La tregua vigente entre la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18 es “algo histórico para El Salvador”, y una de sus consecuencias, la abismal reducción en la cifra de homicidios, es “una buena noticia, una muy buena noticia”. Las comillas encierran las expresiones de María Silvia Guillén, la directora ejecutiva de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), quien sin embargo muestra bastante escepticismo sobre la sostenibilidad del proceso iniciado el 8 de marzo, cuando el gobierno aceptó trasladar las estructuras de mando de las dos pandillas a cárceles con menores medidas de seguridad. “Esto puede terminar en un baño de sangre”, advierte.
Las opiniones de Guillén tienen un sólido sustento: por una parte, se trata de una de las abogadas más prestigiosas del país en el ámbito de los derechos humanos, al punto que hasta hace apenas unos meses era comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una de las piezas claves en el organigrama de la Organización de Estados Americanos; por otro lado, Fespad era un testigo privilegiado dentro del gabinete de seguridad hasta que el general David Munguía Payés asumió las riendas. La propia Guillén era miembro del gubernamental Consejo Académico de la Academia Nacional de Seguridad Pública. “Todo esto ya se intentó durante la gestión de Manuel Melgar, pero entonces se boicotearon los planes”, dice. La plática deja claro que no es, ni mucho menos, la primera vez que el gobierno intenta entablar un diálogo con las pandillas.
Fespad y otras organizaciones afines tienen unos planteamientos que, tan radicalizado como está el debate en torno al fenómeno de las maras, quizá no generen mucha simpatía en amplios sectores de la población. Pero su voz en esta coyuntura es sin duda una de las más cualificadas.
¿Fespad veía venir esta tregua o les agarró por sorpresa?
Fue sorpresivo, y lo fue porque este gobierno, en distintos momentos, había tenido sobre la mesa posibilidades reales de que algo así ocurriera. La última vez, si mal no recuerdo, fue en septiembre de 2010, cuando el padre Toño (Antonio Rodríguez, director del Servicio Social Pasionista) leyó aquel comunicado de las dos pandillas, y prácticamente lo quisieron aniquilar. Por eso resulta tan sorpresivo que el mismo gobierno ahora esté actuando así, aunque creo que este asunto, tan trascendente para la vida del país, todavía está demasiado oscuro.
¿Y la contraparte? Fespad y organizaciones afines trabajan con pandilleros o familiares. ¿No les llegó nada por ese lado?
Fíjese que no. Puede sonar increíble, pero no teníamos ninguna información, ni nosotros ni las otras organizaciones que hacen trabajo de campo. Hay que reconocer que se manejó de una manera muy hermética tanto de parte del gobierno como de las pandillas.
Uno de los mediadores, el exdiputado Raúl Mijango, dice que las conversaciones empezaron en septiembre de 2011.
Yo pongo en duda que este arreglo venga desde hace tanto tiempo, porque lo que sucede en los centros penales es relativamente transparente y tenemos relación con familiares de internos. Creo que todo ha ocurrido este mismo año.
Cuando El Faro destapó los arreglos, Fespad se pronunció antes incluso que el gobierno.
Sí, hicimos público un boletín de prensa que sigue estando vigente.
Ustedes llamaron a esto negociación, aunque el gobierno, las pandillas y los mediadores lo siguen negando.
Nosotros sí creemos que es una negociación. Algo así no se podría haber dado nunca sin la autorización del gobierno. No significa que el ministro haya ido en persona a negociar con los pandilleros, pero no es casualidad la vinculación del general Munguía Payés con los mediadores: el señor Mijango es su amigo y subalterno, y monseñor Colindres es el obispo castrense. Nada de lo que ha ocurrido podría haber pasado sin la anuencia del ministro y, obviamente, del presidente de la República.
¿Por qué genera rechazo la palabra negociación? No parece una palabra con una carga peyorativa, como lo sería rendición.
Históricamente en este país siempre ha habido anticuerpos a esa palabra, y ten en cuenta que siempre se ha dicho que jamás se iba a negociar con criminales. En lo personal la palabra negociación, aplicada a este caso, también me genera algún ruido, porque dejar de maltratar a los familiares en los registros para ingresar en los centros penales o dignificar las condiciones de higiene no es algo que se tenga que negociar; son derechos.
¿Por qué se ha llegado a la tregua en este momento y no antes, cuando a priori las condiciones eran más favorables?
La prevención, la rehabilitación, las condiciones más dignas en los centros penitenciarios… todo eso se intentó durante la gestión de Melgar (Manuel Melgar, ministro de Justicia y Seguridad Pública de junio de 2009 a noviembre de 2011), pero se boicotearon los planes. ¿No recuerda que hasta pidieron la destitución de Douglas Moreno (director de Centros Penales hasta febrero de 2012, hoy viceministro de Seguridad Pública)? Lo que ha cambiado ahora es que el general Munguía Payés tiene todo el apoyo del presidente de la República, y que, como entró con el discurso del militar haciendo seguridad pública, está bien posicionado ante ciertos sectores políticos y económicos.
Para trasladar a los cabecillas, el gobierno se escudó en que nadie puede cumplir más del 10% de su condena en un penal de máxima seguridad. ¿Tiene respaldo jurídico esa argumentación?
No, ese argumento no tiene lógica. Nosotros creemos que un interno no debería de estar por la eternidad en un penal de máxima seguridad, pero porque deberían brindársele condiciones de rehabilitación, evaluar permanentemente su situación y, fruto de esa evaluación hecha por un consejo criminológico, decidir su traslado a otro penal.
El gobierno también apela al humanitarismo para justificar algunas decisiones.
No quiero poner en duda la sinceridad del nuevo discurso, pero no entiendo el porqué del gran cambio. Fue de una semana para otra que ahora se reconoce el maltrato a los familiares en los registros o que no se puede tener indefinidamente a alguien en el penal de máxima seguridad. Todo eso desde hace años había sido denunciado por iglesias, por organizaciones y hasta por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pero se nos decía que favorecíamos a los criminales. Yo quisiera creer que hay sinceridad cuando se apela al humanitarismo…
¿Cree que para el gobierno esta tregua también fue sorpresiva?
No, no creo. Aceptar eso supondría que no tenían conocimiento de lo que se estaba dialogando.
El viceministro Moreno proviene de la órbita Fespad, pero su discurso público en este tema está siendo calcado al del general Munguía Payés. ¿Tiene alguna explicación?
Para mí Douglas Moreno ha sido una de las personas más coherentes que ha habido en el gabinete de seguridad…
¿… Y lo sigue siendo?
Tengo la percepción de que él ahora es coherente con el discurso… de su jefe. Aunque sí creo que Douglas está muy empeñado en lograr que los procesos de rehabilitación trasciendan y sean sostenibles.
Dejemos el gobierno de lado por un momento. Los líderes de las pandillas hablan de reinserción, de oportunidades, de perdón... ¿Le suenan sinceras esas palabras?
Uno puede creer en las personas concretas, pero las pandillas son complejas, y ellos no son las comandancias generales de la MS o de la 18. Las pandillas están muy atomizadas, y en cada territorio puede encontrarse una realidad diferente. Hay clicas que ya están insertas en el crimen organizado, y ha de haber gente de estructuras pandilleriles que no ve con buenos ojos los acuerdos que han tomado los líderes privados de libertad. Su reacción es uno de los temores que tenemos.
¿Por qué es tan importante transparentar este diálogo?
Porque no sabemos lo que está ocurriendo. De repente trasladan a los líderes, de repente sacan a los militares de los centros penales, de repente los retiran de las comunidades…
¿Pero la lógica no invita a pensar que una negociación así no puede hacerse con luz y taquígrafo? Son procesos delicados que en teoría buscan un bien común superior.
Sí, quizá sí, pero llega un momento en el que hay que dar explicaciones. ¿Por qué se retiran los militares de los centros penales? Eso debe explicarse, porque son acciones que desconciertan. Si fallara un milímetro lo que están conversando, podría terminar en un baño de sangre.
¿Cree al ministro cuando afirma que el 90% de los homicidios están relacionados con las pandillas?
Esa cifra no tiene sustento. Nunca el ministro ha podido comprobarla, y hasta hubo un momento en el que el ministro hablaba del 90% y algunos jefes policiales decían que era el 30-35%.
Pero el descenso en los homicidios tras la tregua ha sido de casi el 60%.
Por eso sospechamos que los acuerdos han incluido a estructuras criminales ajenas a las pandillas…
… O que carecía de sustento la afirmación de Fespad y otras organizaciones afines a la idea de que las pandillas no son las principales generadoras de violencia…
Es cierto que nos ha sorprendido que se haya bajado la cifra de muertos tan significativamente. Pero nosotros siempre hemos creído, y lo seguimos creyendo, que la criminalidad tiene su origen no solo en las pandillas, y en este país hay un afán, muy acentuado con este ministro, de culpar de todo a las pandillas. Apenas se habla de la criminalidad organizada, del narcotráfico.
¿Ese discurso no tiende a minimizar el accionar de las pandillas? En infinidad de comunidades son el poder local, y miles de vendedores informales están pagando renta.
Eso yo no lo pongo en duda.
¿Servirá esta tregua también para abrir los ojos de las organizaciones que llevan años diluyendo el accionar de los pandilleros?
Como Fespad al menos no hemos querido minimizar la gravedad del fenómeno de las pandillas, pero yo sí creo que el tema de los homicidios es diferente al de la renta, que es un hecho que afecta hasta al sorbetero de la esquina…
La renta se paga cuando la amenaza de muerte es real. No creo que sea tan fácil desligar una cosa de la otra.
Ahí no estoy tan de acuerdo, y me baso en las cifras policiales (anteriores a la llegada del nuevo ministro) que dicen que apenas el 30-35% de los homicidios están relacionados con pandilleros. Lo que sí está claro es que si la institucionalidad funcionara, no habría por qué especular sobre esto.
A juicio de Fespad, ¿son crimen organizado las pandillas?
Nosotros creemos que hay muchos pandilleros que no son parte del crimen organizado. Para nosotros el crimen organizado tiene que ver con estructuras que cuentan con el apoyo, el aval o la connivencia de estructuras de poder político o económico. Y por supuesto que hay clicas que tienen esos nexos, pero no creo que ocurra con todas.
Hablemos de prevención y rehabilitación…
Ese tema todavía como que no está muy claro en la cabeza de los funcionarios, porque los arreglos que están haciendo ahora como que están dejando a un lado los pandilleros que están en las comunidades. La rehabilitación y la prevención tendrían que enfocarse en esa gente, y no tanto en los jefes de las pandillas que están en los centros penales. Si eso no se hace, esto no tendrá sostenibilidad.
Fespad y otras oenegés aseguran que trabajan desde hace años en prevención y rehabilitación. ¿Por qué el gobierno no las ha tenido en cuenta?
Porque sería como reconocernos que teníamos razón. Desde hace 10-12 años venimos proponiendo un combate integral: prevención, represión y rehabilitación. Y hay modelos exitosos, como el del padre Toño o el del padre Pepe Moratalla.
Ni la colonia Montreal ni la comunidad Iberia son hoy ejemplos de convivencia y ausencia de violencia; al contrario, las pandillas están mucho más arraigadas que hace 10 años. ¿Puede hablarse de éxito?
Yo me refiero a éxito cuando se logra rehabilitar a personas que vienen de infringir la ley y que ahora quieren vivir otra vida.
Seguro, pero, ¿puede hablarse de modelo exitoso si por cada tres o cuatro que se rehabilitan la pandilla brinca a 20 o 30?
Eso ocurre porque todo está en contra: la Policía persigue a los jóvenes en rehabilitación, todo el sistema cierra oportunidades en vez de ayudar, hay un interés por desbaratar los esfuerzos, etcétera. Para que el trabajo que se hace en una comunidad funcione, tiene que haber todo un concierto comunal-municipal-nacional, porque la labor de una oenegé es como una gota de sal perdida en el espacio.
Quizá a la sociedad le falta madurez o información para asimilar el discurso de la rehabilitación cuando se habla de pandilleros.
Sí, así es. A veces hasta cuando uno habla con la familia siente ese rechazo.
¿Cómo conjugar ese rechazo social hacia los pandilleros con la sensación de que el Estado de alguna manera está premiando ahora sus actitudes delictivas?
Yo no lo veo así. Yo creo que lo primero es revisar qué es lo que pasó con toda esta juventud. En este momento de la historia vemos los efectos, que son todo este montón de muchachos metidos en la criminalidad, pero hay que preguntarse cuál es la causa. Y si hacemos una profundad revisión, saldrán responsabilidades sociales y responsabilidades familiares, pero fundamentalmente saldrán responsabilidades del Estado.
Y decisiones personales, porque hay casos de hermanos que, en idénticas condiciones, optaron por distintos caminos.
Sí, por supuesto. Pero vivimos en un contexto con mucha propensión a la violencia y un ambiente en el que a los jóvenes se les bombardea: usá estos zapatos, comprá en este centro comercial o comé esta comida, pero apenas se ofrecen oportunidades. Hay quienes se esfuerzan y sobreesfuerzan para salir adelante, pero hay otros, demasiados, que prefieren el camino fácil… aunque no sé si la pandilla es el camino fácil, porque hasta donde sé es un infierno. Creo que a todos nos toca revisar responsabilidades para saber cómo buscar soluciones. Lo que no voy a aceptar jamás es que unos nacemos buenos y otros nacemos malos.
El presidente llamó a un acuerdo nacional hace más de tres semanas. ¿Ha llegado algún llamado o invitación formal a Fespad?
No, para nada, ni siquiera informal. Ni nosotros ni el resto de organizaciones sabemos nada de ese acuerdo.
Vamos camino de las siete semanas de tregua. ¿Está usted sorprendida con la evolución del proceso?
La evolución está siendo una sorpresa muy positiva. Todos los días amanezco pensando que ojalá esto siga caminando, pero también sigo pensando que no puede ser que todos los días estemos preocupados de cuándo terminará.
¿Es sostenible?
No, en estas condiciones no es sostenible.
¿Por las dinámicas internas de las pandillas o por el mal manejo del gobierno?
Por todo. Ahorita hay una mezcla confusa de conductas que dicen mucho de lo frágil que es lo que está pasando. Si no se toman medidas urgentes e integrales para apoyar lo que ahorita está pasando, no le veo sostenibilidad. Y reitero que el punto de partida de un acuerdo nacional pasa por transparentar lo que se está haciendo.
No sabemos si será para bien o para mal, pero se han reforzado los liderazgos en las pandillas. Siendo pesimistas, ¿puede ocurrir que lo que salga de esto sea peor que lo que teníamos?
Es una opción. Y creo que es el temor que tenemos muchos. Si no se tiene un diseño claro para abordar todo esto, podría tener un final feo, y efectivamente podrían quedar muy fortalecidos los liderazgos. Con la tregua se ha abierto una oportunidad maravillosa, estamos sin duda en otro punto de inflexión en la historia del fenómeno de las pandillas, pero se está perdiendo el tiempo.
En un plano personal, ¿usted es optimista?
Ummm… ummm… ¿qué le puedo decir?
Su indecisión dice mucho…
Yo veo con sentido positivo lo que está pasando, es una oportunidad maravillosa, pero tengo la impresión de que no se sabe cómo seguir o de que se tiene temor a abrir espacios para que nos sentemos todos alrededor de una mesa a buscar soluciones.
¿Siente que la verdadera historia de lo que está ocurriendo aún no ha sido contada?
Esa historia aún no la conocemos, y no sé siquiera si la conoceremos algún día.
