Un año después de que entrara en vigencia la ley que obliga al Estado a poner a disposición del público prácticamente toda la información sobre sus actuaciones -incluida la administración de instituciones y el uso de fondos públicos-, el principal incumplimiento es el de la Presidencia de la República, que lleva seis meses de retraso en el nombramiento de quienes actuarán como jueces en caso de conflicto en peticiones de información.
Al incumplimiento del presidente Mauricio Funes se agrega la emisión de un reglamento -también por parte del gobernante- que creó restricciones en el acceso a la información pública que no están contempladas en la ley, lo que dio motivo a que el mes pasado fuera demandado ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) entró en vigencia el 8 de mayo de 2011, pero aún sin el mecanismo clave que permitiría garantizar que el derecho de los ciudadanos a la información en poder del Estado sea una realidad. Hasta ahora, el público ha podido hacer solicitudes de información basándose en que la normativa establece como uno de sus principios que toda la información generada por el Estado es pública, salvo algunas excepciones. Sin embargo, hasta ahora no ha existido una entidad que dirima conflictos cuando a la persona solicitante le sea negada la información que requiere, ya que la ley dio un plazo de un año para la vigencia plena de todos los mecanismos y garantías.
A partir de este lunes, 7 de mayo de 2012, todas las instituciones estatales y no estatales que manejan información pública están obligadas a publicar un cúmulo de información como contratos y licitaciones, sin necesidad de que haya peticiones del público para que la presenten. Esa información básica se llama 'información oficiosa' en la normativa. Asimismo, a partir de este lunes, toda persona tendrá el derecho de usar un necamismo de petición de información no oficiosa, y las instituciones estatales estarán obligadas a responder. Para el caso en que se desata un conflicto entre la persona peticionaria y la institución a la que se ha requerido información, la LAIP ordenó la creación de un instituto de acceso a la información, que estará formado por cinco comisionados que serán los que determinarán quién tiene la razón. El problema es que el instituto aún no existe porque el presidente Funes ni siquiera ha nombrado a sus integrantes, que debieron haber sido investidos como tales el 4 de noviembre de 2011, es decir, 180 días después de que la ley entrara en vigencia.
Hace un año, en marzo de 2011, la Asamblea Legislativa, con el concurso de todos los partidos políticos y empujada por una iniciativa del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y Fusades, a las que posteriormente se sumaron otras seis instituciones -incluyendo este periódico-, aprobó la LAIP después de un año y cinco meses de haber recibido la propuesta del Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública.
La ley da vida a los 'entes obligados', que son todas las dependencias estatales -y en algunos casos pueden ser instituciones privadas- cuya administración y actuación debe quedar a la vista del público para que este pueda escrutar lo que hacen y cómo lo hacen. Están incluidas las oficinas de los tres Órganos fundamentales del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), la Fiscalía, las procuradurías y las 262 alcaldías del país. Esta instituciones deben publicar a partir de este lunes toda la información oficiosa detallada en la ley, con acceso gratuito y sin restricciones -salvo las determinadas en la LAIP-. Asimismo, establece que no hace falta que alguien justifique la petición de información para hacer una solicitud a los entes obligados.
La ley ordenó que la sociedad, organizada en cinco sectores, se pusiera de acuerdo en proponer al presidente de la República cinco ternas de candidatos a dirigir el Instituto de Acceso a la Información, y al presidente le ordenó que escogiera de las ternas a los cinco comisionados.
El primer incumplimiento importante a la ley ocurrió el 5 de septiembre pasado, 120 días posteriores a la vigencia de la ley. Ese era el plazo que tenía Funes para tener el reglamento a la ley. Lo presentó dos días más tarde. Ese reglamento también iba a detallar el proceso para nombrar a los cinco comisionados, que debieron haber estado seleccionados por Funes el pasado 4 de noviembre. Se llegó esa fecha y tampoco la atendió. Hasta este domingo 6 de mayo, los comisionados aún no han sido nombrados. Con eso, la institución garante del respeto a la ley y al derecho a la información, no existe. Incluso, si el gobernante nombrara a los comisionados este lunes, estos aún tendrían que organizarse y definir mecanismos de trabajo antes de poder atender prioritariamente reclamos.
El gobierno no convocó a tiempo a los sectores que según la ley proponen las ternas, y esto solo se hizo hasta enero, cuando cada sector realizó sus asambleas de elección. El presidente recibió los 30 nombres (tres propietarios y tres suplentes en cada sector: los profesionales, los empresarios, los sindicatos, las universidades y los periodistas) el 3 de febrero y a partir de entonces le corrió un mes de plazo para hacer los nombramientos. Ya transcurrieron dos meses -con el nuevo plazo distinto al original- y todavía no existe el Instituto.
Sobre la publicación de la información oficiosa, el subsecretario de Transparencia adscrito a la presidencia de la República, Marcos Rodríguez, asegura que los órganos Legislativo y Judicial y 73 oficinas pertenecientes al Ejecutivo han anunciado que cumplieron con su misión y dicen estar listos para poner a disposición del público, en internet y en oficinas físicas, la información que debe estar disponible: presupuestos, salarios, nóminas, compras, adquisiciones, viajes, viáticos...
Que las 262 municipalidades estén capacitadas para enfrentar el reto de abrir la información de sus gastos es una incógnita, y quien debería exigir que estas instancias cumplan la ley no podrá hacerlo porque no ha nacido. No existe y por lo tanto no tiene cabeza. Todo por el retraso del presidente Funes.
“Nosotros hicimos todo el proceso de convocar a la sociedad civil, representada en los diferentes gremios, entrevistas a los candidatos, coordinar la elección de las ternas... ahora todo está en manos del presidente”, responde el subsecretario de Transparencia cuando se le pregunta sobre el retraso en la instalación del Instituto.
Rodríguez pide que la ausencia del ente rector no opaque un escenario inédito para el país. “Por primera vez existirá un sistema de información abierto al público. Son 73 instancias del Ejecutivo, incluida Casa Presidencial, las que están coordinadas en este sistema. Que hay un atraso, lo hay, pero eso no debería opacar este momento que para mí es histórico”, dice Rodríguez.
Su petición, sin embargo, no cuaja para aquellos que participaron en la creación de la ley. Dadas las señales que dio el Ejecutivo en el último año, que ese sistema del que habla Rodríguez nazca sin un árbitro, abre la puerta para que el comportamiento del Estado sea el de obstaculizar y no el de propiciar la apertura de la información. Para el Grupo Promotor, la principal señal fue que el reglamento que emitió Funes otorga nuevas razones a los funcionarios para denegar información. Razones ajenas a las que establece la normativa.
Quizá la que más sorprenda es una categoría para la prohibición en donde parecen caber todas las letras del abecedario. Si la ley ya estipula que no será pública aquella información que por su carácter afecte la seguridad nacional o que por su sensibilidad deba ser catalogada como reservada, en el reglamento, el departamento jurídico de Casa Presidencial le propuso a Funes crear una nueva figura llamada “Seguridad Política”, que también sería una causa de veda. Y Funes aceptó, firmó el reglamento y mandó publicaralo en el Diario Oficial.
Según el reglamento, la seguridad política es “toda acción o actividad, directa o indirecta, que realizan los funcionarios de alto nivel, tendientes a defender el orden público, la organización política del gobierno y sus instituciones, así como toda actividad que tenga por objetivo gobernar y dirigir al Estado, o al buen desarrollo de la política gubernamental, incluyendo las actividades destinadas a proteger de las amenazas contra la legitimidad, reconocimiento y la autoridad del gobierno que desencadenen circunstancias de inestabilidad política, corrupción e ingobernabilidad política, entre otras”. Toda información que pueda caber dentro de esos conceptos será considerada, también, reservada, prohibida para el público.
Javier Castro, director del Departamento Legal de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), es de los que consideran que ese artículo lo que hace es abrir puertas a la discrecionalidad. “El problema es que ese término no termina de explicarse, y en él cabe de todo. ¿Qué es la seguridad política?”, dice Castro.
En el reglamento también hay otras prohibiciones que van más allá de las que estipulaba le ley. Por ejemplo, la ley abre las puertas para que se conozca el salario de un empleado o funcionario con respecto a su cargo o a su plaza dentro de cada institución. Una herramienta que ayudaría a descubrir, por ejemplo, las plazas fantasmas en las dependencias del Estado, al hace una relación del nombre de la persona contratada con sus posibles parentescos familiares o afiliaciones político partidarias. Como fue el caso de las plazas que Arena tenía en el Centro Nacional de Registros, en donde había familiares de ex presidentes e incluso diputados del partido; o en la Asamblea Legislativa, en donde fue contratado el hijo de ex diputado del PCN Elizardo González Lovo.
Pero el Ejecutivo, en el reglamento, dijo que para las plazas podrá conocerse la denominación del cargo, la categoría salarial, la forma de contratación, la remuneración mensual, las dietas y gastos de representación, “por lo cual, no será necesario aclarar el nombre de la persona que se encuentra en dicho cargo. Basta con que se denomine el cargo al cual se otorgan dichas remuneraciones”.
Para Claudia Umaña, una de las impulsoras de la aprobación de la ley, desde el Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información, otro de los antecedentes que llaman la atención del Ejecutivo es que el reglamento, contrario a lo que estipula la ley, le otorgó la facultad al presidente de desestimar a los candidatos que la sociedad propone como comisionados del Instituto de Acceso a la Información.
“Que no existan comisionados nombrados, ese reglamento, y que el Órgano Ejecutivo no haya incluido en su propuesta de presupuesto general de la nación para este año una partida para la nueva institucionalidad que nace con la ley -es decir, recursos para al Instituto-, esas ambigüedades y contradicciones, son símbolos de poco apoyo a la ley y su cumplimiento”, dice Umaña.
Umaña y otros ciudadanos que participaron en el Grupo Promotor que impulsó la aprobación de la ley, pusieron una demanda de inconstitucionalidad en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 'Un reglamento no puede sobrepasar a una ley, y este reglamento intenta ir más allá en materia de prohibiciones y restricciones que las que la ley misma estipula', cierra Umaña.
¿Dará un giro Funes?
El 31 de julio de 2009, con motivo de celebrarse en El Salvador el día del periodista, Funes publicó un campo pagado en La Prensa Gráfica en el que rubricaba su discurso de apertura. Decía que las puertas de Casa Presidencial iban a estar abiertas para el escrutinio público, porque consideraba que toda limitación en el acceso a la información constituía censura, algo que él había combatido cuando fue entrevistador.
Entre julio y agosto de 2009, dos meses después de que Funes asumiera el cargo, Casa Presidencial comenzó a utilizar los servicios de una agencia de publicidad creada en julio de ese año, cuyo propietario era el amigo y director de la campaña presidencial de Funes, el brasileño Joao Santana.
La empresa se llama Polistepeque y para el último trimestre de 2009, Funes incluso ordenó a varios ministerios y dependencias adscritas del Ejecutivo para que contrataran a esa empresa y no otra, aduciendo que en el país no había nadie que hiciera una mejor publicidad que la que prometía Polistepeque. La empresa de Santana, que nació con cliente, ganó los contratos de Casa Presidencial desde el 2009 y se desconoce hasta cuándo laboró para el gobierno y cuánto le facturó. El Faro hizo pública esta relación en enero de 2010. Desde agosto de 2009, sin embargo, el presidente Funes se comprometió públicamente, previas solicitudes de información enviadas por este periódico, a transparentar sus cuentas de publicidad y a dar la información para conocimiento de la ciudadanía. Según dijo, aunque sí gastaba en publicidad, su gasto era infinitamente menor al de los gobiernos que le precedieron.
Para enero de 2012, Polistepeque se supone ya había cerrado sus puertas en El Salvador.
Las sombras de conflictos de interés en la administración Funes se extienden también al campo de la seguridad privada, con un notable incremento en las millonarias contrataciones que la empresa de seguridad Cosase (propiedad de uno de sus amigos más cercanos: Miguel Menéndez, “Mecafe”, ex presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones) ganó desde que Funes llegó al poder, en comparación con lo que ganó durante la administración del ex presidente Antonio Saca, según se recoge en los registros dispuestos al público por Hacienda.
El gobierno y los funcionarios del gobierno de Funes, al compararlo con el de Saca, demostraron en sus primeros dos años una notable propensión para negar información que debería ser pública, según arrojó un ejercicio de medición de transparencia realizado por El Faro entre el 2009 y 2010. En diversas instancias adscritas al Ejecutivo, los funcionarios de Funes se negaron a entregar información que ahora, con la ley, estarían obligados a entregar de manera oficiosa o previa solicitud de información. Y el tema del gasto en publicidad ha sido, como lo fue en el gobierno de Saca, el principal ejemplo de la poca transparencia en el manejo de fondos públicos.
A la fecha, el gasto de publicidad, lo que Casa Presidencial dirigida por Funes y otras oficinas de gobierno pagaron a Polistepeque es un secreto que con la ley debería develarse.
-En este sistema que se abre, ¿podremos encontrar al fin cuánto ha gastado la Presidencia en publicidad? –preguntamos a Marcos Rodríguez, subsecretario de Transparencia.
-Tendría que aparecer, en presupuesto y ejecución. Tendría que aparecer. Y lo que no aparecerá, supongo… Ahora, una cosa: nosotros no somos los responsables directos de Casa Presidencial. Casa Presidencial en este sistema es una de las 73 oficinas del ejecutivo con Oficina de Información y Respuesta. Entonces, tendría que aparecer el monto de lo que se ha gastado. El rubro. El elemento básico que permita solicitar información más específica, sin alguien no se siente satisfecho.
Hoy por hoy, Casa Presidencial es una institución con grandes deudas en la publicidad de sus gastos en los pocos instrumentos habilitados sin la ley de acceso a la información. Por ejemplo, en el Módulo de Divulgación de Contrataciones y Compras habilitado en línea por el Ministerio de Hacienda, la Presidencia de la República solo registra –desde que entró Funes al gobierno- 14 procesos de compra de bienes o servicios a terceros. De los 14, solo uno registra el proceso final de la compra: el monto de lo pagado y la empresa contratada.
-¿Cuán detallada estará la información en el nuevo sistema? ¿Podremos, por ejemplo, saber cuánto gastó la Casa Presidencial en remodelación de la residencia presidencial, como ocurrió en México, cuando arrancó la ley de acceso a la información?
-No creo que aparezca el dato detallado de cuánto se ha gastado en toallitas. Pero sí los rubros. Ya con eso, todo aquel ciudadano o periodista acucioso que quiera saber más, puede dirigir su petición a la Oficina de Información y Respuesta de esa dependencia y esta oficina le tiene que responder en un plazo de 10 días.
Rodríguez insiste en que no se demerite la apertura del sistema por la falta de autoridad en el ente regulador. Cosa que los más críticos en las actuaciones del gobierno no pasan por alto. Solo a nivel del Órgano Ejecutivo, aparte de las 73 instituciones en línea, dando información oficiosas a través del internet, han creado Oficinas de Información y Respuesta por cada dependencia, y 14 sucursales en las 14 gobernaciones departamentales para que el ciudadano que viva en el interior del país, y quiera tramitar una solicitud información a una entidad cuya sede esté en San Salvador, pueda hacerlo en el departamento del municipio en el que reside.
El Salvador, entonces, cumplirá un año de tener una ley que expertos de otros países consideran muy buena. Por ejemplo, porque tiene un instituto garante... o tendrá un instituto garante cuando Funes lo nombre, pero...
Según Claudia Umaña, con todos estos elementos positivos, el problema de que no haya un ente que supervise y ordene lo que hace el Estado, y ampare al ciudadano, no desaparece. Y es, según dice, un grave problema. “Lo que arranca ahora es un primer paso del sistema de acceso a la información: todos vamos a poder consultar aquello que debería estar. El problema viene con el segundo paso: si la información que debería estar no aparece, no la encuentro, iré a solicitarla. Y si ese ente obligado me la niega, y yo no estoy de acuerdo con su decisión, ¿a dónde quién voy a acudir para que se haga valer mi derecho?”, cuestiona Umaña.
Con la ley, El Salvador fue el último país de Centroamérica -y uno de los últimos de Latinoamérica- en poseer una normativa específica de acceso a la información.
