Cuando resultó elegido magistrado de la Corte de Cuentas, el 16 de junio de 2011, José Andrés Rovira Canales era un ciudadano condenado al pago de 2 mil 100 dólares por anomalías administrativas durante su gestión como presidente del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL). Y esa deuda la siguió arrastrando en los siguientes 84 días en los que se estrenó como primer magistrado de la institución que vela por la transparencia y la buena gestión de los fondos públicos, hasta que un día de septiembre, ya sobre tres meses en el cargo, decidió pagar la multa y pedir el finiquito que lo declarara libre y solvente ante la misma institución que dirigía.
El magistrado, que también es presidente del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), dice no recordar por qué razón la Corte de Cuentas lo había condenado a pagar unas multas ante la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda. 'No, no recuerdo, eran unas observaciones que ya fueron solventadas porque lo que hice fue cancelarlas', dijo el 29 de marzo pasado, cuando se le preguntó en qué casos había pagado al fisco.
La multa que Rovira Canales dice haber olvidado nació en una auditoría a su gestión como presidente del FISDL, realizada desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2005. El informe de los auditores fue remitido a la Cámara Primera de Primera Instancia, donde jueces y fiscales de cuentas concluyeron el proceso con una condena por irregularidades administrativas durante su gestión. La sentencia data del 9 de febrero de 2009, cuando el ahora magistrado aún era miembro del gabinete de Antonio Saca (2004-2009).
En el lenguaje de la Corte de Cuentas, la responsabilidad administrativa es, por ejemplo, el incumplimiento a disposiciones reguladas en el Reglamento del FISDL y en la Norma Técnica de Control Interno como la elaboración de manuales de procedimiento, delimitación de funciones y líneas jerárquicas en la organización. Un informe de la Dirección de Auditoría Uno provocó, en 2004, la apertura de otro juicio de cuentas contra el magistrado Rovira Canales en la Cámara Quinta de Primera Instancia por esos motivos. Cuando fue elegido magistrado gracias a un acuerdo negociado bajo la mesa por el partido que preside Rovira y el FMLN, ese caso tampoco había sido resuelto y entonces, su evaluación y solución iba a quedar como tarea para los nuevos magistrados.
Cuando la Asamblea eligió a Rovira como primer magistrado, a Gregorio Sánchez Trejo como presidente de la Corte, y a Javier Tránsito Bernal como segundo magistrado, los tres sumaban más de 30 cuestionamientos a nivel de varias instituciones del Estado como la Fiscalía y la misma Corte de Cuentas.
Rovira Canales no es el único cuestionado por sus deudas pendientes con la justicia de cuentas. El magistrado Bernal, ex secretario de la alcaldía municipal de San Salvador y exdirectivo por el Ministerio de Hacienda ante el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) tiene el mismo reproche sobre sus espaldas. Él lo reconoce, pero matiza que eso no le impide, ahora, juzgar a otros funcionarios. 'El otro caso creo que todavía está pendiente pero no tiene mayor relevancia. En todo caso, estos no constituyen ningún impedimento para aspirar a un cargo', aseguró el 29 de marzo, cuando la Corte de Cuentas presentó su memoria de labores a la Asamblea Legislativa y cuando se retiraban fueron cuestionados por un grupo de periodistas en una conferencia de prensa.
'La Corte de Cuentas me pidió una información que no se entregó en tiempo, según los auditores. Entonces eso lo tomaron ellos como una observación en mi caso. Y siendo también miembros de la junta directiva del Registro Nacional de Personas Naturales aparece que, efectivamente, se estaba sustanciando un proceso en el cual yo estaba involucrado. En el caso este de cuando fui secretario fui absuelto en su momento'.
Palabras contra documentos. Los registros de la Corte de Cuentas consultados por El Faro contradicen la versión de Bernal. Una auditoría realizada entre el 1 de mayo y el 10 de agosto de 2006 concluyó en una condena de 900.18 dólares contra el ex secretario municipal. La condena por responsabilidad administrativa fue emitida por la Cámara Primera de Primera Instancia, pero Bernal presentó un recurso de apelación que debe ser resuelto por el tribunal del que ahora forma parte, que es la Cámara Segunda de Segunda Instancia, el máximo tribunal de cuentas en El Salvador.
Hasta junio del año pasado, justo antes de que asumiera el cargo de segundo magistrado, un segundo juicio de cuentas por sus actuaciones como secretario municipal –en la Cámara Tercera de Primera Instancia- en la que le atribuyen responsabilidad administrativa y patrimonial estaba pendiente de sentencia. Bernal es militante del FMLN, partido político que hasta antes de tener la llave para la elección de estos funcionarios tenía un discurso histórico de despolitizar la Corte de Cuentas. En su primera oportunidad de oro para traducir sus palabras en hechos, sus votos sirvieron para quitar a un dirigente pecenista, Hernán Contreras, pero cambiarlo por otros vinculados políticamente con Gana y el FMLN.
Un informe que recibió la Asamblea Legislativa antes de la elección de las nuevas autoridades de la Corte de Cuentas detallaba que un juicio de cuentas contra Bernal por su actuación como director del RNPN estaba pendiente de sentencia. Eso significa que cuando el efemelenista asumió la magistratura los tres juicios de cuentas estaban abiertos, sin una sentencia definitiva. Rovira Canales, quien también había presentado una apelación por la condena de 2 mil 100 dólares, dice que pagó para evitar el cuestionamiento de ser juez y parte.
La colecturía del Ministerio de Hacienda reporta que pagó la multa casi dos meses después de asumir el cargo, el 21 de septiembre de 2011 y, tres meses más tarde, el también cuestionado presidente de la Corte de Cuentas, Marcos Gregorio Sánchez Trejo, le entregaba el finiquito. 'Declárase al funcionario antes relacionado libre y solvente de toda responsabilidad para con el fondo General del Estado, en lo referente a su cargo y período de actuación antes citado', reza un documento del 20 de diciembre de 2011. Un finiquito es el documento que aprueba la gestión de un funcionario y Rovira Canales ya lo tiene.
Los detalles consignados en los juicios de cuentas no fueron aludidos por los tres magistrados de la Corte de Cuentas cuando, después de presentar su informe de labores a los diputados el 29 de marzo, dieron una conferencia de prensa.
La conferencia se enfocó sobre todo en un intento de los magistrados por demostrar que no había razón para que la Sala de lo Constitucional considerara ilegítimo su nombramiento por supuestamente no cumplir con los requisitos de honradez y competencias notorias que establece la Constitución. Un día antes de que presentaran su memoria de labores, el 28 de marzo, la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo por el que fueron elegidos los nuevos funcionarios.
Una ciudadana, María Olimpia Girón, quien había presentado su postulación para la presidencia de la Corte de Cuentas, denunció ante la Sala de lo Constitucional que los diputados ignoraron una serie de denuncias en la Fiscalía y juicios de cuentas que ponen en entredicho la honradez y competencia notoria para el cargo. Además, cuestiona por qué la Asamblea Legislativa se inclinó por candidatos con expedientes abiertos, en menoscabo de otros que no tienen causas abiertas. 'El derecho de defensa incluye el derecho a tener resoluciones motivadas por parte de las autoridades, especialmente aquellos procedimientos en los que se restringen ciertos derechos fundamentales, como optar a un cargo público', razonó la sala.
La subcomisión que formó la Asamblea para proponer al pleno los candidatos idóneos para el cargo, estaba presidida por la diputada efemelenista Zoila Quijada. Esta, al igual que el resto de diputados que analizaron los expedientes, estuvieron al tanto de las cuentas pendientes tanto de Sánchez Trejo como de Rovira y Bernal. Cuestionados sobre las razones por las cuales de todas maneras les dieron sus votos, los legisladores se limitaron a decir que los aludidos ya les habían dado explicaciones suficientes a ellos.
Ese es el contexto en el que los periodistas plantearon sus dudas. A continuación el intercambio que hubo entre los magistrados y los periodistas, días antes de que El Faro obtuviera una copia del finiquito que Sánchez Trejo firmó en favor de Rovira. El Faro inició pidiéndole al magistrado Sánchez Trejo que revelara si la Asamblea Legislativa había sido una institución a la que habían tenido que hacerle auditorías especiales, esas que se realizan por casos especiales como compras de automóviles, viajes no realizados o la donación de presupuesto sobrante de su ejercicio 2011.
¿A qué instituciones le han hecho auditorías especiales?
A nivel nacional hemos hecho.
¿Le han hecho este tipo de auditorías a la Asamblea?
Las auditorías de la Asamblea han sido programadas, ordenadas. Hay también auditorías que se hacen por denuncias.
En estas auditorías programadas que le han hecho a la Asamblea, ¿han revisado datos como viáticos, pasajes?
Sí, conlleva todo análisis que tenga que ver con los recursos del Estado. Lógicamente es una variable natural que tenemos que observar.
¿Encontraron irregularidades?
Mire, la realidad es que... yo sí puedo decirle que lo hemos auditado, pero no puedo darle un resultado de la misma porque soy presidente de la cámara y entonces no puedo adelantar criterio de lo que se ha observado. A veces hay observaciones que son de carácter administrativo por incumplir reglamentos o procedimientos y otras de carácter patrimonial. Normalmente lo que predominan son las responsabilidades administrativas.
¿Qué opinan ustedes de la admisión de la demanda de inconstitucionalidad sobre el nombramiento de ustedes como magistrados de la Corte de Cuentas?
Nosotros nos hemos sometido a un procedimiento en el cual hemos satisfecho lo que nos ha requerido la Asamblea Legislativa. Primero, no hemos sido notificados formalmente de esta resolución. Segundo, somos respetuosos de las instituciones y de sus fallos pertinentes. De lo que sí estamos convencidos es de que cumplimos con los requisitos con los mismos requisitos que la Asamblea nos pidió que presentáramos. Lo que sí me llama a reflexión es que las instituciones deben ser fortalecidas de su imagen y de los actores. En ese sentido estamos luchando por eso, estamos trabajando de forma transparente.
Usted mencionaba que no podía dar una valoración de una auditoría a la Asamblea porque es el presidente de la cámara, ¿esto significa que no hay informe definitivo sobre la auditoría a la Asamblea?
En este momento el dato, puedo decirle, que no hay en este... un informe definitivo. Parto de la base que pronto darle lectura del mismo.
¿Cuándo estaría este informe?
Parto de la base que el otro mes puede darse y entiendo que es un informe preliminar, no definitivo.
¿La Corte de Cuentas está investigando el donativo que hizo la Asamblea con lo sobrante de su presupuesto del año pasado?
Lo que sucede es que el coordinador general de auditorías dio su opinión al respecto, una opinión amplia, en la cual se dice que si se cumple las normas y los procesos es aplicable la donación. Entiendo que hay una auditoría interna que evalúa el procedimiento. En este momento parto de la base que no... si mi memoria no me falla, no tenemos una acción puntual sobre el tema. Pero oportunamente, en una auditoría planificada, que van por año, va a ser necesario que lo veamos como cualquier otro caso.
Según el artículo 195 de la Constitución es una atribución de la Corte de Cuentas 'vigilar, inspeccionar y glosar las cuentas de los funcionarios y empleados que administren o manejen bienes públicos'. Esto significa que la Corte es la institución que tiene como una de sus funciones principales velar porque los funcionarios no hagan mal uso de los bienes del Estado y no se enriquezcan ilícitamente. El jueves 29 de marzo, Gregorio Sánchez Trejo dijo frente a 84 diputados de siete partidos políticos diferentes que ellos, como magistrados de la Corte de Cuentas, querían garantizar la tranquilidad del sector político. El Faro le pidió que explicara por qué declaró algo que parece tan contradictorio con las funciones que le da la Constitución. Sánchez Trejo dijo inmediatamente que no le parecía contradictorio.
En su discurso frente a los diputados usted dijo: 'Queremos garantizar la tranquilidad del sector político', pero justamente su función es que el sector político no haga mal uso de las instituciones. ¿No le parece contradictorio a su función?
No, no me parece contradictorio.
¿Por qué?
Porque no existe ningún compromiso de alguna naturaleza que no sea dentro de la ley. Lo que queremos decir es que alguna vez se ha observado si la Corte de Cuentas ha manipulado las auditorías en función de un partido o en contra de un partido. Lo que queremos decir es que vamos a actuar de forma transparente, honesta y profesional. Lo que sí puedo aceptar es que me quedé corto. Aquí hay sectores sociales muy importantes y hay un compromiso de país. El compromiso es con el país, no es con ningún sector determinado. Nuestro compromiso es de país y quiero dejarlo claro.
Me gustaría conocer la opinión de alguno de los otros dos magistrados con respecto al recurso en contra de la elección. Uno de los puntos de la demanda es que algunos de ustedes tenían procesos abiertos, incluso en la misma Corte de Cuentas.
Andrés Rovira: En mi caso particular, tenía algunas observaciones que se solventaron, pero no tenía ningún impedimento de sentencias condenatorias que me impidieran optar al cargo, si no, definitivamente no hubiera sido posible porque a mí se me dio una constancia de que no tenía ningún impedimento de poderlo hacer. Cuando llegué a la Corte, lo que hice fue -a pesar que tenía el derecho de apelar a esas multas- cancelé las multas para no ser juez y parte, precisamente para tener la solvencia moral de decir que no me había prevalecido del puesto para quitarme esas multas. Las cancelé, a tal grado que tengo el finiquito de mi gestión cuando estuve como presidente del FISDL.
El presidente de Gana, Andrés Rovira, aclaró que ya tiene el finiquito que la institución a la que él pertenece le dio. Para el funcionario no había ningún problema con tener expedientes abiertos en la Corte y ser elegido como magistrado. Y explicó que para evitar señalamientos de utilizar su puesto para favorecerse a sí mismo, decidió pagar las multas por los señalamientos que le hizo la Corte. Hasta ahora ni la Asamblea Legislativa ni la Corte de Cuentas han abierto al público los expedientes que tenían abiertos los tres magistrados cuando fueron elegidos. A pesar de que Rovira sí sabía exactamente la cantidad de dinero que pagó por las multas, su memoria le falló a la hora de recordar cuáles fueron los señalamientos por los que pagó mil 500 dólares. Estas fueron su respuestas cuando El Faro le pidió aclarara la naturaleza de las observaciones que le hizo la Corte.
¿Cuántas multas tenía?
Dos o tres, algo así.
¿Sobre qué eran?
No, eran administrativas.
¿A cuánto ascendían?
Estamos hablando de unos mil 500 dólares.
¿Pero por qué lo multaron?
No, son observaciones que definitivamente se podían haber solventado pero yo no quise, ya que había sido nombrado magistrado, no quería que fueran a decir que yo me había favorecido del cargo para quitármela, por eso mejor...
¿Pero qué situaciones eran?
No, no, no eran multas administrativas.
Quisiera que explicara los casos concretos.
No, no recuerdo, eran unas observaciones que ya fueron solventadas porque lo que hice fue cancelarlas y ya se me entregó el finiquito de los cinco años que estuve como presidente del FISDL.
¿Pero eso fue posterior a su nombramiento?
Es que yo tenía derecho a apelar a esas multas, pero para evitar que se fuese a pensar de que yo era juez y parte por eso opté por cancelarlas al momento que yo llegué al cargo.
¿Pero las pagó después de haber sido nombrado?
Sí, pero no tenía ningún impedimento porque no había una sentencia condenatoria.
A la izquierda de Sánchez Trejo se encontraba Javier Bernal, quien hasta el momento había permanecido callado. Cuando le llegó su turno de enfrentar a los periodistas, con sus grabadoras y cámaras, respondió que aunque la Sala de lo Constitucional declarara inconstitucional su elección como magistrado de la Corte de Cuentas, no podrían ser removidos de los cargos porque solo estarían declarando inconstitucional el acto de la Asamblea.
¿Y usted qué piensa de esto?
Tránsito Bernal: Mientras no haya una sentencia condenatoria y ejecutoriada, en todo caso no es constitutivo... En el caso concreto mío, siendo secretario de la alcaldía Municipal de San Salvador, la Corte de Cuentas me pidió una información que no se entregó en tiempo, según los auditores. Entonces eso lo tomaron ellos como una observación en mi caso. Y siendo también miembros de la junta directiva del Registro Nacional de Personas Naturales aparece que, efectivamente, se estaba sustanciando un proceso en el cual yo estaba involucrado. En el caso este de cuando fui secretario fui absuelto en su momento. En realidad era una información que correspondía ser solicitada y entregada por la parte de los desechos sólidos y no de la secretaría de la Alcaldía. Y el otro caso creo que todavía está pendiente pero no tiene mayor relevancia. En todo caso, estos no constituyen ningún impedimento para aspirar a un cargo. En ese sentido considero que no puede ser cuestionado un requisito o un presupuesto para que la sala resuelva declararlo inconstitucional. Como el presidente dijo, la inconstitucionalidad es contra el acto de la Asamblea Legislativa, si remotamente llegara a resolver la sala a favor, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, como decía el presidente, porque cumplimos con los requisitos que acá internamente se establecieron y fuimos nombrados. Si el caso llegara a esa situación es con la Asamblea Legislativa y no contra nosotros, tanto es así que no hemos sido notificados porque no somos partes en el proceso.
¿Usted está diciendo que no los removerían de sus puestos?
La Constitución establece las causales de remoción de los magistrados y esa no es una causal. No sé si la resolución tendría ese alcance, no sé si la sala podría llegar a ordenar o a resolver sobre esa situación.
Pero cuando la Corte condenó a la Asamblea por haber nombrado mal a Moreno Niños en el Tribunal Supremo Electoral, a él lo removieron automáticamente y esto lleva el mismo camino en el procedimiento.
No sé si puede compararse el caso.
En ese momento el presidente de la institución decidió intervenir para argumentar por qué cree que él merece estar en el puesto. A partir de ese momento la conferencia se convirtió en una especie de entrevista al presidente de la Corte por parte de El Faro, el cual le pidió al funcionario que explicara cuáles habían sido los expedientes que tenía tanto en Corte de Cuentas como en el Tribunal de Ética Gubernamental.
Sánchez Trejo: Yo solo quiero hacer un comentario, y es que hay que hacer una reflexión con visión de país, porque la reflexión la hacemos bien puntualita, ahondamos en ella y creo que es nuestro deber también expresar algunos aspectos generales, por ejemplo, todos los funcionarios que han sido electos hasta la fecha han sido electos con el mismo criterio. O sea que esto lo que detecta es cuál es el fundamento para ocupar el criterio de competencia notoria y honradez notoria. Eso lo quiero determinar para dejar parámetros que en un futuro den fortaleza de control en la elección, pero todos han entrado igual, aún los mismos magistrados que actualmente integran la Sala de lo Constitucional, entraron bajo este parámetro y bajo los mismos procedimientos porque el artículo de la disposición pertinente ha sido para toditos, Procurador para los Derechos Humanos, Procurador de la República. Ahora, el caso ha tomado notoriedad porque una persona interesada en optar por ser magistrada y luego interesada en trabajar con nosotros, viene y se toma la labor, con derecho legítimo porque la ley se lo permite, de denunciar el caso puntual. Pero si usted revisa todas las variables de elección han sido bajo el mismo parámetro. En mi caso particular he tenido la fortuna y el compromiso de país de seis veces estar bajo una juramentación, ya sea como magistrado de Corte o como sea pero han sido los mismos parámetros. También hay otras variables que hay que ser cuidadosos porque los Acuerdos de Paz fueron muy sacrificados para garantizar los derechos fundamentales, que es la presunción de inocencia, lo que están haciendo y lo que estamos expresando es que en una instancia a usted le hacen una observación, entonces usted trata de evacuar en un informe preliminar, después trata de evacuar en un informe definitivo. Después sube a un juicio de cuentas en primera instancia pero en todo eso puede haber errores administrativos, errores de carácter técnico o manipulación del proceso. En mi caso particular, yo presenté mi solicitud para ser candidato a ser magistrado a las 12 del mediodía, a las 2:30 de la tarde me estaban notificando observaciones de la Asamblea, de la Corte de Cuentas, dos horas después que estaba optando, porque se corrió la versión de que si estaba observado no podía ser magistrado. Logré superar todas las acusaciones y no tengo ningún caso a nivel de primera instancia ni a nivel de segunda instancia, ni auditorías pendientes. Pero hay que enfocar bien, el tema es Corte, Asamblea. Nosotros no queremos ahondar en juzgar situaciones de carácter jurídico, lo que suceda lo vamos a acatar. Los tres estamos acá y no estamos evadiendo ninguna situación técnica sino que por el contrario estamos gozosos de estas observaciones y de las preguntas que ustedes han hecho.
Quería que me explicara de qué se trataba el juicio de cuentas por reparo que usted tenía en la Corte de Cuentas antes de que fuera presidente, esa fue parte de la información que llegó a la Asamblea.
No, no, no era un juicio de cuentas, era la observación de la entrega o no de un reglamento e inmediatamente comprobé que fue entregado y no pasó ni a asuntos menores. Asuntos menores es cuando eh, no hay reclamo administrativo patrimonial, no avanzó, gracias a Dios no avanzó. No hubo juicio de cuentas.
¿Y los dos casos que tenía en el Tribunal de Ética de qué eran?
No sé, pero fue una lista que llegó a la comisión especial que estudió las propuestas para magistrados a la Corte de Cuentas en la Asamblea, y ahí se decía que tenía dos casos abiertos en el Tribunal de Ética. Fíjese que no tenía ninguno. Si quiere, verifíquelo.
Esa es la lista que evaluó la Asamblea y analizaron los diputados.
Fíjese que no había ninguno y ustedes no están equivocados porque había un error y yo hice la observación pertinente de que se me había cargado algo que no me correspondía. Entonces lo subsanaron, era un error de dato, pero entonces había unos datos cargados a varios y en uno de esos datos hubo error, yo hice el reclamo y traje las constancias pertinentes y así lo desvanecieron.
¿Y de qué trataban los dos casos contra usted que estaban en la Fiscalía en el momento de su elección, según la comisión?
Pues fíjese que no tengo casos en la Fiscalía, no sé de qué eran...
¿También hubo error?
No, yo tampoco voy a pretender justificar algo así, mucho menos frente a este pleno de prensa. Pero no, fíjese. Se lo digo así, viéndola a los ojos. Además yo estoy calificando eso de error para ser hombre de buena fe, yo no sé qué pasó pero sí le puedo decir que no tuve juicios de cuentas y le puedo decir que fui absuelto, que fui sobreseído oportunamente, mucho antes de este proceso como funcionario público.
