El miércoles pasado El Faro publicó una nota en la que revelaba la existencia de un pacto entre las pandillas y el gobierno para reducir los índices de homicidios. Las investigaciones sostienen que este pacto incluía el traslado de líderes de las pandillas del penal de máxima seguridad a penales de menor seguridad, a mayores comodidades y a otros beneficios. Esa misma semana, la pasada, el promedio de homicidios se redujo más de la mitad.
El reportaje estaba basado en diversas fuentes de inteligencia de varias agencias del Estado, por funcionarios de gobierno y, en la calle, por jefes locales de pandillas.
Dos días después, el gobierno respondió con una conferencia de prensa del ministro de Seguridad, en la que negó la existencia de este acuerdo y dijo que una serie de acontecimientos aislados habían coincidido justo esa misma semana: el supuesto descubrimiento de un plan para atacar la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca con misiles Law (cuya procedencia se desconoce); la solicitud del obispo castrense para beneficiar humanitariamente a algunos reos (el obispo Colindres negó la versión del ministro) y el uso de las facultad de trasladar a reos que ya han cumplido una parte de su condena a una prisión de menor seguridad. Todo eso combinado con una efectiva acción policial, que fue, según el funcionario, la que logró en una semana lo que no se había logrado en tres gobiernos anteriores: disminuir a la mitad, repentinamente, el índice de homicidios.
Como parte de nuestro trabajo, llevamos mucho tiempo cultivando fuentes en muchos ámbitos, investigando quiénes protagonizan la violencia y el crimen organizado en El Salvador y consignando el resultado de nuestro trabajo en El Faro. Validamos las fuentes y también la información que nos dan, y solo así nos aventuramos a hacer una aseveración de dimensiones muy grandes, como la que hicimos el miércoles titulando que el gobierno negoció con pandillas. La información fue confirmada por muchas personas de diferentes círculos, que no tienen ni relación entre sí ni comunicación ni intereses comunes. Tanto como la hay entre un funcionario de gobierno, un agente de inteligencia y un jefe de clica.
El trabajo de un medio de comunicación serio implica mantener una posición crítica, sospechosa y exigente con el poder. Implica cuestionar las versiones oficiales y las de personas e instituciones con poder económico, político, militar o de cualquier otra naturaleza.
Hacer este trabajo en estados débiles como El Salvador supone poner en riesgo, a veces, más que la credibilidad y el prestigio. Al menos eso es lo que dice el Ministro de Seguridad. El General Munguia Payés sostuvo el viernes pasado una reunión a puerta cerrada con jefes y editores de medios de comunicación a la que no convocó a El Faro, para abordar nuestra información. Ahí les dijo que el trabajo de El Faro era muy arriesgado y que podíamos estar en peligro, y pidió que recordaran lo que le sucedió al documentalista Cristian Poveda.
El ministro Munguía tendrá información privilegiada de los riesgos o los peligros a que la nota en cuestión nos expone, pero de la misma manera tiene también muchos más elementos para garantizar nuestra seguridad, siendo el responsable nacional de ello. Le hemos hecho ya saber también que algunas acciones de acoso y vigilancia contra periodistas de El Faro han sido hechas por agentes del Estado.
A nuestros lectores y amigos, desde aquí, agradecemos todas las expresiones de apoyo y acompañamiento que hemos recibido estos días.
