La secretaria de Estado adjunta se declaró sin embargo convencida de que ese pulso no afectará a la estabilidad del gobierno de Mauricio Funes, pero en sus declaraciones dio a entender que la democracia salvadoreña atraviesa una prueba complicada.
La Sala de lo Constitucional de El Salvador ha declarado inconstitucionales recientes nombramientos de la Asamblea Legislativa, entre ellos el del fiscal general, Astor Escalante, y de 20 magistrados (10 titulares y 10 suplentes) correspondientes a 2006 y 2012. 'Nos preocupa gravemente' el enfrentamiento entre los dos poderes del Estado, declaró Jacobson a periodistas.
Temas como extradiciones o leyes relacionadas con inversiones 'están siendo obstaculizadas por esta disputa', añadió Jacobson, quien urgió tanto a la Corte como a la Asamblea 'a ponerse de acuerdo y resolverla'.
Esos temas, que interesan a Estados Unidos, 'no avanzarán mientras esta disputa siga fermentando', explicó. 'Es un serio problema que debe ser resuelto pero no tengo absolutamente ninguna duda acerca de la estabilidad del gobierno de Funes y de la supervivencia de la democracia en El Salvador', añadió.
El origen del enfrentamiento está en el nombramiento de magistrados y del fiscal general por parte de la Asamblea Legislativa el 25 de abril pasado. La Sala determinó que una legislatura solo puede elegir una vez durante sus tres años a magistrados de la Corte Suprema y a fiscal general. En cambio, la Asamblea Legislativa 2009-2012 eligió Corte en julio de 2009 y fiscal general en septiembre de ese año, y volvió a hacer los nombramientos en abril de este año, privando de esa atribución a la legislatura que asumiría el 1 de mayo.
Los diputados elevaron el caso ante la Corte Centroamericana de Justicia en Managua, la cual ordenó el 21 de junio a la Corte Suprema salvadoreña dejar sin efecto su resolución.
La Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF, por sus siglas en inglés), creada por quienes integraron la Comisión de la Verdad que investigó los crímenes ocurridos durante la guerra civil salvadoreña, se pronunció esta semana sobre el desacato de la Asamblea a las sentencias de la Sala, concluyendo que los diputados se rehúsan a acatar el fallo judicial simplemente porque no están de acuerdo.
La DPLF dice que la Sala ha emitido varias sentencias que han disgustado al poder político salvadoreño, lo que le ha provocado un acoso en los últimos dos años. La Fundación también afirma que las sentencias de inconstitucionalidad son inapelables. 'Es importante enfatizar que ningún otro tribunal tiene la facultad de interpretar la ley nacional', dice la DPLF.
La Asamblea Legislativa, de la mano del FMLN, se encamina a un nuevo desacato, porque la junta directiva del parlamento resolvió este miércoles ignorar la notificación de la Sala de lo Constitucionalidad sobre la inconstitucionalidad de la elección de Ástor Escalante como futuro fiscal general.
Para la DPLF, la conducta de los diputados es ilegal. 'La Asamblea Legislativa, al rechazar obedecer las sentencias de la Sala de lo Constitucionial, no solo violó el estado derecho sino también la soberanía del Estado salvadoreño', planea, en referencia a que los legisladores, en lugar de acatar los fallos, acudieron a la Corte Centroamericana de Justicia, que según la DPLF no tiene jurisdicción en materia de constitucionalidad.
