Guatemala, abril 11. La defensa del ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt (1982-1983), con base en recursos legales, mantiene paralizado el proceso en su contra y ha impedido a la Fiscalía presentar la acusación formal por genocidio, informó este miércoles una fuente judicial.
El juez del proceso, Miguel Ángel Gálvez, dijo que los defensores lograron que se suspendiera una audiencia programada para el jueves en la que la Fiscalía debía presentar las pruebas que posee contra Ríos Montt.
Explicó que una nueva audiencia se celebrará cuando estén resueltas al menos 13 acciones judiciales, entre las que figuran dos recusaciones de los abogados en su contra.
Gálvez, del Tribunal Primero de Mayor Riesgo, también reprogramó para el próximo 24 de abril otra audiencia contra Ríos Montt prevista para este miércoles, debido a un error de procedimiento, a la que éste fue con sus abogados.
En ella, el magistrado debía decidir si admitía o rechazaba un informe auspiciado por Naciones Unidas donde se documentaron 669 masacres durante la guerra civil guatemalteca (1960-1996) y se reconocen delitos de genocidio.
Esta fue la segunda audiencia suspendida contra Ríos Montt.
En el mismo proceso otros dos generales están involucrados: José Mauricio Rodríguez Sánchez y Héctor Mario López Fuentes, bajo arresto en el Hospital Militar, quienes ocuparon altos cargos durante el represivo régimen de Ríos Montt.
Según investigaciones, Ríos Montt implementó planes contrainsurgentes contra la población maya Ixil, en el noroeste de Guatemala, donde fueron asesinados mil 771 indígenas.
El ex gobernante, bajo prisión domiciliaria desde enero, tuvo un revés el pasado 1 de marzo cuando el juez Gálvez le negó el beneficio de amnistía, por considerar que el delito de genocidio del que la Fiscalía lo señala no está comprendido en esa ley, que fue aprobada en 1986.
El 26 de enero la jueza Patricia Flores le abrió formalmente un proceso al tramitar la denuncia de la Fiscalía.
En caso de ser llevado a juicio, sería el primer golpista de Guatemala en ser juzgado por delitos de genocidio durante la guerra civil que dejó 200 mil muertos o desaparecidos, según un informe de la ONU.
