Los principales líderes de las pandillas MS-13 y Barrio 18 difundieron la semana pasada un comunicado conjunto en el que respaldan la versión oficial sobre las negociaciones entre ellos, y niegan los contactos bilaterales que este periódico reveló y que hicieron posible el traslado, los pasados días 8 y 9 de marzo, de varios de sus líderes desde el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca hacia cárceles de menor rigor. En ese documento los líderes pandilleros insisten en su voluntad de “ser parte de la solución” a los problemas de violencia del país en los mismos términos que usó el obispo Fabio Colindres el día 20, cuando se presentó al país como mediador para un pacto de no agresión entre ambas pandillas.
Desde el traslado, los índices de homicidios a nivel nacional se han reducido entre 55 y 60 por ciento.
En El Salvador, uno de los países más violentos del mundo, una reducción de este tipo significa que hasta hoy, en un par de semanas, unas 200 vidas se han salvado, y eso es motivo de alegría y esperanza de que hay posibilidades para mejorar la situación de inseguridad que tiene a la población desesperada.
Pero pese a las palabras de arrepentimiento y denuncia, el documento de las pandillas no detalla el contenido de sus compromisos, no contiene demandas específicas, ni fija una hoja de ruta para avanzar en lo que califica de “proceso de reflexión” y de “camino de reconversión” hacia la “pacificación de El Salvador”.
El comunicado no esclarece, pues, las dudas que, el Ejecutivo primero, y los supuestos negociadores después, se han negado a resolver desde que el miércoles 14 dimos a conocer la existencia del proceso de negociación.
Con excepción del director de Centros Penales, que concedió una entrevista a este periódico, las máximas autoridades del país en materia de Seguridad Pública no han explicado al país su posición sobre este acuerdo y por qué mintieron en sus primeras versiones.
El Faro reafirma su exigencia de respuestas acerca de la naturaleza del diálogo entre el Ejecutivo y las dos principales pandillas del país. Los salvadoreños tienen derecho a saber lo que se negocia en su nombre y a participar en un debate público sobre las decisiones políticas de sus representantes en una cuestión tan delicada y trascendente como negociar con las poderosas pandillas MS-13 y Barrio 18.
Lo sucedido en los últimos días -el traslado de presos, la drástica disminución de homicidios, el anuncio de una mediación de la Iglesia Católica- es, por encima de las versiones contradictorias que vertió durante la última semana el ministro de Seguridad, responsabilidad del actual Gobierno. Si el proceso de negociación emprendido es un esfuerzo serio y coherente con la complejidad del problema de criminalidad del país y de la naturaleza y estructura de las pandillas, debe demostrarse en cada paso y en cada palabra de los participantes.
Es inadmisible y vergonzoso para el Gobierno de El Salvador que dos de los diez puntos de este comunicado de las pandillas estén dedicados a insultar el trabajo de El Faro y de su director y amenazarnos. Se trata de un paso más en la reciente escalada de acciones, provenientes de funcionarios y agentes del Estado, destinadas a atemorizar a El Faro y tratar de impedir que continuemos investigando y denunciando.
El comunicado se ha difundido desde las cárceles, en teoría bajo control del Estado, y como parte de un proceso de diálogo en el que el gobierno ha comprometido vehículos para traslados, funcionarios públicos y su voluntad política desde que en diciembre avaló los primeros contactos con las pandillas. Resulta imposible que este comunicado se haya difundido sin, como mínimo, la autorización de la Dirección General de Centros Penales. Interpretamos esa tolerancia como un aval tácito a las amenazas que contiene.
Las actuales circunstancias ponen a prueba el supuesto compromiso del presidente de la República, el ex periodista Mauricio Funes, con la libertad de prensa y de expresión. Queda ver si llegado este punto antepone sus intereses políticos, ejemplificados en su intento de las últimas semanas por mantener en secreto sus negociaciones con las pandillas, o la garantía de los principios de seguridad e independencia de los periodistas, incluso de aquellos que, por no alinearnos con el discurso oficial e intentar investigar qué hay detrás de él, contrariamos su estrategia y le somos incómodos.
Este gobierno guardó silencio durante dos días después de que El Faro reveló la existencia de las negociaciones, se deshizo después en versiones contradictorias y sus principales funcionarios se niegan a dar a este periódico una entrevista para explicar lo que está sucediendo. El presidente lleva más de dos semanas sin dar una sola declaración pública.
El Faro insiste en su exigencia de respuestas para la ciudadanía y de garantías de seguridad para nuestros periodistas. Hemos denunciado ya el acoso del que hemos sido objeto por parte de agentes del Estado, y reiteramos nuestra exigencia de que cesen, desde las instituciones, los amedrantamientos y los mensajes que solo pueden tener como objetivo silenciar al periodismo que les incomoda. Todas esas instituciones están bajo la autoridad del Presidente de la República.
A nuestros lectores, les reiteramos que seguiremos intentando descubrir los términos de la negociación como parte de nuestro intento por entender las dinámicas de la violencia que nos afecta; de la duda natural ante el discurso oficial y de la necesidad de preguntar para informar, que hemos profesado siempre.
