El Salvador recibió este miércoles a dos ciudadanos chinos que estuvieron 10 años detenidos ilegalmente en la cárcel de Guantánamo, en Cuba, luego de que Estados Unidos los capturara acusándolos de ser terroristas y años después de que el Departamento de Defensa había recibido la orden de liberarlos.
La acogida en El Salvador se produce tras varios años de insistencia expresa de Estados Unidos al país centroamericano. Washington ya había solicitado a la administración de Antonio Saca recibir a una veintena de asiáticos que estaban detenidos en la cárcel militar de Guantánamo, pero el gobierno de Saca resistió esas presiones, tal como reveló El Faro en agosto de 2011.
Las dos personas enviadas a El Salvador pertenecen a la etnia uighur, según un comunicado del Departamento de Defensa, que explica que coordinó con el gobierno del presidente Mauricio Funes 'la transferencia' de los dos exdetenidos.
Los recién llegados a El Salvador fueron detenidos en Pakistán en 2002 por cazarrecompensas que cobraban 5 mil dólares por cada persona catalogada como sospechosa por Estados Unidos, país al que luego las entregaban. Después de pasar dos semanas en las cárcel militar de Kandahar, los chinos fueron trasladados a la base de Guantánamo. Seis años después, el 7 de octubre de 2008, una corte del Distrito de Columbia ordenó ponerlos en libertad: se les había demostrado que eran inocentes y que no representaban ninguna amenaza terrorista.
Los traslados a Guantánamo fueron parte de un operativo masivo de capturas ilegales en diversas partes del mundo, que incluían la utilización secreta de los espacios aéreos de varios países del mundo para trasladar a los sospechosos bajo características de secuestro. En algunas naciones como España la revelación de que el gobierno consentía esos vuelos generó tensiones políticas internas y en algunos casos hasta investigaciones judiciales.
Los Uighur son un grupo minoritario que habita en la parte oriental de la República Popular de China, una región donde el gobierno chino practicó en 2009 uno de los episodios de violencia étnica más recientes. Basándose en la detención de los 22 uighures en Guantánamo, el gobierno chino creía que sus ciudadanos eran parte de una guerrilla separatista y de corte musulmán y, por tanto, solicitaba a Estados Unidos su repatriación para encarcelarlos. El derecho internacional prohíbe que se extradite a personas a sus países de origen si se considera que pueden correr peligro. Estados Unidos, por tanto, debía buscarles un hogar sustituto y fue así como tocaron desde 2005 las puertas del gobierno salvadoreño.
La Cancillería salvadoreña justificó la decisión de aceptarlos argumentando que es una tradición de este país dar cobijo a personas que tienen problemas para permanecer en sus naciones. “Se trata de responder al refugio y exilio que nuestro pueblo vivió en décadas pasadas”, planteó un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Los cables diplomáticos de Estados Unidos filtrados por WikiLeaks revelan que el gobierno salvadoreño respaldaba de alguna manera la existencia de Guantánamo, según declaraciones de un diplomático a la embajada en julio de 2005: 'El Salvador entiende la necesidad y respeta el derecho de los Estados Unidos para mantener detenidas a personas en Guantánamo', dijo el funcionario salvadoreño a representantes del gobierno estadounidense en el país. En esa ocasión, el diplomático aseguró que El Salvador confiaba en que las autoridades estadounidenses 'podrían llevar a cabo las detenciones según el derecho internacional y con el respeto a los derechos humanos'. El Salvador, por tanto, se perfilaba como un buen país anfitrión para los chinos, por ser aliado, por no tener relaciones diplomáticas con China y, por el contrario, por ser un miembro del pequeño grupo que reconocía al gobierno de Taiwán. A ello se sumaba que el apoyo del gobierno de Saca daba a las operaciones en Iraq, país al que se enviaron varios contingentes militares para apoyar el proceso de pacificación en ese lugar.
Hasta ahora, El Salvador se había negado a recibir a los ciudadanos uighures. En un escueto comunicado, sin embargo, Relaciones Exteriores explicó el porqué de su aceptación esta vez: “Los dos solicitantes permanecían detenidos desde el año 2002 y sus casos fueron resueltos por las autoridades judiciales de los Estados Unidos, comprobándose su inocencia y siendo exonerados de cualquier cargo criminal. Atendiendo entonces estrictos motivos de solidaridad y actuando sobre todo con un sentido humanitario, El Salvador decidió aceptar sus solicitudes, colaborando así con la protección de sus derechos humanos y dando cumplimiento a tratados internacionales de los que El Salvador es firmante”.
Los cables de WikiLeaks también han perfilado a un presidente Funes deseoso de congraciarse con Washington. En septiembre del año pasado, El Faro reveló cómo el gobierno de Barack Obama hizo un trabajo de seducción a Funes desde cuando este ganó la elección de marzo de 2009. Fue tan eficiente el trabajo diplomático que ese mismo año, apenas tres meses después de iniciar su mandato, Funes ya estaba persuadido de enviar tropas salvadoreñas a Afganistán para apoyar las operaciones militares de Estados Unidos.
La nota del Departamento de Defensa no explica cómo ocurrieron las negociaciones con el gobierno de Funes, pero sobre el destino al que llegaron este miércoles las dos personas oriundas de China, aseguró que estas habían 'escogido libremente' establecerse en El Salvador, sin detallar por qué optaron por el país centroamericano.
