El presidente Mauricio Funes anunció este viernes que rechazó todas las candidaturas propuestas por los cinco sectores de la sociedad para integrar el Instituto de Acceso a la Información Pública, argumentando que algunas de las personas no son idóneas para el cargo, una causa que no está contemplada ni en la Ley de Acceso a la Información Pública ni en el reglamento redactado por la misma Presidencia.
Con el rechazo de los 15 candidatos a comisionados titulares y los 15 suplentes, el presidente dio explicación al incumplimiento de seis meses que lleva ya en integrar el Instituto, que sería el organismo garante del derecho a la información y resolvería los litigios entre peticionarios de información e instituciones que se negaren a entregarla.
'Revisé las propuestas, consideré que no todos llenaban la idoneidad para estar en el instituto', dijo el presidente, al ser consultado sobre su retraso.
El gobernante también dijo que de nada servía elegir a los miembros del Instituto porque la Asamblea no asignó presupuesto para este, aunque omitió mencionar que fue el mismo Ejecutivo el que al redactar el proyecto de presupuesto de la nación para 2012 no incluyó fondos para el funcionamiento del Instituto.
Aunque es cierto que el reglamento que Funes hizo le da la facultad de rechazar las ternas de candidatos al Instituto, la razón que le permite para el veto es que según su criterio no considere aptas las candidaturas para el cargo. El presidente, sin embargo, adujo que es un problema de idoneidad, pero no detalló. Luego agregó que era un problema de requisitos. 'El reglamento le da la facultad al presidente que si no está satisfecho con las ternas propuestas y si analiza las ternas los propuestas no llenan los requisitos, puede devolverlas y eso es lo que ha ocurrido'.
En total, a manos del presidente llegaron 30 nombres, 15 para comisionados propietarios y 15 para comisionados suplentes. Entre los propuestos por el gremio de periodistas destacan dos ex presidentes de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Serafín Valencia y Herminia Funes.
Ni el reglamento ni la ley hablan de devolución de las ternas. Lo que plantea el reglamento es que si el presidente considera no aptas a las personas propuestas, instruye para que los sectores involucrados elijan nuevas ternas. Y si de nuevo está en desacuerdo con las nuevas propuestas, puede volver a rechazarlas y mantenerse en ese círculo indefinidamente.
Esa fue una de las objeciones que planteó en septiembre pasado el Grupo Promotor de la ley al conocer el reglamento emitido por Funes. El Grupo, del que El Faro es miembro, planteó que el reglamento viola la Constitución porque impone restricciones adicionales a las que establece la ley, aparte de que da discrecionalidad al presidente para vetar candidatos al Instituto independientemente de que cumplan los requisitos que enumera la LAIP.
El presidente argumentó que había analizado las ternas y no estaba satisfecho con los candidatos que propusieron los diferentes sectores el 3 de febrero.
Los incumplimientos del presidente en una ley con un año de vigencia, comenzaron en septiembre pasado, cuando no presentó el reglamento el 5 de septiembre, sino dos días después del plazo legal. El reglamento, además, agregó una categoría de reserva de información que la ley no incluye. El reglamento establece que cualquier dato que caiga bajo la categoría de 'seguridad política' será de carácter reservado. Bajo la definición del reglamento casi cualquier cosa podría ser clasificada en esa categoría. Por esa razón algunas de las instituciones del Grupo Promotor demandaron al presidente ante la Sala de lo Constitucional.
Además, el texto publicado por el ejecutivo también eliminó la posibilidad de vincular plazas con nombres específicos porque es innecesario saber quién ejerce cuál cargo si ya se sabe la remuneración que recibe cada plaza. 'No será necesario aclarar el nombre de la persona que se encuentra en dicho cargo. Basta con que se denomine el cargo al cual se otorgan dichas remuneraciones'.
El presidente también argumentó como una razón para no haber nombrado a los miembros del instituto el que no haya una asignación presupuestaria para dicha institución. '¿De qué sirve nombrar a los miembros propietarios suplentes del instituto, si el instituto no va a tener ni un tan solo centavo de dólar para funcionar, porque cuando la Asamblea aprobó la ley no creo la partida presupuestaria para que el instituto funcionaria, de que va a servir?', preguntó el presidente.
Funes señaló a la Asamblea como la principal culpable de la falta de presupuesto y por lo tanto de organismo que vele por el cumplimiento de la ley. Sin embargo, la Constitución establece en el artículo 167 que será el Ejecutivo el que elabore el presupuesto y en el artículo 131 dictamina que la Asamblea Legislativa será quien decrete el presupuesto.
Este martes todas las instituciones gubernamentales lanzaron sus portales de transparencia y varias, incluyendo a la Presidencia, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y las Alcaldías incumplieron la Ley de Acceso a la Información Pública. La presidencia de la República sigue sin publicar sus gastos publicitarios. El presidente hizo esta mañana un reclamo a quienes exigen transparencia por parte del ejecutivo, preguntándoles dónde estaban durante los gobiernos pasados.
'Todos estos señores que aparecen allí encabezando las conferencias de prensa y exigiéndole al gobierno transparencia, transparencia, digan ustedes revisen sus archivos de prensa cuando estos mismo se sentaron y le pidieron eso al gobierno anterior, al anterior del anterior y al anterior del anterior hasta llegar al gobierno del presidente Cristiani ¿cuándo le pidieron eso? Nunca', dijo el presidente. El Faro le solicitó tanto al gobierno de Saca como al actual el gasto en servicios de publicidad y hasta la fecha ninguno de los dos ha dado la información.
