El sábado 16 de junio se cumplieron 100 días desde que el gobierno de El Salvador accedió a mover las estructuras de mando de la Mara Salvatrucha (MS-13) y del Barrio 18 desde el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca a cárceles en las que el Estado mantiene exclusivamente a pandilleros. Esa concesión gubernamental supuso el inicio de una tregua nacional que generó –que sigue generando– dudas, recelos y temores, pero con resultados sorprendentemente positivos: mientras que hasta el 8 de marzo se cometían 13.6 homicidios diarios en El Salvador, desde el 9 de marzo se cometen 5.7.
Cada día asesinan a ocho personas menos. De haberse mantenido el promedio con el que arrancó 2012, cerca de 800 salvadoreños adicionales habrían muerto en estos 100 días.
La tabla con los datos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) en 2012 presenta, consecuencia directa de la tregua, un abrupto escalón: en enero hubo 13.3 homicidios diarios; en febrero, 13.9; en marzo, 8.1; en abril, 5.2; en mayo, 5.6; y en la primera quincena de junio, 6.3. En términos porcentuales, la reducción es del 58% entre lo que ocurría antes y después del 8 de marzo.
Un reportaje de El Faro hizo público el 14 de marzo el diálogo entre el Ejecutivo y las pandillas; después trascendió que los mediadores son el obispo castrense Fabio Colindres y del exdiputado Raúl Mijango. En un principio, el gobierno se esforzó por negar su participación en el proceso, pero con el pasó de las semanas el ministro de Justicia y Seguridad Pública, el general David Munguía Payés, ha terminado aceptando que tanto la búsqueda de la tregua como las concesiones ulteriores a los pandilleros son “una pieza de su estrategia”.
“Nosotros consideramos un punto de inflexión el 8 de marzo”, dice ahora el general Munguía Payés, quien desde hace algunos días hace suya sin tapujos la labor de mediación de Colindres y Mijango, e incluso ha bautizado esta estrategia como “acciones de tercera vía”, en alusión velada a los dos esquemas tradicionales: represión y prevención. En sus más recientes apariciones públicas, el discurso del ministro se podría tomar como optimista, incluso eufórico: “Esperamos llegar con un promedio de tres homicidios a diciembre; ojalá nuestros planes funcionen”.
Cabe señalar que, si bien el descenso del 58% en los homicidios es un hecho sin precedentes, incluso si se mantuvieran las cifras actuales El Salvador seguiría siendo uno de los países más violentos del hemisferio. Un promedio diario de 5.7 asesinatos significaría una tasa de 33 homicidios por cada 100 mil habitantes. Naciones Unidas considera que arriba de 10 se puede hablar de epidemia, y Nicaragua, por mencionar un ejemplo cercano, tuvo el año pasado una tasa de 12. La tasa de El Salvador en 2011 fue de 70 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Sin repunte de desaparecidos
Uno de los indicadores que más suspicacias ha levantado es la cifra de personas desaparecidas. Prácticamente desde el día que El Faro hizo públicas las negociaciones, desde distintos sectores se empezó a especular con que el descenso en los homicidios se justificaba no porque los pandilleros hubieran dejado de asesinar, sino porque simplemente estaban enterrando a sus víctimas.
El enterramiento de cadáveres es, de hecho, una conducta muy arraigada en las pandillas desde hace varios años. Casos recientes como el de la joven atleta Alison Renderos –privada de libertad a mediados de mayo en San Vicente por pandilleros, asesinada y enterrada– demuestran que la práctica no se ha erradicado, pero carece de todo sustento afirmar que están bajo tierra las 800 personas que estadísticamente se han salvado.
Las cifras oficiales son concluyentes. Desde inicio de año y hasta el 10 de junio, la PNC registra 677 denuncias de familiares que reportan la desaparición de algún miembro. En 361 casos el desaparecido terminó apareciendo: vivo en 307 ocasiones y fallecido en las otras 54. Depurada la lista, las personas cuya desaparición se denunció este año, y de las que no se conoce su paradero, son 316 –un promedio inferior a los dos casos diarios–, cifra que incluye los más de dos meses antes de que la tregua se activara.
“El nivel de desaparecidos es más o menos el mismo que en años anteriores, pero algunas personas, yo no sé si maliciosamente, están queriendo manejar que aquí han aumentado los desaparecidos”, dijo el general Munguía Payés.
La malicia a la que se refiere el ministro es el uso que algunos medios de comunicación y líderes de opinión están haciendo de los reportes del Instituto de Medicina Legal, entidad adscrita a la Corte Suprema de Justicia que también recibe denuncias, pero que no las depura, es decir, no verifica si el desaparecido al final aparece o no.
Sin esa depuración, Medicina Legal acumula 877 reportes en los cuatro primeros meses (las cifras de mayo aún no han sido procesadas). Sin embargo, basta observar el comportamiento mes por mes para echar por tierra la idea de que la tregua ha disparado las desapariciones. Medicina Legal contó en enero y en febrero 226 y 261 denuncias respectivamente, mientras que en marzo y abril –con la tregua vigente– la institución reportó 199 y 191.
De los datos recopilados en el Informe Anual de Peritajes realizados por el Instituto de Medicina Legal durante el año 2011 se infiere que, en promedio, la institución registró el año pasado más de 200 reportes mensuales de desaparecidos.
En definitiva, ni PNC ni Medicina Legal han registrado un aumento en las denuncias por desaparecidos a partir del 8 de marzo de 2012.
La renta y la repercusión
Otro de los delitos sensibles para la sociedad es el de la extorsión o pago de la renta. Desde la PNC se dice que también hay razones para el optimismo: “Hay una clara reducción en lo que va del presente año –dijo Héctor Mendoza Cordero, subdirector de Investigaciones–, y mayo fue el mes en el que menos denuncias hemos tenido: 194”. La PNC recibió en 2011 un promedio mensual de 275 denuncias por este delito.
Ante estos resultados, sostenidos ya durante más de un trimestre, el obispo Fabio Colindres llama sin tapujos proceso de paz al nuevo escenario. “Aquella actitud inicial de buena voluntad ha trascendido en el tiempo, y ya no estamos hablando de una tregua, estamos hablando de un proceso que está tomando rostro, cuerpo y carácter. A mí ya no me gusta hablar de tregua, estoy hablando de un proceso de paz”, dijo en una entrevista publicado el 9 de junio en El Diario de Hoy.
Llámese proceso de paz, tregua a secas, negociación gobierno-pandillas o claudicación ante las maras, lo cierto es que lo desatado el 8 de marzo en El Salvador y la consecuente reducción en los indicadores han comenzado a acaparar la atención internacional. Los gobiernos de Guatemala y Honduras han enviado a sus ministros de Gobernación para conocer el experimento, y organismos como Insight Crime –un prestigioso tanque de pensamiento estadounidense que vigila temas de seguridad en el hemisferio– están siguiendo muy de cerca la evolución.
Más relevante aún resulta la atención que la Organización de Estados Americanos (OEA) está prestando al proceso: ya ha enviado a El Salvador de forma expresa el secretario de Seguridad Multidimensional, Adam Blackwell, y para las próximas semanas está anunciada la visita del secretario general, José Miguel Insulza.
En cuanto a los pasos que está dando el gobierno para afianzar el nuevo escenario, fuera de las concesiones a los pandilleros en los penales, los 100 días de tregua apenas han servido para iniciar una ronda de charlas con distintos actores sociales, pero aún no ha terminado. En el ámbito de la reinserción sociolaboral, una de las principales demandas de los pandilleros, los avances han sido mínimos, por no decir nulos.
