La decisión mayoritaria de la honorable Asamblea Legislativa de acudir a la Corte Centroamericana de Justicia tiene precedentes que conviene analizar. Dicen que la historia tiene lecciones, veamos si es cierto en este caso.
La primera versión de la Corte, llamada Corte de Justicia Centroamericana, data de los tratados de Washington de 1907. Estados Unidos, padrino de los tratados, era un superpoder en pañales que se preocupaba por defender su reciente hegemonía en la zona del Caribe. Después de la Guerra Hispanoamericana de 1898 Estados Unidos ocupaba Cuba y Puerto Rico y estaba construyendo el canal de Panamá, pieza esencial de su proyecto geopolítico. El enemigo eran los países europeos. Cualquier inestabilidad política o vacío de poder en la zona del Caribe abría la puerta a las ambiciones inglesas, francesas, españolas o alemanas. (En años anteriores las potencias europeas habían enviado flotillas para cobrar deudas en Venezuela y estuvieron a punto de hacer lo mismo en la República Dominicana). Era entonces crucial poner coto a las frecuentes rencillas entre los caudillos centroamericanos. La flamante Corte de Justicia Centroamericana proporcionaba un arbitro imparcial para dirimir diferencias y prevenir conflictos armados. Excelente plan.
El plan dejó de ser excelente cuando la Corte emitió un fallo en contra de los intereses de Estados Unidos. La superpotencia en ciernes y su marioneta local, Nicaragua, se negaron a aceptar el fallo y ese fue el fin de la Corte. Si suspendo el articulito en este punto dejaría la siguiente lección histórica: cuando una corte emite resoluciones en contra de los intereses de los poderosos hay que destruirla. Mejor sigo escribiendo, no vaya a ser que me esté leyendo un diputado del Frente y se quede con este mensaje.
Esta historia representa uno de los momentos mejor conocidos de la “dinastía Meléndez-Quiñones”, su actitud ante la creciente influencia de Estados Unidos en Centroamérica. Desde 1912 los Marines estadounidenses ocupaban Nicaragua cuyo Presidente, Adolfo Díaz, hacía cuanto era posible por complacer al nuevo poder imperial. Díaz negoció con Estados Unidos tratados que además de conceder derechos exclusivos para un futuro canal interoceánico otorgaban concesiones para una base naval en el Golfo de Fonseca. Esto claramente afectaba los intereses salvadoreños de forma totalmente inconsulta. La administración de Carlos Meléndez, en un acto de profundo nacionalismo y con gran valentía (así va la historia que escuchaba cuando era niño) se enfrentó al poder de los Estados Unidos presentando una denuncia ante la Corte de Justicia Centroamericana. Los grandes juristas de la época, Doctores Francisco Martínez Suárez y Reyes Arrieta Rossi, desarrollaron la “Doctrina Meléndez”, motivo de orgullo para nuestra diplomacia. ¿Tenemos ya una moraleja?(“Cuando las élites salvadoreñas acuden a la Corte Centroamericana siempre lo hacen por los motivos más puros”). Tampoco.
La primera versión del tratado entre Nicaragua y Estados Unidos (el tratado Chamorro-Weitzel, que no fue ratificado) se firmó cuatro días después que Virgilio Mulatillo atacara a machetazos al presidente Manuel Enrique Araujo en febrero de 1913. La situación política salvadoreña era extremadamente inestable. Carlos Meléndez llegó a la presidencia por virtud de ser primer designado y no las tenía todas consigo. La presencia de Marines en Centroamérica y el servilismo del gobierno de Nicaragua eran sumamente impopulares. El representante diplomático de Estados Unidos en El Salvador informaba a su gobierno que “los sentimientos antiamericanos existen en mayor medida en El Salvador que en ninguna de las otras repúblicas centroamericanas”, particularmente entre los artesanos. Los salvadoreños consideraban que el presidente de Nicaragua era 'enemigo de Centroamérica'.
Después de ocho meses inciertos en el poder, el débil gobierno de Meléndez tomó una medida que ayudó a calmar a los sectores urbanos: presentó una vigorosa protesta ante Estados Unidos por el tratado Chamorro-Weitzel. El mismo Meléndez reconocía las implicaciones políticas internas del tratado nicaragüense al decir en su informe presidencial de 1914 (todavía como presidente provisional) que 'se han realizado manifestaciones de toda índole, que prueban a las claras el estado de inquietud en que se encuentra el pueblo por el temor que le inspiran la consumación de actos que pudieran menoscabar la soberanía e independencia que nos legaron nuestros mayores'. (Traducción: 'señores, la gente en la calle está inquieta y si no hacemos algo la situación se nos sale del huacal').
La agitación antiimperialista continuó después de la elección de Meléndez, al igual que su tenue control de la situación política. Por ejemplo, en noviembre de 1916 se realizó un mitin en el Parque Morazán en honor de los marinos mexicanos del cañonero Jesús Carranza que visitaba los puertos nacionales. Rápidamente la ocasión se transformó en oportunidad para expresar desprecio por el gobierno de Nicaragua y su alianza con Estados Unidos. La multitud, principalmente de artesanos, gritaba 'muerte a los yanquis'. Según los informes periodísticos el Br. Salvador Merlos 'habló de México como un ejemplo de la virilidad de la raza, que nos da el país azteca al enfrentarse a los poderosos cuando éstos amenazan su soberanía'. Este es el contexto en el que en 1916 El Salvador presentó ante la Corte de Justicia Centroamericana su demanda contra Nicaragua y el tratado Bryan-Chamorro. Se puede deducir que las actitudes antiimperialistas del presidente incluían un elemento de respuesta a las presiones políticas. Esto no le quita ningún mérito a la Doctrina Meléndez. El cálculo político fue brillante; la denuncia ante la Corte fue muy popular, le quitó banderas a la oposición, y los Estados Unidos no cobraron ningún precio por el desacato.
¿Cuál es la moraleja de la historia? En mi humilde opinión la lección es muy básica: la presión popular mueve a los políticos. Si el público salvadoreño muestra una vez más que respeta la Constitución, que cree en la independencia de los tres poderes del Estado y en la importancia de la Sala de lo Constitucional, se lo debe hacer saber a la Asamblea Legislativa. Pongamos a trabajar esos tweets, esas páginas de Facebook. Usemos todos los medios disponibles para decirle a los diputados: RESPETEN LA CONSTITUCIÓN.
