El 24 de febrero recién pasado, Moody’s dio a conocer su última evaluación sobre el riesgo crediticio de El Salvador, reafirmando la calificación Ba2 de la deuda soberana salvadoreña, con perspectiva estable. El dictamen de Moody's no deja de revelar cierta condescendencia con El Salvador, considerando que en tiempos recientes tanto Moody’s como las otras calificadoras internacionales han arremetido con el machete desenvainado contra gobiernos y bancos privados por igual. Apenas dos semanas atrás, Moody’s anunció que consideraba degradar a 17 bancos globales (entre ellos Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase y Morgan Stanley) y a otras 114 instituciones financieras de 16 países europeos, en clara señal de que el riesgo de contagio de la crisis de deuda de la eurozona al sistema financiero mundial no está todavía contenido.
Por eso resalta el tono casi benévolo con que en su último informe Moody’s evalúa el riesgo soberano de El Salvador. Entre las principales fortalezas crediticias del país, la calificadora destaca el “fuerte respaldo financiero de las multilaterales”, el “perfil relativamente favorable de la deuda gubernamental” y la “continuidad de la política macroeconómica y fiscal durante la Administración Funes”. Aún más destacables son, sin embargo, las principales debilidades que Moody’s identifica en el entorno del país, entre las cuales subraya la “limitada capacidad de respuesta de la política económica debido a la dolarización”. Según el dictamen de Moody’s, las fragilidades fiscales que el país enfrenta son particularmente preocupantes dada “la ausencia de política monetaria y cambiaria”, lo cual “limita la capacidad de El Salvador para manejar shocks”, como lo ha evidenciado el impacto de la reciente crisis global.
No es la primera vez que las calificadoras internacionales de riesgo resaltan las restricciones que el régimen monetario vigente en El Salvador impone sobre la política económica. En gran medida, esa valoración está vinculada con el magro desempeño macroeconómico que el país ha mostrado tras la dolarización. Esta vez, Moody’s ha reiterado su preocupación por la “mediocre” tasa de crecimiento económico que El Salvador ha registrado entre 2000 y 2010, promediando tan sólo 2% por año.
La evidencia empírica acumulada a este respecto es cada vez más abrumadora. El bajo crecimiento, en particular, es una de las manifestaciones del síndrome al que Jeffrey Sachs y Felipe Larraín se han referido como “la camisa de fuerza de la dolarización”. La década de la dolarización ha sido la década de más bajo crecimiento en toda la historia económica moderna de El Salvador -entendiendo por tal los últimos sesenta años para los cuales se dispone de datos de crecimiento económico para el país- con excepción de la década del conflicto armado de los ochenta. Si la comparación se acota con base en promedios quinquenales, la Administración Flores ha sido el quinquenio de más bajo crecimiento en toda la historia económica del país, con excepción, nuevamente, del período del conflicto bélico.
Eduardo Levy-Yeyati, uno de los principales expertos a nivel mundial en el tema de la dolarización, ha concluido recientemente la evaluación más rigurosa realizada hasta la fecha del desempeño macroeconómico de El Salvador bajo la dolarización, mediante un modelo econométrico de panel que incluye a los otros países de Centroamérica para controlar por los efectos que otras variables han podido tener sobre el desempeño económico de El Salvador. “Los resultados preliminares no son alentadores”, ha sentenciado Levy-Yeyati. De acuerdo con su análisis, “El Salvador no exhibió mejoras relativas en ninguno de los cuatro campos identificados como potenciales beneficiarios” de la dolarización, siendo éstos la integración comercial con el resto del mundo (particularmente con Estados Unidos), el costo financiero (tasas de interés), la inflación y “la resistencia al contagio a las crisis foráneas”. Por otro lado, “el país mostró un patrón de crecimiento estable pero por debajo de la región y declinante”.
Valga aclarar que, de acuerdo con Levy-Yeyati, el hecho de que la dolarización no haya tenido efectos positivos no implica necesariamente que sea recomendable revertirla, entre otras cosas por los previsibles “efectos negativos asociados a la disrupción de contratos y a la incertidumbre nominal, tras décadas de fijación cambiaria y eliminación de la moneda nacional”. Es justamente ese tipo de efectos negativos, y los enormes costos asociados, lo que ha llevado a la actual administración gubernamental a la decisión de no revertir la dolarización. Probablemente ésas sean también las consideraciones que ha tenido en mente el Presidente Rafael Correa para no proceder a la desdolarización en Ecuador, pese a haber sido él mismo uno de los críticos más conspicuos de ese régimen monetario. La gran tragedia de la dolarización estriba en que, a pesar de haber sido un fiasco, revertirla acarrearía un descalabro económico y social de proporciones pantagruélicas que ningún gobierno responsable desearía desencadenar. Empero, la virtual imposibilidad de desdolarizar ante el hecho consumado de las naves reducidas a cenizas no debiera ser óbice para una exploración a fondo de la playa donde hemos quedado varados.
Mientras más se examina en retrospectiva la dolarización en El Salvador, y más información sale a la luz, más evidente resulta la ligereza, irresponsabilidad e improvisación con que sus promotores la impulsaron. Por ello no sorprende la reticencia de esos personajes a ventilar el problema, del mismo modo que los ingenieros que han construido un edificio que luego se ha derrumbado por una falla de diseño evaden tocar el tema.
Cualquier proyecto de inversión, o de otro tipo, por modesto que sea, requiere un análisis mínimo de factibilidad. Por increíble que parezca, la medida de política más importante que se ha impulsado en El Salvador, en términos de sus repercusiones sobre el funcionamiento de la economía, se hizo sin ningún análisis técnico que la sustentara. No existe en los archivos de la presidencia del BCR, ni en ninguna de sus unidades de investigación, ningún estudio en el que se hayan analizado las implicaciones que la dolarización podría acarrear para el país. Lo más probable es que ese estudio no exista en ningún lado. Los defensores de la dolarización nunca han mostrado uno.
La dolarización fue el resultado de la cruzada personal de un fanático, Manuel Enrique Hinds, que logró contagiar su obsesión a un presidente de turno, y a su gabinete económico, para embarcarlos en una aventura económica de consecuencias no bien ponderadas. Irónicamente, esos personajes, que defendían una visión a ultranza del libre mercado, enemigos encarnizados de la fijación de precios –bien sea a través del salario mínimo o de otros esquemas de precios controlados- no tuvieron empacho en apresurarse a fijar por una decisión caprichosa del Estado, sin posibilidad de reversión, el principal precio de la economía, el tipo de cambio.
Ya anteriormente, siendo ministro de Hacienda en la Administración del Presidente Calderón Sol, Hinds había emprendido, sin éxito, un primer intento para imponer la dolarización en el país, circa 1995. En su libro “De la ilusión al desencanto”, Juan Héctor Vidal relata que el propio Calderón Sol le habría confesado estar harto del acoso al que era sometido por Hinds y su séquito de promotores de la dolarización. En aquella oportunidad, la idea de dolarizar también había encontrado la oposición de Sebastián Edwards, a la sazón economista jefe para América Latina en el Banco Mundial. Esa correlación de fuerzas desfavorable a la dolarización cambió abruptamente bajo la administración Flores.
Lo menos que puede decirse de la decisión de dolarizar por parte del gobierno de Flores es que fue apresurada e improvisada. Poco tiempo antes de que el Presidente Flores hiciera el anuncio, el BCR había ordenado la impresión de una nueva familia de billetes de 500 colones, así como un nuevo diseño de billetes de 200 colones, y la acuñación de monedas de 5 colones. Los billetes de 500 colones y las monedas de 5 colones eran una verdadera novedad numismática. Se mandaron a hacer mil millones de colones en billetes de 500, doscientos millones de colones en los nuevos billetes de 200, y 147.2 millones en monedas de 5 colones. Esos casi 1,400 millones de nuevos billetes y monedas nunca salieron a circulación. Hasta la fecha, duermen el sueño de los justos en las bóvedas del Banco Central, junto a más de otros 6 mil millones de colones que han sido retirados de circulación desde 2001. Alguien en sus cabales no se va a hacer un elaborado peinado hoy, si piensa raparse mañana.
Pese a contar con la adhesión incondicional del gabinete económico de Flores -en el cual no había ningún economista- y con la docilidad genuflexa de la fracción legislativa de ARENA, la dolarización tuvo que salvar un último obstáculo para convertirse en Ley de la República. Quizá no muchos recuerden que la idea contaba con la simpatía de algunos miembros “renovadores” del FMLN, como Facundo Guardado, pero no con los votos firmes de los otros partidos de derecha. El Ejecutivo necesitaba desesperadamente ganar el apoyo del PCN para alcanzar la mayoría simple de 43 votos requerida para aprobar la iniciativa.
La oportunidad de oro para obtener los votos del PCN se materializó en un incidente fortuito acaecido el 26 de agosto de 2000, aparentemente inconexo con la dolarización. Ese día, bajo los efectos de un severo estado de intoxicación alcohólica, el ex–vicepresidente de la República durante la administración Cristiani y diputado del PCN, Francisco Merino López, arremetió a balazos contra una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC), hiriendo a la agente Flor de María Meléndez. Tras ofrecer resistencia a su arresto, Merino fue capturado y acusado de los delitos de lesiones graves, homicidio tentativo, amenaza agravada y daños a un vehículo de la PNC.
El 30 de agosto siguiente, la Fiscalía General de la República solicitó a la Asamblea Legislativa someter a Merino a un antejuicio, acusándolo formalmente de lesiones graves en la agente Meléndez, daños agravados en un vehículo policial y amenazas con agravación especial contra un vigilante privado, a quien habría encañonado con su pistola durante el incidente. El 4 de septiembre, la Comisión de Legislación de la Asamblea determinó que era procedente formar la Comisión de Antejuicio, la cual se instaló el 11 de septiembre. El 18 de octubre, la Comisión de Antejuicio presentó pruebas al pleno legislativo y el expediente volvió a la Comisión de Legislación. Esta dictaminó, el 8 de noviembre, que había lugar a formación de causa contra Merino.
El predicamento en que se encontraba Merino se tornó sumamente delicado. La gravedad de los delitos de los que se le acusaba y el bochorno público que rodeó el caso generaron un clima de opinión a tal punto adverso que incluso sus aliados de derecha se distanciaron de él. Tanto el subjefe de fracción de ARENA, Rodrigo Ávila, como el representante arenero en la Comisión de Antejuicio, Guillermo Gallegos, se pronunciaron por retirarle su fuero como diputado y encausarlo. El diputado Donato Vaquerano opinó que “no puede haber diputados pistoleros, borrachos y pendencieros”. El distanciamiento de ARENA respecto de Merino, sin embargo, se desvaneció tan pronto como el Ejecutivo se percató de que sin los votos del PCN la dolarización no pasaría de ser una quimera. ARENA y el PCN entablaron negociaciones y la madeja empezó pronto a desenredarse.
La noche del miércoles 22 de noviembre de 2000, el Presidente Flores anunció la decisión de darle un “golpe de timón” a la economía del país mediante la adopción del dólar como moneda de curso legal y unidad de cuenta en el sistema financiero, a partir del 1 de enero de 2001. Al día siguiente, Flores envió a la Asamblea el proyecto de la “Ley de Integración Monetaria”. En la sesión plenaria de ese mismo día, al filo de las 11 de la noche, ARENA dio sus votos al PCN para mantener el fuero constitucional a Merino y cerrar su caso. En la siguiente plenaria legislativa, el 30 de noviembre, el PCN se sumó a ARENA para aprobar la “integración monetaria”. El “golpe de timón” que el Presidente Flores pretendía se hizo finalmente posible por el “golpe de suerte” de la borrachera de un diputado. Merino quedó exonerado; el país, engrilletado.
De los 43 diputados que votaron a favor de la dolarización en aquella oportunidad, quince sobreviven en la actual legislatura. Cuatro de ellos han hecho modus vivendi como diputados propietarios de ARENA: Carmen Elena Calderón de Escalón, Roberto D’Aubuisson, Donato Vaquerano y Carlos Reyes. Otros dos (Juan Duch Martínez y Nelson Funes) son suplentes de ARENA. Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, diputado de ARENA en aquel momento, ahora milita en las filas de GANA. También estamparon su rúbrica en el decreto de dolarización ocho diputados del entonces PCN, ahora Concertación Nacional: Ciro Cruz Zepeda, Dagoberto Marroquín, Rafael Machuca, Antonio Almendariz, Rubén Orellana, Mario Ponce, Elizardo González Lovo y Francisco Merino. Asimismo, votaron a favor de la dolarización los entonces diputados Norman Noel Quijano González, ahora alcalde de San Salvador; Walter René Araujo Morales, actual magistrado por ARENA ante el Tribunal Supremo Electoral, y Rodrigo Avila Avilés, excandidato de ARENA a la presidencia de la República. Al defender el anteproyecto de dolarización, Norman Quijano aseguró que “no es inconstitucional, porque no es una dolarización, sino una apertura”.
La dolarización se erigió así como un ejemplo señero de la seriedad con la que en el pasado reciente se han diseñado e impuesto las políticas económicas en el país. “Los ciudadanos estarán en libertad de usar el colón o el dólar a libre voluntad, para pagar, recibir salarios y hacer cualquier transacción comercial”, explicó el Presidente Flores en su mensaje a la nación al anunciar la decisión de dolarizar. Es decir, los agentes económicos estarían en libertad de usar la moneda de su elección. La dolarización se camuflajeó como “bimonetarismo”. Fue otra de las mentiras del Presidente Flores, como lo atestiguan silenciosos los 7,500 millones de colones que reposan el sueño de los justos en las bóvedas del BCR.
*El autor es presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador
