El ministro de Seguridad Pública, David Munguía Payés, convocó este viernes a una rueda de prensa con el propósito de desmentir una nota de este periódico en la que se reveló que el gobierno del presidente Mauricio Funes negoció con los líderes de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 la reducción de los asesinatos que cometen.
El Faro informó sobre el traslado de 30 líderes de las dos pandillas del penal de máxima seguridad en Zacatecoluca a penitenciarías donde prevalecen condiciones más relajadas, y el ministro adujo que lo hizo obedeciendo a razones humanitarias y a indicios de que podría haber un intento de fuga.
'Estamos aquí para aclarar esta situación que se ha dado a partir de un reportaje que se dio en el periódico El Faro el día miércoles. Primero, quiero ser claro y contundente en la siguiente afirmación: número uno, el gobierno de la República en ningún momento está negociando con ninguna pandilla”, aseguró.
Munguía Payés explicó este traslado sin precedentes por medio de varios argumentos: el primero es que el obispo castrense, monseñor Fabio Colindres, elevó una “súplica” al propio ministro de Seguridad en la que pedía el traslado de algunos reos por razones humanitarias. No precisó las identidades de los reos por los que Colindres habría suplicado, ni el número de trasladados por esta razón.
La Prensa Gráfica publicó en twitter una reacción de monseñor Colindres que tenía tono de un desmentido al ministro. El mensaje de ese medio decía lo siguiente: 'Monseñor Fabio Colindres dice que abogó, en general, por reos de Zacatecoluca y no por casos específicos como dijo el ministro Munguía Payés'
El segundo argumento es que la inteligencia del Estado detectó un plan de fuga masivo: alguien habría introducido al país 24 cohetes law -armamento portátil antitanque- luego de habérselos comprado a alguien en algún país cercano, posiblemente Honduras. Estos cohetes supuestamente ingresaron hace dos meses a El Salvador, pero aún no han podido ser ubicados. El ministro dijo haber obtenido información que aseguraba que estas armas serían utilizadas para abrir un “boquete” en los muros del penal de máxima seguridad para facilitar la huida masiva de algunos reos. En este caso tampoco dijo qué reos se beneficiarían de esta operación.
'Normalmente los cohetes law se utilizan en contra de vehículos blindados, pensamos que podrían ser utilizados para atentar contra personalidades del sistema, pero también podrían ser utilizados para abrir boquetes en los muros de las cárceles. (La información) Nos estaba apuntando a que esto podía ir dirigido a Zacatecoluca… Esta es la información...Si el objetivo era rescatar a algunas personas que estaban ahí, ya les desbaratamos el plan', comentó.
A inicios de febrero, las autoridades hondureñas revelaron que las Fuerzas Armadas de Honduras habían sufrido el robo de una veintena de cohetes antitanque, y que no habían podido ubicar el destino del material bélico. Munguía no dijo si sospechaba que esas armas robadas en Honduras eran las mismas cuyo ingreso a El Salvador habían logrado detectar.
El tercer argumento de Munguía Payés es que los reos ya cumplieron el 10% de su condena en la prisión de máxima seguridad. La Ley Penitenciaria establece ese período no como de obligatorio traslado, sino como un mínimo, y deja a discreción de las autoridades el tiempo máximo de reclusión en un centro penal.
Los registros de los reos ahora trasladados muestran que en realidad varios de ellos cumplieron ese 10% de su castigo hace ya meses e incluso años. Así sucedió con Élmer Canales Rivera, “Croock”, condenado a 16 años de cárcel por secuestro, y que ingresó a “Zacatraz” el 12 de junio de 2010. Cumplió una décima parte de su pena en máxima seguridad a mediados de enero. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) registra que otros reos llegaron a ese penal en 2005 y hace años cumplieron la décima parte de su condena. El 7 de febrero, Borromeo Enrique Solórzano, “el Diablito”, condenado a 33 años de cárcel, quien cumplió el 10% de su condena en junio de 2008; el 24 de septiembre de 2005 ingresó Ricardo Adalberto Díaz, “el Rata de Leward”, condenado a 12 años de cárcel por extorsión, a quien en diciembre de 2006 se le cumplió el 10% de su castigo.
En los dos últimos casos, las autoridades argumentaron que era preciso que estos reos se encontraran en el régimen más estricto del país para evitar que ordenaran homicidios y extorsiones hacia el exterior. En el caso de Solórzano, le sumaban la agravante de que escapó del penal de Quezaltepeque, en 1999, cuando purgaba otra condena por homicidio.
El fiscal general, Romeo Barahona, dijo este viernes que desconocía sobre los traslados, pero que al recibir la información oficial haría un análisis legal. “Veríamos el caso en concreto y si es una situación que no está sustentada legalmente, claro que nos vamos a oponer”. La Corte Suprema de Justicia solo ha sido informada del traslado de Carlos Ernesto Mojica, “el Viejo Lin”. Las autoridades judiciales tienen un sistema de monitoreo penitenciario que se actualiza cada 20 minutos, pero en el sistema aparece que los líderes de pandillas siguen en el penal de máxima seguridad, aunque Munguía Payés confirmó lo contrario.
Finalmente el ministro aseguró que otros reos habían sido trasladados debido a que su salud estaba muy deteriorada.
Cuando se le preguntó si los 30 reos trasladados estaban identificados como los líderes de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, en un primer momento aseguró que las pandillas sustituyen a los líderes que han sido incomunicados, pero ante la insistencia de los periodistas aseguró que él no había dicho que no fueran los líderes de estas organizaciones. Prefirió no ahondar en ese tema.
Estas explicaciones constituyen la segunda versión que las autoridades ofrecen sobre estos traslados. El viernes 9 de marzo el director general de centros penales, Nelson Rauda, dijo a La Prensa Gráfica que solo eran 11 los reos trasladados y les aseguró que se trataba de “un movimiento de rutina”, que buscaba extremar precauciones debido a las elecciones del domingo 11.
Una reportera insistió en preguntar al ministro si consideraba que El Faro había mentido con su reportaje y este respondió: 'No, yo diría que la publicación es imprecisa, hay elementos que son ciertos y otros que no son ciertos. Hay otras cosas que son especulativas o versiones imprecisas. Yo reconozco la necesidad de los periodistas de investigar, pero muchas veces no tienen todos los elementos que tenemos nosotros para hacer las investigaciones. A veces hay gente infidente que trabaja en nuestras instituciones y colabora dando información a los periodistas, pero aun así eso no garantiza que esa cosa sea cierta, porque hay una diferencia entre lo que es información y lo que es inteligencia. No estoy acusando de mentirosos o tendenciosos a la gente que elabora artículos y no coincide con nosotros, por eso digo que hay información que se da que es imprecisa'.
Homicidios caen 53% tras el traslado de pandilleros
Los traslados de los principales líderes pandilleros se realizaron el jueves 8 de marzo. En los siete días posteriores (del 9 al 15 de marzo), la Policía Nacional Civil (PNC) contó 44 homicidios, un promedio de seis diarios. Esos 44 asesinatos en una semana contrastan con los 93 que se promediaron en las primeras ocho semanas de 2012. El descenso es del 53%.
El ministro atribuyó estas cifras a un mayor despliegue policial y a la mayor “operatividad” del gabinete de seguridad. Varios periodistas le hicieron ver que en el pasado ya se han lanzado operativos y capturas masivas sin que eso tenga un impacto tan drástico en las estadísticas.
-Resulta que tenemos una curva inédita de reducción de homicidios justo después de que ocurren estos traslados. ¿Quiere que creamos que es resultado de algo que llama operatividad policial? –preguntó El Faro.
-Eso es lo que creo, esa es la respuesta que encontramos, confiamos en el trabajo que estamos haciendo -respondió el ministro.
