El fiscal general de la República, Romeo Barahona, desconoció este jueves a Ovidio Bonilla y a otros nueve magistrados que integran una Corte Suprema de Justicia paralela que tomó posesión el pasado 1 de julio, y les pidió no firmar acuerdos o sentencias porque pueden cometer delitos ya que no son una “autoridad competente” porque una sentencia de la Sala de lo Constitucional declaró ilegales sus nombramientos.
“Yo pediría a las personas -no puedo llamarlas magistrados- que no estén firmando cosas que posteriormente pueden estar cometiendo delitos más graves (…)', advirtió Barahona a Bonilla y a quienes sesionan convocados por quien el fiscal considera simplemente un abogado.
Además, el fiscal les advirtió que el procesamiento que pueda emprender la Fiscalía sería expedito, ya que por no tener blindaje constitucional no hace falta que pasen por un antejuicio ante la Asamblea Legislativa, sino que él puede proceder sin que medie nadie más. 'Las investigaciones son reservadas y vamos a hacer lo que la Constitución nos permite y, por consiguiente, ellos no tienen el privilegio constitucional de un antejuicio”, dijo Barahona, minutos después de presentar un informe de labores a la Asamblea Legislativa.
El pasado lunes, 16 de julio, Bonilla acudió a un cerrajero para que este abriera el despacho de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, y gracias al apoyo de sindicalistas y de los partidos FMLN, Gana, CN y Pes se sentó a la silla presidencial del máximo tribunal y convocó a Corte plena. Ese mismo día, Bonilla participó en una especie de mitin en el que fue vitoreado por centenares de organizaciones simpatizantes del FMLN. Al mediodía, subió a una tarima donde los diputados Sigfrido Reyes, del FMLN, y Francisco Merino, de CN, le levantaron las manos como en señal de victoria.
El mismo lunes, el magistrado Florentín Meléndez, presidente en funciones según la Ley Orgánica Judicial, denunció en la Fiscalía la irrupción en las oficinas del máximo tribunal. La ley establece que a falta del titular, quien asume la presidencia es el primer vocal de la Sala de lo Constitucional.
Barahona dijo que ya ordenó diligencias para determinar si alguien cometió una violación a la ley y, cuestionado sobre la pasividad por las dos tomas del edificio de la Corte por parte del Sindicato de Trabajadores del Órgano Judicial (Sittoj), el 29 de junio y el 15 de julio, se deslindó de responsabilidad y dijo que es la Policía la que debió actuar en ese momento por el delito de toma de edificios públicos. “La etapa del delito in fraganti ya pasó y quien tenía que haber actuado era la Policía”.
Esa no es la única investigación relacionada con el conflicto derivado del desacato de la Asamblea a las sentencias de inconstitucionalidad. El fiscal, cuyo mandato de tres años termina en septiembre, aseguró que están recolectando documentos en una investigación abierta tras una denuncia por desobediencia que interpuso Aliados por la Democracia en contra de ocho diputados, incluidos algunos de la junta directiva, como Sigfrido Reyes, el presidente de la Asamblea. Los legisladores son acusados de no obedecer dos sentencias de inconstitucionalidad que declararon ilegales los nombramientos de magistrados del 2006 y 2012. “En la denuncia contra los diputados se ha pedido la sentencia de la Sala, y se ha pedido la inaplicabilidad del estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia”, dijo. La pesquisa sigue en trámite.
Las dos sentencias de inconstitucionalidad son las mismas que han llevado al fiscal Barahona a desconocer al pleno de la Corte que dirige Bonilla. Cuando la Sala de lo Constitucional pidió en ese proceso su opinión, el funcionario respondió que los nombramientos eran ilegales. “Tanto la elección de los magistrados de 2012 como de 2006 eran inconstitucionales y por eso nosotros no vamos a estar diciendo a quién reconocemos, la posición de nosotros es clara, como Fiscalía no vamos a andar con ambigüedades”.
Según Barahona, los magistrados que dirige Bonilla no deben firmar acuerdos o sentencias porque las personas afectadas pueden solicitar una nulidad. “Esta situación se tiene que solucionar a la brevedad porque no tengamos que ver consecuencias ulteriores. La persona afectada puede impugnar esas resoluciones, una nulidad absoluta de la resolución, hasta una inexistencia del acto porque no está pronunciada en legal forma por autoridad competente”.
En su primera semana al frente de la Corte paralela, Bonilla solo ha tomado decisiones administrativas. Para este jueves había convocado a sesión de Corte plena, pero la reunión se frustró.
Aunque Bonilla fue elegido magistrado suplente de la Corte en julio de 2009, según el fiscal renunció al cargo en abril para poder convertirse en magistrado titular. Sin embargo, dado que la Sala de lo Constitucional determinó que ese nombramiento violó la Constitución, el abogado no tiene investidura legal.
El miércoles, el procurador de derechos humanos, Óscar Luna, aseguró que tenía información de despido de jefaturas. “No me parece correcto que no se ha solucionado la crisis y ya se está pensando en tomar otras decisiones. ¿Dónde queda el derecho al trabajo y la estabilidad de estas personas?”, dijo.
Luna consideró que se han agotado los recursos internos para solucionar la crisis, razón por la cual se reunió con el representante de las Naciones Unidas en El Salvador, Richard Barathe, para que esa organización colabore para solucionar el problema. “La crisis trasciende a quién es el presidente de la Corte Suprema de Justicia porque afecta la independencia judicial, el principio de separación de poderes. Eso es muy grave para el país. Voy a presentarle una solicitud que va dirigida al señor secretario general de Naciones Unidas”.
El procurador explicó que la Carta de Naciones Unidas permite la intervención de la ONU cuando en uno de sus países miembros hay una amenaza grave a la paz, la seguridad, la justicia o el orden democrático. Luna espera que el secretario general de la ONU, Ban Ki moon, nombre un relator o una comisión especial para que visite el país y ayude a solucionar el problema.
