La Sala de lo Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad que pide anular el nombramiento del próximo Fiscal General de la República, Ástor Escalante, quien asumiría el cargo en septiembre de este año. El ciudadano que puso la demanda sostiene que los diputados de una legislatura no están facultados para elegir al Fiscal General del país en dos ocasiones. Los diputados de la anterior legislatura nombraron a Escalante cinco días antes de que terminara su periodo, y este debe asumir en septiembre. El nombramiento se dio en la misma sesión en la que la Asamblea eligió a nuevos magistrados, una acció que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional esta semana.
El demandante señala que el motivo principal de convocar elecciones cada 3 años es que la ciudadanía participe en la configuración de la Asamblea Legislativa que la va a representar, por tanto, alega, el plazo para la elección del fiscal general de la República debería coincidir con la renovación de cada legislatura.
Dice el texto: “Dado que los ciudadanos votan cada tres años para renovar a dicho órgano del Estado, el plazo para la elección del Fiscal General de la República debe hacerse en concordancia con cada renovación de las nuevas legislaturas que son electas popularmente. Justamente, esa regla constitucional es la que en su opinión fue infringida por el D. L. n° 1075, de 24-IV-2012.”
Los magistrados que discuten esta demanda son los mismos magistrados que esta semana declararon inconstitucional la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que realizó la Asamblea Legislativa en 2006 y 2012. Los efectos de ambas sentencias obligan a los diputados a volver a elegir al menos a 20 magistrados, 10 propietarios y sus suplentes, electos en dos períodos legislativos diferentes.
Este precedente jurídico establece que la Corte Suprema de Justicia debe renovarse cada 3 años y debe hacerse en concordancia con el sistema democrático representativo y con respeto a la voluntad del electorado. Es decir, a cada legislatura le corresponde elegir una vez a los magistrados de la CSJ. En ese caso, el artículo de la Constitución que se refiere a la elección del Fiscal es el 192.
El texto de la demanda también pide que en este debate se excuse de participar el magistrado Néstor Castaneda, ya que este participó como aspirante al cargo de Fiscal. El documento que contiene la admisión aclara que el magistrado Castaneda no participará en el proceso y que la conformación de la Sala será con cuatro magistrados propietarios y uno suplente.
Los magistrados que estudiarán el caso son José Belarmino Jaime, presidente; Florentín Meléndez, Sidney Blanco Reyes, Rodolfo González y la magistrada suplente, Sonia Barillas. La demanda también alega que la Asamblea Legislativa no documentó las razones por las que consideró que el ex fiscal adjunto, Ástor Escalante, cumplía con las cualidades de moralidad y competencia notoria para ejercer el cargo de fiscal general de la República.
Dice el texto: Consecuentemente, en el caso del art. 192 inc. 3°, en relación con el art. 177 Cn., este Tribunal únicamente analizará si en la elección del Fiscal General de la República –materializada en el D. L. n° 1075, de 24-IV-2012–, la Asamblea Legislativa estableció o documentó las razones con arreglo a las cuales, a su criterio, concurrían en el abogado electo como Fiscal General de la República las cualidades de moralidad y competencia notorias requeridas por la Constitución para realizar ese nombramiento.”
La legislatura anterior eligió al actual fiscal Romeo Barahona y al sucesor, Ástor Escalante. La primera designación fue en septiembre de 2009 y la otra en abril de 2012.
