El promedio de homicidios en El Salvador se ha desplomado de 14 a 6 diarios desde que el gobierno trasladó a los principales líderes de las pandillas del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. El descenso es del 59%, entre el promedio que se tenía hasta el 8 de marzo, día de los traslados, y después de esa fecha.
La Policía Nacional Civil (PNC) registra 79 asesinatos en las dos semanas posteriores (del 9 al 22 de marzo, ambas fechas incluidas) al inusual movimiento de los cabecillas. Los de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron enviados al penal de Ciudad Barrios, y los de las dos facciones del Barrio 18, Sureños y Revolucionarios, a los penales de Cojutepeque y Quezaltepeque, respectivamente.
Un reportaje publicado por El Faro el 14 de marzo reveló que los traslados son consecuencia directa de una negociación entre el Ejecutivo y los pandilleros, quienes a cambio se comprometieron a reducir los homicidios. No obstante, las dos partes implicadas en esa negociación se han distanciado de forma pública del término “negociación”. El gobierno lo hizo el 16 de marzo en una conferencia de prensa brindada por el ministro de Seguridad Pública, David Munguía Payés; y las pandillas, mediante un comunicado conjunto redactado el 19 de marzo pero que se hizo público cuatro días después.
En lo que no hay duda es que el 8 de marzo supuso un antes y un después en la situación de violencia que afecta a El Salvador. Hasta ese día cada semana morían asesinadas 95 personas. En las dos semanas después del 8 de marzo la PNC reporta 38 y 41 homicidios.
En el campo de la especulación matemática, se podría aseverar que el acuerdo entre los líderes pandilleros ha salvado la vida de 112 salvadoreños en 14 días. La cifra es la diferencia entre los 79 homicidios cometidos y los 191 que se habrían tenido si se hubiera mantenido el promedio de 13.62 que el país registra hasta el 8 de marzo.
En su comunicado, los pandilleros llaman al alto el fuego como “camino de reconversión”, y aseguran que es “firme” y “respaldado por el valor de nuestra palabra”. Sin embargo, en el punto 9 amarran esta etapa en la que ha entrado el país a que se mejoren las condiciones en los centros penitenciarios, y a que la sociedad y el Estado “nos apoyen a reinsertar social y productivamente a nuestros miembros”.
Por el lado del Ejecutivo, el director de Centros Penales, Nelson Rauda, reconoció en una entrevista que los traslados son temporales, y que se mantendrán 'en la medida en que se mantengan las condiciones'.
