El vicepresidente Salvador Sánchez Cerén denunció la contaminación que desde el lado guatemalteco podría causar la empresa minera Entre Mares de Guatemala S.A. la cual tiene planeado extraer oro y plata a partir del próximo año en un municipio fronterizo con El Salvador.
Los señalamientos del gobernante se dan a un año de que el área natural de 1,500 kilómetros cuadrados compartida por Guatemala, Honduras y El Salvador fuera declarada Reserva de la Biósvera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, y la Cultura (Unesco) y que, de comenzar la extracción de metales, podría resultar contaminada.
La importancia medioambiental del área, denominada Reserva de la Biósfera Trifinio Fraternidad, está dada porque en ella confluyen más de 100,000 hectáreas de bosques de diversos tipos, lagunas y praderas en las que habitan diversas especies de animales. La Unesco elaboró un estudio cuya conclusión fue que el Trifinio sí podía ser considerado una reserva. Esta la primera Reserva en el continente americano que es compartida por tres países. Con la declaración de la Reserva, el Trifinio pasa a formar parte de un listado mundial de 580 sitios delcarados así en 114 países.
Sánchez Cerén no mencionó el nombre de la compañía minera, sin embargo, ya en 2009 hablaba en público al respecto. Incluso llegó a reunirse con funcionarios guatemaltecos para discutir sobre la potencial crisis que se cierne sobre el Trifinio si Entre Mares de Guatemala S.A. continúa su proyecto minero Cerro Blanco, jurisdicción Asunción Mita, en el departamento de Jutiapa y que tendría una extensión de 1.74 kilómetros cuadrados. Según denuncias de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, del Centro de Estudios sobre Inversión y Comercio (Ceicom) la mina Cerro Blanco contaminaría grandes mantos acuíferos que son vitales para la vida en El Salvador.
Entre Mares de Guatemala S.A. es una subsidiaria de Goldcorp Inc, una compañía canadiense que en 2010 fue condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por un proyecto minero que tenía en Guatemala. La CIDH acusó a Goldcorp Inc de contaminar el agua, destruir los bosques, perjudicar la agricultura y contrariar la cosmovisión ancestral. La instancia interamericana ordenó el cierre de la mina Marlin, en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos, debido a la grave contaminación ambiental y daños a la salud de dieciocho comunidades indígenas man y sipakapenses.
La Mesa contra la minería ha recogido denuncias de comunidades del norte de Santa Ana y de la alcaldía de Metapán en las que señalan la amenaza de contaminación de los ríos Angue y Lempa, el lago de Güija y la laguna de Metapán, afluentes que serían alcanzados por los residuos de la mina en Asunción Mita, a sólo 18 kilómetros de Metapán. En el proceso de extracción de oro y plata, las minas utilizan considerables cantidades de agua y las aguas residuales, en el caos de Cerro Blanco, llegarían al río Ostúa, el cual conecta con el río Angue, que desemboca en el lago de Güija, compartido por Guatemala y El Salvador. Este cuerpo hídrico tiene conexión subterránea con la laguna de Metapán y el río Lempa, el afluente más grande de Centroamérica, que atraviesa Guatemala, Honduras y El Salvador y que beneficia a buena parte de la población.
“Guatemala está explotando una mina de oro que contaminará esta zona, tenemos que evitar esto, hay que preservar la región”, puntualizó el vicepresidente a través de su cuenta de Twitter, mientras participaba en el acto oficial de aniversario en La Palma al que asistieron alcaldes y pobladores de la zona. Sánchez Cerén agregó que la empresa 'no puede contaminar, es una región donde habemos tres países, su conservación es fundamental'. Para el vicemandatario, existe una 'fuerte contradicción' con el gobierno de Guatemala por el tema de la empresa minera que 'está explotando' la mina que 'está contaminando la zona'.
La Reserva está integrada por 12 municipios: ocho en El Salvador, dos en Guatemala y dos de Honduras, y su título le fue otorgado por el Consejo Internacional de Coordinación del Programa el Hombre y la Biosfera de la Unesco, en Dresde, Alemania.
Entre Mares de Guatemala S.A. rechaza desde su sitio web que el proyecto minero vaya a contaminar mantos acuíferos. En el sitio “preguntas frecuentes” hay una que dice “¿Exite alguna probabilidad que el proyecto Cerro Blanco contamine las fuentes de agua subterráneas o superficiales, o el Lago de Güija?”. La respuesta es casi igual de solemne: “No. El proceso de extracción de oro se hace con las técnicas más modernas de minería y protección al medio ambiente. Además, el Estudio de Impacto Ambiental aprobado contiene un plan de monitoreo de aguas superficiales y subterráneas, así como en varios puntos del Lago de Güija. Este monitoreo permitirá evaluar la calidad de las aguas alrededor del proyecto y, sobre todo, compararla con la condiciones en las que estaban antes de iniciar con la operación de extracción de oro. Este monitoreo permitirá evaluar la calidad de las aguas alrededor del proyecto y, sobre todo, compararla con la condiciones en las que estaban antes de iniciar con la operación de extracción de oro.”
Cerro Blanco cuenta con permisos de exploración y de explotación, obtenidos en 1997 y 2007, respectivamente. “Una moderna mina subterránea planificada para un período de 16 años”, hasta que se declare su cierre técnico, detalla el sitio.
Sánchez adelantó que debido a que la empresa minera del lado guatemalteco contamina los caudalosos ríos y mantos acuíferos de la zona trinacional, los países afectados pueden ir a 'otras instancias' para dirimir la controversia si no se llega a un acuerdo previo. El vicepresidente no detalló a qué instituciones podían avocarse. Al respecto, David Pereira, del Ceicom explica que esas instancias podrían ser el Sistema de Integración de Centroamérica (Sica) en donde la comisión de los ministros de medioambiente se reúnen periódicamente, así como también la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“El Ceicom no descarta la idea de llevar este tema ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya que se está vulnerando el derecho al agua limpia al que tenemos todos los ciudadanos pues sufriríamos una contaminación por muchos años”, dice Pereira.
La Mesa Nacional contra la Minería Metálica, que actualmente exige al gobierno salvadoreño y a la Asamblea Legislativa que aprueben una ley antiminera, considera que la Unesco también podría ser otra instancia a buscar debido a que fue ella la que otorgó el título de Reserva de la Biósfera tras comprobar que los gobiernos involucrados harían lo posible para evitar los daños ambientales en la zona. El Plan Trifinio, un documento elaborado en 1993 y auspiciado por la Organización de Estados Americanos y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, establecía que cuando uno de los tres gobiernos con jurisdicción en el área forestal quisieran desarrollar un proyecto debían consultar a los otros dos. Según Pereira, en este caso, esa consulta no se efectuó y eso es una violación a un convenio internacional.
Así como Cerro Blanco, en Centroamérica hay varios proyectos mineros transfronterizos, según explica la Mesa contra la minería. “El tema de la mina no solo es un caso... Cerro Blanco es en el que más nos centramos porque es el que más avanzado está y por eso creemos que una posición firme del Ejecutivo es vital para así plantearlo en las mesas regionales de trabajo”, dice Pereira.
Comunidades de la zona paracentral del país y una docena de comités ambientales de la zona paracentral del país, aglutinados en la Mesa contra la minería metálica, han pedido a la Asamblea Legislativa que promulgue una ley que prohíba la explotación de metales preciosos en el país. Los diputados están a la espera de que tanto el ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales como el ministerio de Economía le envíen las conclusiones de un estudio ambiental que se mandó con una consultora española para determinar si en el país la extracción de oro es posible sin que cause daños severos al ambiente.
La decisión de la administración Funes aun no se conoce, sin embargo, los responsables del tema ya han dicho que la explotación minera no es favorable para el país. El ministro de Medio Ambiente, Herman Rosa Chávez, explicó a El Faro durante una visita a la Asamblea Legislativa en mayo que según su análisis El Salvador no está preparado para la explotación minera pero que la decisión final estaba en la presidencia, la cual estaba auscultando los resultados del estudio ambiental. El exdirector de minas e hidrocarburos del ministerio de Economía, Carlos Aquilino Duarte, también opinaba lo mismo en junio del año pasado, cuando aun detentaba su cargo. “La explotación minera actual traería consecuencias sociales, ambientales y económicas nefastas para el país, pero la decisión está del lado de la presidencia”, señaló.
Mientras el gobierno de El Salvador decide qué hacer con 73 propuestas de explotación minera presentadas por 26 empresas, la minería transnacional sigue sin lograr que la presidencia se manifieste con una posición clara. Funes ha dicho que por ahora su gobierno no extendrá permisos de explotación, sin embargo, sobre el proceso de formación de ley y del resultado de la consulta ambiental estratégica no ha asegurado nada tajante. Consultado sobre una demanda de una minera canadiense contra El Salvador por no concederle permiso de extracción de minerales, en noviembre de 2010, el gobernante dijo: “Estamos confiados de que esos conflictos los podemos ganar y esto no cambia la voluntad de este Gobierno de no autorizar ningún proyecto de exploración y explotación minera en el país, no lo vamos a hacer.'
Funes también habló sobre Cerro Blanco en un tono displicente: 'Hemos discutido los impactos ambientales, pero acuérdense que cada presidente tiene soberanía en su territorio. Lo hemos abordado, vamos a buscar los mecanismos que permitan reducir ese impacto, pero es decisión soberana del presidente de Guatemala, de las autoridades guatemaltecas hacer lo que estimen conveniente dentro de su territorio”, dijo tras un evento con la Policía Nacional Civil. Esas declaraciones fueron interpretadas por medioambientalistas como una posición floja ante el tema.
David Pereira, del Ceicom, y la Mesa contra la minería metálica censuraron la tibieza de ese mensaje. “No termino de enteder por qué esa posición tan floja, creo que a excepción del vicepresidente Sánchez Cerén no han tomado en cuenta la gravedad del problema”.
Durante el acto de este sábado, Sánchez entregó a cooperativas, productores y otras instancias municipales, equipos, insumos y capital para 'protección ambiental'.
