El país se ha ahorrado la vida de 56 personas en cada una de las seis semanas transcurridas desde cuando el gobierno aceptó trasladar a los principales cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) y del Barrio 18 desde el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Si se hubiera mantenido el promedio de homicidios que se llevaba hasta el 8 de marzo –día en el que iniciaron los traslados–, habrían fallecido 336 salvadoreños más entre el 9 de marzo y el 19 de abril.
La Policía Nacional Civil (PNC) cuenta 236 asesinatos en los 42 días que ya han pasado desde las reubicaciones de los líderes pandilleros. El promedio diario es de 5.6, un abismo por debajo de los 13.6 asesinatos diarios que, siempre según los datos de la PNC, el país registró desde el 1 de enero hasta el 8 de marzo. Con ese promedio de 13.6, El Salvador tendría 572 muertos en seis semanas, y no los 236 que se tienen.
En términos porcentuales la reducción entre el antes y el después de los traslados es del 59%.
Las pandillas MS-13 y Barrio 18 acordaron no atacarse mutuamente y suspender sus atentados en contra de policías, militares y custodios. El acuerdo, logrado con la mediación del obispo Fabio Colindres y del exdiputado efemelenista Raúl Mijango, se activó el día que el gobierno accedió a mover a una treintena de líderes a centros penales con medidas de seguridad más laxas. Un reportaje publicado por El Faro el 14 de marzo destapó las negociaciones, que fueron negadas tanto por el gobierno como por las pandillas. Sin embargo, desde esa fecha el Ejecutivo ha realizado una serie de concesiones, como el hecho de separar a los soldados de las labores de registro para ingresar en las cárceles o el anuncio de la construcción de 'parques especiales de inserción laboral' para pandilleros y sus familiares, peticiones ambas sugeridas en el comunicado conjunto que hicieron público las pandillas. Personal que trabaja en uno de los centros penitenciarios que albergan a pandilleros del Barrio 18 confirmó a El Faro, bajo condición de anonimato, que desde esta semana incluso se está permitiendo el ingreso de electrodomésticos, para mejorar las condiciones de los internos.
El 16 de marzo, en su primera comparecencia pública después de la publicación de El Faro, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, el general David Munguía Payés, atribuyó exclusivamente a la efectividad policial el descenso en los homicidios.
De mantenerse la tendencia, el general Munguía Payés cumpliría con creces su compromiso de reducir el 30% los homicidios para noviembre, cuando se cerrará el primer año de su gestión al frente del gabinete de seguridad. La meta se cumpliría incluso a pesar de que el año 2012 arrancó con números escandalosamente altos. Nunca en la historia reciente de El Salvador se había superado en dos meses consecutivos la barrera de los 400 asesinatos mensuales, como ocurrió en enero y en febrero.
Un dato significativo –y que invita al optimismo– es que con el paso de las semanas las cifras, lejos de aumentar, son cada vez más positivas. El promedio diario de homicidios que registra la PNC en los primeros 19 días de abril es de 4.84.
Un dato curioso. A pesar de que el presidente de la República, Mauricio Funes, alardeó en Cartagena de Indias (Colombia) ante los mandatarios de todo el hemisferio de que el sábado 14 de abril no había habido ningún homicidio, en realidad hubo uno, según los datos de la Policía. El cartel de “día sin homicidios en El Salvador” sigue sin estar adjudicado.
Y un dato a tener en cuenta. Entre las cinco o seis personas que fallecen asesinadas cada día desde la tregua sigue habiendo pandilleros, sobre todo del Barrio 18, atribuibles en principio a las tensiones internas y a los recelos que ha generado la histórica decisión de acordar un cese de hostilidades y entablar un proceso de diálogo indirecto con el gobierno.
A pesar de estas expresiones de violencia, las seis semanas de relativa tranquilidad permiten afirmar que el inédito acuerdo nacional entre la MS-13 y el Barrio 18 en general se está respetando; también el punto referido a no atacar a policías, militares y custodios. Las dudas, por lo tanto, giran más en torno a saber cuál es el alcance real de las concesiones hechas por el gobierno a los pandilleros, y también al uso real que estos estén haciendo de la tregua.
Pese a que el paso de las semanas no hace sino corroborar que el país atraviesa un momento histórico, el tema parece estar perdiendo peso en la agenda nacional. Este jueves Funes asistió en la Academia Nacional de Seguridad Pública a la clausura del curso de la nueva Unidad Antipandillas de la PNC y, cuando fue abordado por los periodistas, las primeras preguntas fueron sobre la candidatura presidencial del partido FMLN, sobre las negociaciones en la Asamblea para elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia y sobre las pensiones de los jubilados.
“¿Por qué ha habido necesidad de esta Unidad Antipandillas? Porque estamos frente a un flagelo que se ha convertido en uno de los flagelos más devastadores, y que son responsables del clima de inseguridad que vive el país”, respondió Funes, cuando al fin se le preguntó por el fenómeno de las maras.
