comenta que hubo una comisión que estableció esta cuota y que se basaron en la presencia global de títulos en cartelera y también en casos de cuotas en Latinoamérica. También aclara que, precisamente a partir de la asesoría de Castellanos, se procederá a la revisión de algunos artículos de la Ley propuesta, y en concreto los que se refieren a las cuotas y el fideicomiso, 'se hará un estudio más a fondo para hacer una propuesta acorde a la realidad nacional' y es en esa revisión en que se consultará con todos los sectores involucrados. La versión actual de la Ley de Cine es la quinta, y por lo visto habrá una nueva, presumiblemente mejorada y más ajustada a nuestra pantalla.
La versión actual de la propuesta de ley también habla de profesionalizar la formación en las diversas disciplinas involucradas en la industria del cine, y del rescate y conservación de la producción audiovisual realizada por salvadoreños o en El Salvador. Para esto último, se recrearía la Cineteca Nacional bajo la tutela de la Secretaría de Cultura.
El colombiano también destaca otras características que debe cumplir una buena ley: ser entendible para todos los ciudadanos y que borre el estigma de que la cultura le pertenece en exclusiva al Estado y al sector de artistas e intelectuales.
Colomé explica que la asociación tiene personería jurídica desde 2010, y que ha contado con el apoyo de las 3 personas que han pasado por la cabeza de la Secretaría de Cultura de la Presidencia desde 2009. A este apoyo ha dado seguimiento la Unidad de Audiovisuales, dirigida actualmente por el cineasta salvadoreño Jorge Dalton.
En consonancia a estos esfuerzos por desarrollar la cinematografía salvadoreña, la Secretaría de Cultura anunció este día que ha iniciado los protocolos de adhesión al Programa de Ibermedia, producto del Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana de la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica. Este es un fondo común que es alimentado por una cuota que aporta cada país, y al que pueden optar vía concurso los cineastas de los países miembros.
Los cineastas y productores confían en dar pronto nuevas y buenas noticias para el desarrollo de una industria de cine local.
