La Cumbre de las Américas oficializó la preocupación generalizada del continente sobre la amenaza y el avance del crimen organizado y el fracaso de las estrategias emprendidas hasta ahora. Si bien los resultados fueron, como es costumbre, pocos y pococoncretos, la cumbre será recordada por algo atípico en estas reuniones: haber puesto en el primer lugar del debate público este problema, tratado hasta hoy en la periferia de poder en la región.
Ciertamente, el problema se ha vuelto tan complejo y tan grande que cualqueir solución debe ser regional, y debe partir por admitir que lo hecho hasta ahora ha sido poco efectivo y que el crimen organizado se ha expandido tanto que ahora es capaz de poner en riesgo a estados enteros. Este riesgo es especialmente grande en América Central.
El istmo está hoy sufriendo este problema debido a varios factores, entre ellos la debilidad institucional, la falta de recursos, la desigualdad y la poca capacidad de evitar las consecuencias de decisiones tomadas por otros países, particularmente Estados Unidos (sobre todo en lo que respecta a las políticas migratorias, a las políticas de combate al narcotráfico, las de tráfico de armas y, por supuesto, a la enorme demanda de drogas).
En ese sentido, las declaraciones de los presidentes de Guatemala y Costa Rica, en torno a encontrar algún camino que lleve a legalizar el consumo y tal vez incluso el tráfico de drogas, parecen más tener como objetivo llevar el problema al centro del debate -y presionar a Estados Unios para que se comprometa mucho más en la búsqueda de soluciones, proporcional a su responsabilidad en este problema- que desarrollar una estrategia coherente para lograr la legalización. Pero justo por eso, (y porque es incongruente tras su reciente negociación con las pandillas), el gobierno salvadoreño no debería oponerse a sostener este debate. Al fin y al cabo, ninguna solución al problema podrá ser efectiva si no es regional, porque el problema también lo es.
El problema del crimen organizado no se reduce al narcotráfico, y tampoco se soluciona legalizando el tráfico de las drogas; las organizaciones criminales se dedican a muchos otros negocios que incluyen tráfico de armas, tráfico de seres humanos, esclavitud sexual, sicariato, extorsiones, lavado de dinero, robos, evasión de impuestos, compra de autoridades etc….
Pero primero la región debería establecer claramente cuál es el problema que provoca el crimen organizado: ¿es acaso la violencia el problema que hay que solucionar a cualquier costo, como lo piden muchos latinoamericanos? ¿O es un engaño reducir a eso el problema, porque podría provocar otros peores?
Algunos países en Europa del Este y Asia, en los que el Estado ha pactado con el crimen organizado, han logrado efectivamente reducir la violencia, pero las organizaciones criminales controlan ya todo el Estado. El riesgo, pues, es que las estructuras criminales se vayan apoderando de la institucionalidad del Estado, que quedemos absolutamente a su merced.
Centroamérica, hoy, no tiene la capacidad de hacer frente a esto, y la voluntad política sigue siendo marginal a pesar de la dimensión del problema (En El Salvador, por ejemplo, el Ejecutivo ha hecho un pacto con las pandillas, que no están desvinculadas del narcotráfico; el Legislativo no ha demostrado ninguna voluntad para aprobar legislación esencial para el combate al crimen organizado, como la ley de financiamiento de campañas políticas o cambios drásticos y urgentes en la estructura de la Corte de Cuentas y el control de calidad de los candidatos a magistrados, jueces y fiscales).
El abordaje de la violencia y el combate al crimen organizado requieren establecer antes, y públicamente, las prioridades de la región. Y dada la gran velocidad a la que están penetrando los cárteles transnacionales, la situación exige mayor comunicación, capacidad de diálogo y concertación de políticas entre lso gobiernos de toda la región. Eso, o nos preparamos para un largo periodo de sometimiento a las mafias.
