En su tercer aniversario de gobierno, el Presidente Funes se atribuyó, entre otras cosas, que bajo su mandato por fin la democracia salvadoreña estaba viviendo una verdadera independencia de poderes. Los salvadoreños, dijo, no estábamos acostumbrados a eso y por ello nos parecía un conflicto.
Ciertamente es un avance democrático contar con una verdadera independencia de poderes. Pero las acciones de la Asamblea y la Corte Suprema difícilmente permitirían una interpretación distinta que la de un conflicto al que no es ajeno tampoco el Ejecutivo.
Más allá de la constitucionalidad o no consignada en resoluciones y decretos y denuncias internacionales, hay un problema político que, si bien está poniendo a prueba la institucionalidad del país, tamboién la está poniendo en riesgo.
Los críticos de las acciones de la Sala de lo Constitucional podrán alegar prepotencia de sus magistrados y resoluciones emitidas con criterios y tiempos más políticos que técnicos. Y estos argumentos pueden ser ciertos (aunque escape a estos críticos que las resoluciones de la Corte son políticas por definición). Pero dada la magnitud de la distorsión de la política en la Asamblea Legislativa, el peso de la responsabilidad recae en unos diputados cuyas acciones denotan, además de prepotencia y oportunismo político, descaro, cinismo y negativas a la rendición de cuentas que rayan en la corrupción.
En el más reciente capítulo, los diputados se llevaron a 33 periodistas a Managua, todo pagado, para que registraran la entrega a la Corte Centroamericana de Justicia de una denuncia contra la Corte Suprema salvadoreña. Independientemente del descaro de los medios de comunicación que se prestaron al juego con fondos públicos, los administradores de esos fondos públicos, es decir la directiva de la Asamblea, se niega a revelar cuánto gastaron en ese viaje, o en los demás viajes cuyos propósitos y resultados los salvadoreños desconocemos.
Esta misma Asamblea ha dejado bajo la categoría de información reservada aquella que tiene que ver con la ejecución del presupuesto legislativo, entre otras.
La Asamblea es el máximo lugar de encuentro entre los partidos políticos. Están representados todos los que alcanzaron el mínimo de votos requeridos en las elecciones, lo que la convierte en el centro del sistema político partidario del país. Pero poco queda ahí del ejercicio fundamental de la política que es procurar el bienestar de la mayoría de la población.
¿O es acaso bueno para la mayor parte de la población que la Asamblea tardara dos décadas en realizar una auditoría a la Corte de Cuentas? ¿O que la haya llevado a cabo ahora y que ante los deplorables resultados se niegue a deducir responsabilidades?
¿O es bueno para la mayoría de la población no saber en qué gasta la Asamblea los fondos públicos?
¿O es bueno recortar más aún el presupuesto de la Universidad Nacional? ¿O irse de viaje con dinero público sin que eso represente un beneficio para el país? ¿O no irse de viaje y cobrar los viáticos? ¿Es bueno que se oculte esta información?
¿Es bueno para la mayoría de la población que no se sepa quién paga las campañas de los partidos?
Este es el verdadero sentido de la política, representar los intereses de los ciudadanos; preguntarse antes de cada decisión si es justa, si es correcta, si ayuda a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Si las decisiones tomadas por los distintos poderes del Estado no parten de preguntarse si la población será la beneficiada con esas decisiones, entonces el sistema termina pervertido y entonces la independencia entre poderes se convierte en conflicto. Un conflicto de poder en el que las víctimas son los intereses de los ciudadanos.
