Desde que en junio de 2011 la Asamblea Legislativa promulgó el célebre decreto 743, que trataba de cercenar la independencia de la Corte Suprema de Justicia, la relación entre ambos órganos del Estado ha sido tensa, por decir poco. Aunque la presión social y las denuncias internacionales forzaron a derogar aquel decreto -que inicialmente había contado con los votos de Arena, PDC y PCN, la abstención cómplice del FMLN y la inmediata sanción del presidente Mauricio Funes-, las maniobras del poder legislativo para limitar la acción de la Sala de lo Constitucional de la Corte se han repetido desde entonces.
A finales del pasado abril, cuando la legislatura 2009-2012 agonizaba, la elección de cinco nuevos magistrados para la CSJ sirvió para la última de esas maniobras: decretar el traslado del presidente de la Sala de lo Constitucional, Belarmino Jaime, a otra sala. Ese cambio debe ejecutarse en junio entrante. Ante la imposibilidad de destituirle, los diputados están tratando por esa vía de reducir su incidencia en la Corte.
Aunque, como ocurrió con el decreto 743, la presentación de recursos de amparo mantiene en la incógnita el efecto real que tendrá esa medida en contra de Jaime y, por extensión, en contra de la independencia judicial, todo indica que los principales partidos políticos pretenden insistir en su acometida.
El discurso del presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, el pasado 11 de mayo, durante la sesión de inicio de la nueva legislatura, es una prueba más de que las cúpulas partidarias del país tienen una noción patrimonial de la ley y no toleran que el Órgano Judicial denuncie con sus acciones esa noción. Reyes pidió a la Corte que se aleje de 'los métodos interpretativos del derecho' y calificó por adelantado de 'capricho' y de 'arbitrariedad' cualquier acción de la CSJ que se aleje de la sumisión a aquello que desean los diputados.
Hay quienes presentan la situación como una lucha entre poderes, pero en realidad no lo es. No cabe llamar lucha al ataque constante contra un órgano del Estado que no responde con las mismas formas. Es tramposo esconder bajo el término lucha lo que en realidad es un abuso de poder y, en la medida en que es un acto de injerencia, supone una traición a la legalidad.
En el trasfondo de los insistentes ataques políticos que la mayoría de partidos con representación parlamentaria lanzan contra la Sala de lo Constitucional no hay en realidad diferencias de criterio jurídico ni problemas de arquitectura constitucional. Lo que se esconde en este presunto conflicto entre pares es la frustración de un sistema partidario que en 2009 nombró a nuevos magistrados creyendo perpetuar el juego de cuotas que desde 1994 mantiene sometido al binomio FMLN-Arena el proceso de construcción institucional de postguerra. Nuestros partidos políticos esperaban una Corte Suprema con los principios tan adormecidos como los suyos, y se encontraron con la incómoda sorpresa de unos magistrados independientes.
Los partidos y diputados que apoyaron o toleraron el decreto 743, y que ahora tratan de desplazar a Belarmino Jaime consideran inadmisible que la Sala de lo Constitucional permanezca libre de ataduras partidistas. Por eso la combaten. Y el presidente Funes, en una extraordinaria exhibición de falta de principios, legitima ese combate al decir que las votaciones en la Asamblea Legislativa son 'una cuestión de aritmética, no de ética'.
El sábado pasado, durante la clausura del III Foro Centroamericano de Periodismo que organiza El Faro, el periodista Jon Lee Anderson, de la revista The New Yorker, denunció a quienes después de haber luchado en nombre de la justicia en América Latina o en otros continentes acaban negociando en la mesa del poder y los intereses privados, usando los principios como si fueran naipes. Anderson recriminó que, en nombre del pragmatismo y por encima de las víctimas de décadas de injusticias, se renuncie a derrotar la impunidad y a construir países sobre un nueva base de justicia imparcial, común, para todos los ciudadanos y no solo para las élites.
El constante acoso a la Sala de lo Constitucional es una dolorosa muestra de quienes, llevados por el temor a compartir poder y ejercerlo por los cauces democráticos, temerosos de la independencia del poder judicial, simbolizan en El Salvador de hoy esa renuncia.
