Nicaragua vive una telenovela que arrastra al poder electoral al territorio del crimen organizado después del arresto del magistrado Julio Cesar Osuna Ruiz, acusado este lunes por narcotráfico internacional y crimen organizado ante el juez quinto de audiencia de Managua, Julio César Arias.
Fue una noche larga la del lunes, matizada por dimes y diretes entre algunos de los acusados, y por la distancia que tomó finalmente, después de horas de silencio, el Consejo Supremo Electoral (CSE) ante la captura de uno de sus más prominentes funcionarios.
Según el Ministerio Público, Osuna está involucrado directamente con Alejandro Jiménez “El Palidejo”, el narco costarricense enjuiciado en Guatemala por ser el autor intelectual del asesinato de Facundo Cabral el nueve de julio de 2011.
Rodeado por 12 miembros de las tropas especiales, armados hasta los dientes y encapuchados, Osuna Ruiz, aún con el short camuflado y la sudadera blanca del día de su captura, negó con la cabeza los principales puntos de la acusación.
Era una sombra del violento funcionario que el seis de enero de 2009 disparó contra la casa de un contratista del CSE, Mario Chow, quien financió 507 mil dólares para la compra de un avión del presidente del tribunal, Roberto Rivas Reyes, valorado en 1.2 millones de dólares, otro de los escándalos que nunca fue explicado por las autoridades electorales.
Llevaba millones a Costa Rica
Además de señalar a Osuna como quien proveía de identidad nicaragüense a los narcotraficantes de la red de El Palidejo, el Fiscal lo acusó de trasladar el dinero sucio de la organización hasta Costa Rica en vehículos que tenía asignado por el tribunal electoral.
“Llevaba dinero de la organización obtenido por el narcotráfico. En el caso de José Francisco Somarriba, conductor de confianza y escolta del magistrado, tenía misión de viajar a Honduras, de recibir y transportar hacia Nicaragua el pago por honorarios de transporte de droga, entregaba cargamento de dinero al magistrado en el hotel Plaza Guanacaste, ubicado en carretera a Masaya y después el funcionario lo transportaba a Costa Rica”, declaró el Ministerio Público.
El fiscal dijo, ante un auditorio que aún no salía del asombro, que en maletas, acompañado de un narco al que únicamente identifican como “José”, el funcionario electoral llegó a trasladar hasta un millón de dólares.
“La cantidad de dinero, según la información, oscilaba entre 700 mil y un millón de dólares que lo trasladaba en maletas. En una ocasión, Julio Osuna sacó su pasaporte diplomático en un retén policial, manifestando que andaba en funciones propias de su trabajo como magistrado para evadir la requisa. El dinero era entregado en el paseo Colón en Costa Rica”, recapituló la Fiscalía.
Con “José”, el magistrado tenía muchos planes según el fiscal: abrir negocios que pudieran ocultar la verdadera procedencia del dinero, uno de ellos un casino en Rivas. Quería adquirir propiedades, pero todo terminó mal cuando se perdió un dinero y, por eso ante la desconfianza, “después (Osuna) se quedó trabajando en la facilitación de cédulas nicaragüenses a cambio de dinero narco”.
El nexo de Osuna con el PLC
La política también está presente en esta historia. Si por un lado en el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) se distanció igual del magistrado, quien además es hermano de Haydée Osuna, presidenta de ese partido, el abogado del ex Presidente Arnoldo Alemán, Mauricio Martínez, es el defensor del conductor del funcionario, el que viajaba a Honduras.
En un momento dado, en una confusión de roles durante el juicio, Martínez alegó que Osuna no debió ser detenido por su condición de inmunidad, lo que motivó que el juez Arias le preguntara si era el defensor del magistrado o del conductor de éste.
Para hacer las cédulas, a nivel interno del CSE, el funcionario tenía a su asistente Carolina González, uno de sus hermanos, Francisco, y a una gestora María Isabel Rayo Orellana.
La gestora recibía entre mil y 1500 dólares por cédula, según el fiscal, y la asistente Carolina González entre 200 y 300 dólares por documento.
“(La gestora) solicitaba como único requisito dos fotos tamaño carnet, posteriormente contactaba a Julio Osuna y éste al hermano de éste conocido como Chepón. Valiéndose de su cargo, entregaba un formulario de reposición de cédula de identidad y entregaba una lista de fallecidos al asesor legal de su despacho y una vez recibidos entregaba los documentos al operador de una fábrica que elaboraba las cédulas con una nota de autorización directa del magistrado. La impresión se realizaba en tres días”, explicó el fiscal.
Lo defiende abogado de narcos
Durante la audiencia, el abogado del magistrado, Álvaro Chica Larios, pidió que el hermano del magistrado fuese remitido al Instituto de Medicina Legal, porque tenía problemas siquiátricos, mientras para el funcionario alegó la inmunidad amparado en el nombramiento ante la Asamblea Nacional, y en el decreto de la continuidad en los cargos que promulgó ilegalmente el presidente de la República Daniel Ortega.
Chica Larios es un conocido abogado de narcotraficantes. Tensión al momento de que los acusados hablan. A una fila de Osuna, en la misma audiencia de este lunes, se encontraba Carla Fariñas, la hermana del empresario de clubes nocturnos Henry Fariñas que habría servido como testigo para que El Palidejo lograra su cédula nicaragüense bajo el falso nombre de José Treminio Díaz.
Esa transacción ocurrió en 2008, y la documentación le permitió al narco sacar un pasaporte nicaragüense según el fiscal. La Policía insiste en que las relaciones de Fariñas con El Palidejo eran buenas hasta antes que el nicaragüense se le fuese arriba con un cargamento, lo que motivó el atentado en que murió Cabral.
En la acusación contra el empresario de clubes nocturnos, el informe policial decía que El Palidejo y su lugarteniente el colombiano, Francisco García, alias El Fresa—ambos acusados en este caso-- había recomendado a Fariñas para que trabajara con el cartel mexicano los Charros a los que le entregarían la droga que traían desde Costa Rica para que éstos las llevaran al norte del continente.
Lo hunde hermana de Fariñas
Cuando Osuna tomó la palabra, todos los ojos estaban dirigidos hacia él. Carla Fariñas se puso iracunda apenas escuchó que él empezaba su discurso hablando de la buena fe de su acción. Ella le espetó: “Recuerde que ése fue un favor a cambio de una reposición de una partida de nacimiento a una de mis hermanas”.
La grieta entre ambos era tan inmensa que el mismo juez Arias debió recomendarles silencio, y luego decirles que se pusieran de acuerdo para el proceso que apenas inicia, que terminó ayer lunes con prisión preventiva para todos, incluyendo al funcionario electoral, al que el juez dijo que no le constaba el privilegio de la inmunidad, por lo que mandó a pedir información ante la Asamblea Nacional.
Un silencio recorrió la pequeña sala de audiencia cuando el juez decidió suspender la tramitación de la audiencia a la espera de la información de la Asamblea y el respectivo levantamiento de la inmunidad, lo que puede durar meses, lo que entre los presentes era interpretado como que quedarían libres los diez procesados presentados ante el judicial.
Sin embargo no fue así. Todos seguirán detenidos a la espera de un juicio que los expertos llaman de tramitación compleja y que incluye un seguimiento e investigación en otros departamentos del país, entre ellos Rivas, al sur de la capital, precisamente en la frontera con Costa Rica.
Osuna Ruiz escuchó atento las 41 páginas de la acusación. A unos kilómetros de distancia, el presidente del CSE, Roberto Rivas Reyes, tomó distancia pese a que desde hace años se viene denunciando la emisión de cédulas a favor de delincuentes, un negocio redondo tras bambalinas.
Rivas se distancia de magistrado Osuna
El presidente de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), el magistrado Roberto Rivas, negó que ese poder del Estado fuese “apañador de delitos”, en referencia a que ya en el pasado se habían denunciado otros casos de emisión de cédulas de identidad.
Rivas dijo que Osuna todo lo hizo por su cuenta. Mencionó que Osuna hace dos semanas había “solicitado dos trámites especiales de cédulas que fueron denegados”.
Entre los otros casos de cédulas a narcos o terroristas, está la que fue concedida al guerrillero colombiano Alberto Bermúdez, alias “El Cojo”, un alto miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el que en su momento fue percibido por Rivas como un ataque al CSE.
“No hay ningún documento en el mundo que sea cien por ciento seguro, ni siquiera en los Estados Unidos”, intentó defender.
El funcionario agregó que no hay nadie más del CSE involucrado en la entrega de cédula al “Palidejo”. “El CSE es un facilitador de la Policía Nacional, y pueden venir a investigar la oficina de cedulación y la de Osuna”, dijo el magistrado de facto.
Socio de Los Charros
El nexo con el crimen organizado del magistrado Osuna había salido a relucir en un trabajo periodístico de LA PRENSA, donde se probó el pasado 3 de mayo que Osuna era socio de David Patrón Arce, cabecilla del grupo de narcos conocido como Los Charros a quienes Henry Fariñas le entregaba la droga que El Palidejo mandaba desde Costa Rica, según las autoridades.
*Este artículo fue publicado originalmente en Confidencial
