-Disculpe, solo por curiosidad, ¿usted a quién reconoce como presidente de la Corte?
-Ahí sí no le sabría decir.
-¿Usted no tiene jefe?
-No sabría decirle. ¿Sabe quién puede ayudarle? Comunicaciones, ellos con seguridad le podrán aclarar quién es nuestro jefe en este momento -responde este empleado judicial, vestido con camisa verde manga larga, pantalón negro.
-Hay dos unidades de Comunicaciones, ellos también están divididos.
-Pues entonces vaya, hable con los dos grupos y saque sus propias conclusiones.
La conversación ocurre en la segunda planta del palacio de la Corte Suprema de Justicia. Desde el lunes pasado, este edificio es como un camerino de cuatro niveles donde dos equipos contrarios nunca terminan de saltar a la cancha. Están los que se alinean bajo Ovidio Bonilla, electo magistrado el 24 de abril pasado pero invalidado por una sentencia de inconstitucionalidad el 5 de junio. Por otro lado, los que ven en Florentín Meléndez, magistrado elegido en 2009, el único presidente del Órgano Judicial. Ningún empleado, sin embargo, se atreve a ponerse la camiseta de su equipo en público, por el temor a quedar fichados y sufrir acoso o incluso despidos cuando eventualmente prevalezca uno de los bandos.
“Ay, Dios, nadie dice ni pío. Todos estamos con miedo de decir cosas. Yo en Facebook no pongo nada porque ya con eso te fichan y cualquier cambio que suceda lo pueden usar en tu contra”, cuenta un empleado de la Sala de lo Penal. Tanto a él como a sus compañeros los atormenta una pregunta: ¿Quién terminará siendo el legítimo presidente del Órgano Judicial? Ya se sabe que al que desean los partidos FMLN, Gana, CN y Pes se le ha armado un zafarrancho hasta con advertencia del fiscal general. Pero en apariencia, la Corte no es una Corte que está en crisis. Los parlantes del edificio siguen exhalando un jazz más parecido a la música de lobby de hotel, los empleados siguen trabajando como si nada, papeles van, sellos vienen, la basura se recicla y se separa en compartimentos especiales, los empleados hacen limpieza, y los asientos para el público se encadenan entre sí para evitar que se las roben.
Es en las pequeñas cosas donde se nota la tensión.
-¿Qué pasa si traigo escritos para Ovidio Bonilla? -pregunto a la señora que recibe la correspondencia en la primera planta del edificio.
-Se reciben.
-¿Pero qué pasa si uno presenta un escrito para presidencia?
-Se envía a presidencia.
-¿Debe detallarse que va dirigido a Ovidio Bonilla?
-Mmm, para presidencia, para presidencia.
-Ah, ¿mejor que vaya dirigido a Florentín Meléndez que para Ovidio Bonilla?
Y la empleada, que hasta ahora ha respondido parca tratando de no evidenciar parte, calla, sonríe y atiende una llamada telefónica mientras asiente levemente con la cabeza. Florentín Meléndez, magistrado de la Sala de lo Constitucional y primer vocal de la Corte Suprema que según la Ley Orgánica Judicial debe asumir la presidencia en sustitución del titular -el bando de Bonilla dice que no es el caso porque no hay a quien sustituir, ya que para eso está Bonilla-, ha dado la orden de que toda la correspondencia dirigida a la presidencia se la entreguen a él, o a Belarmino Jaime, su compañero magistrado. 'Las que van a Ovidio Bonilla como presidente también las recibo yo, al menos que sean cartas de amor ahí sí se las dejamos a él', bromeará Meléndez un poco más tarde. Es decir, en el punto de la correspondencia parece prevalecer Meléndez.
La virtud en la Corte, por ahora, es que nadie puede rehuir a tareas administrativas. Lo explica también esta empleada de la Oficialía Mayor, en la segunda planta. “Donde sí hay problemas es en las resoluciones judiciales, joven. ¿Quién le dice a un juez a cuál de los dos presidentes reconocer?” Ya la semana antepasada diversas asociaciones de jueces se manifestaron a favor de uno u otro bando. El Faro mostró la semana anterior cómo dos de las más poderosas, la Asociación de Magistrados y Jueces (Amjues) y la de Jueces de Paz, se decantaron en favor de Meléndez y demandando a la Asamblea que acate las sentencias de inconstitucionalidad que invalidaron la presidencia de Bonilla. Parece que ahora, lo que queda, es librar la lucha para mostrar quién tiene más poder de convocatoria, y en esto, aparte de las demostraciones de calle o en redes sociales, es clave de qué lado está el sector administrativo del Órgano Judicial.
El Parlamento Centroamericano y cuatro partidos políticos -a excepción de Arena- han salido en defensa de Bonilla y su Corte; las Salas de lo Constitucional de Honduras y Costa Rica y la Corte de Constitucionalidad suscribieron apoyos para la Sala salvadoreña, al igual que lo hizo un grupo de empleados del Órgano Judicial. La presencia en los medios de comunicación ha sido bastante codiciada. La Corte de Meléndez emitió comunicados en periódicos de circulación nacional llamando al Órgano Judicial a trabajar normalmente e inmediatamente hubo demandas ante la Corte de Cuentas por ello. La denuncia iba contra Meléndez por hacer uso indebido de los fondos de la institución para emitir comunicados en representación del Órgano Judicial.
Roswal Solórzano, vocero del Sindicato de Trabajadores del Órgano Judicial (Sittoj), que empujó y celebró la 'toma de posesión' de Bonilla y los otros cuatro magistrados cuya elección es inconstitucional, ha venido este viernes a la cuarta planta del palacio judicial en San Salvador para emitir un mensaje a la ciudadanía. “No voy a salir de bocón como la empleada (Carolina) Mayorga que dijo que tenía no sé cuántos empleados detrás suyo pero no mostró nada”. El sindicalista aseguró que su agrupación hará demostraciones de fuerza en los próximos días en los cuales quedará plasmado cuántos empleados del Órgano Judicial de los 14 departamentos apoyan a la Corte de Bonilla. Mayorga leyó un comunicado el miércoles, según el cual, 5 mil empleados de la Corte respaldan a la Sala de lo Constitucional. El comunicado pedía a Bonilla desistir de sus pretensiones de ser presidente de la Corte y facilitar la solución a la crisis institucional.
La mañana pasa sin mayores sorpresas. Hasta que a las 11 de la mañana Meléndez aparece solitario en la cuarta planta, saliendo de un elevador que está rotulado como “Privado” y en el que, a lo sumo, caben cuatro personas apretujadas. Los periodistas, que desde hace una semana se han tomado por asalto un juego de sillones y una mesa de vidrio dispuestas en medio de un pasillo, le salen al paso, apuntándole con grabadoras, cámaras y micrófonos. Meléndez brinda 12 minutos a los periodistas quienes, en la formulación de las preguntas, no lo llaman “presidente”. El doctor, el magistrado, explica que viene de la Fiscalía General de la República de ampliar el aviso que dio el lunes sobre la irrupción del edificio judicial, el día en que los magistrados elegidos el 24 de abril tomaron posesión de sus cargos con ayuda de sindicalistas y de un cerrajero que destrabó puertas y desactivó alarmas. También explica que no despedirán personal, que tampoco habrá contrataciones nuevas.
Meléndez guarda silencio por breves segundos, suspira, y a modo de confesión explica el porqué la cuarta planta tiene un aspecto militarizado desde le miércoles. Dice que él dio la orden de para que agentes de la Dirección de Seguridad y Protección Judicial vigilen que ninguna otra puerta se vulnere y que los expedientes judiciales se mantengan seguros. “Es mi deber como presidente en funciones”, dice, mientras agentes uniformados con el logotipo de la CSJ, camisa celeste y pantalón negro, lo observan.
Estos agentes, media docena en total, provienen de diferentes instancias judiciales del país: San Vicente, Chalatenango... Han venido con una mochila que esconden detrás de las macetas y de la que sacan, a media mañana, tacitas de plástico para que las secretarias de la Sala de lo Constitucional les regalen café acompañado de galletas. Es el desayuno. A la hora del almuerzo, los agentes se relevan para ir a comer a los chalés en el estacionamiento. Regresan para aguantar cinco, seis horas más de pie, observando, así como los periodistas, todo lo que sucede en los pasillos de la cuarta planta. La toma de la cuarta planta comenzó el miércoles. Ocho guardias del otro edificio de la Corte, el administrativo, llegaron por orden de Meléndez para resguardar despachos y expedientes judiciales. Los guardias en el palacio judicial esperaban un acuerdo de Corte plena para actuar pero el acuerdo nunca llegó. Al día siguiente, Bonilla ordenó limitar el acceso a los periodistas al palacio judicial y convocó a policías del cuerpo de Protección de Personalidades Importantes (PPI) del ministerio de Justicia y Seguridad. El resultado: una cuarta planta vigilada por custodios de la Corte y agentes de la Policía Nacional Civil. Nadie en la Corte pudo explicar si la provisión de agentes PPI supone que la PNC y por lo tanto el Ejecutivo decididamente han tomado partido por Bonilla.
-Ay, no, ya no aguanto tanto guardia, tanta pistola— dice una de las empleadas de escritorio en la cuarta planta. Ella es secretaria de uno de los magistrados y dice que nunca, en todos los años que lleva en la Corte, había visto tanta tensión.
Los policías del PPI están dispuestos al otro extremo de la cuarta planta, donde están los despachos del exmagistrado Ulices del Dios Guzmán, de la Sala de lo Penal, y de Lolly Claros de Ayala, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, elegida en 2006. Ella, como los otros magistrados elegidos en 2006, también está en duda en su cargo. La Sala de lo Constitucional declaró que esos nombramientos también violaron la Constitución, y la sentencia estableció que seguirán en sus cargos solo mientras la Asamblea elige nuevamente. Pero la Asamblea no ha querido elegir porque los diputados sostienen que los magistrados se sobrepasaron en sus funciones e insisten en que no hubo violación a la ley. En este otro extremo de la cuarta planta hay seis o siete policías esquivos a las fotografías y a las entrevistas. “Se nos llamó por la situación de inestabilidad”, responde uno, escueto. A inicios de semana el director de Policía, Francisco Salinas y el ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, explicaron que la Policía era neutral y que no tomaría parte en el conflicto. Pero hoy viernes ya hay media docena de policías, de pie junto a los retratos de los expresidentes de la Corte salvadoreña.
En la quinta planta, la Corte plena de Ovidio Bonilla (compuesta por magistrados de 2006 y 2012) sigue sesionando y toma acuerdos. Autorizan a Bonilla que designe nuevos funcionarios en gerencias y puestos de confianza y hacer las reubicaciones necesarias. La noticia llega de boca de Mario Valdivieso, un magistrado electo en 2006, quien es el primero en salir de la sesión al mediodía. Cuando se le pregunta si no es abrupto tomar decisiones administrativas antes de que se solucione la crisis judicial, se justifica como diciendo que no había nada más que hacer: “Es que yo no veo solución pronta a esta situación”.
Minutos después es Belarmino Jaime, magistrado que hasta el 15 de julio era el presidente de la CSJ, quien queda a merced de los periodistas en su camino hacia el elevador. Él cree que las decisiones de esa Corte plena no tienen ningún asidero legal, tal como lo dijo Meléndez. “Ovidio Bonilla es solo una persona que ha venido a la fuerza a sentarse en esa silla, no es magistrado, yo espero que ustedes como periodistas conozcan el fallo de la Sala de lo Constitucional”, dice, mientras se abre paso hacia el elevador privado. En él también va el magistrado Miguel Trejo, de la Sala de lo Penal y elegido en 2012. La imagen es perfecta para ilustrar la situación: dos magistrados de bandos opuestos, aguantándose el aire en el mismo pequeño elevador, encerrados en una estrecha jaula sin salidas aparentes.
Bonilla es el último en bajar de la quinta planta, y cuando lo hace, a diferencia de los otros 14 magistrados de la Corte y a diferencia de los días previos, cuando se explayaba ante los periodistas, sale escoltado de cinco guardaespaldas, dos de los cuales visten de saco y corbata y del cuello les cuelga una placa dorada que dice Órgano Judicial pero que emula la de los policías de películas de Hollywood. Bonilla trata de ignorar sin mucho éxito a los periodistas que lo esperan al borde de las gradas. Confirma que está pensando en contratar personal de su confianza.
Bonilla no se percata que empleados de la oficina de Comunicaciones que respaldan la presidencia de Meléndez habían repartido páginas en las que se leía que las Salas de lo Constitucional de Guatemala, Honduras y Costa Rica externaban “su apoyo y solidaridad” con la Sala salvadoreña. Cuando un reportero se lo menciona, Bonilla responde: “Es que esos tribunales de justicia solo conocen una versión de los hechos. Aquí creen que no se ha respetado la sentencia de la Sala de lo Constitucional, pero es que las sentencias se respetan cuando no hay visos de inconstitucionalidad… pero, ¿qué tal si declaran constitucional un absurdo?”, dijo.
Y Bonilla sigue su camino –escoltado por sus hombres y su asistente de prensa— en dirección hacia el despacho que hoy está en el ojo del huracán. A diferencia de las puertas de los otros despachos del cuarto nivel, que lucen una chapa con manecilla alargada, la de Bonilla es más sencilla, una perilla circular de color dorado. Es la huella del cerrajero, contratado el lunes para forzar la instalación de los magistrados electos el 24 de abril. Belarmino Jaime, expresidente, había escondido la llave en un acto que para magistrados de otras Salas fue calificado de niñería. Jaime había dicho que, ante la ausencia de la figura presidencial porque la Asamblea no ha hecho la elección, él, como expresidente del Órgano Judicial, debía procurar alguna seguridad del despacho que debe ocupar su sucesor.
Es la 1:30 de la tarde. Se rumora que la Fiscalía llegará a la Corte para comenzar las investigaciones del caso. Los periodistas que pensaban irse a comer reculan y se sientan a esperar nuevamente en los sillones del pasillo. Algunos ordenan pizza desde los teléfonos de las secretarias de los magistrados. 40 minutos después, se escucha un tropel de tacones y se observa, desde las escaleras, un pequeño ejército de mujeres elegantes con portafolios de carcasa dura, hombres de saco y corbata y un equipo de policías de la unidad de inspecciones oculares. Vienen a investigar cómo Bonilla entró a un despacho que estaba bajo llave y con alarma electrónica. Romeo Barahona, el fiscal general de la República que los diputados de la Asamblea no reeligieron en el cargo que se vence en septiembre, decidió que quienes investigarán el caso son los fiscales de la unidad especializada en delitos de corrupción.
Meléndez los recibe. Se ajusta el saco para la fotografía de los medios y recorre junto a ellos la cuarta planta. Una a una fue mostrando las puertas que fueron vulneradas el lunes, seis en total. Dos chapas del despacho de presidencia; una de la asesoría de presidencia; otras dos del salón de la Corte Plena en la quinta planta, y la última, del despacho de Marcel Orestes Posada, a quien el 15 de julio se venció su plazo de nueve años como magistrado de la Corte. Los del equipo policial toman fotografías y los fiscales no hacen más que observar. Han dicho que podrían hacer entrevistas pero en este recorrido no han hecho ninguna.
No todos ven con agrado el trabajo del fiscal. Esta mañana de viernes, y sobre todo por las declaraciones que Barahona dio el jueves con las que prácticamente dijo desconocer la autoridad de Bonilla, esas voces se dejan escuchar. “Ay, el fiscal… el fiscal… sin comentarios sobre lo que dijo el fiscal”, expresa Rosa María Fortín, magistrada de la Sala de lo Penal de la Corte que resultó electa en 2006. Para ella, la única Corte legal es de la que ella forma parte junto a Bonilla. “Que el fiscal mejor se dedique a perseguir el delito”, respalda Roswal Solórzano, del Sittoj.
Los dimes y diretes continuaron por toda la tarde. Rosa María Fortín volvió a la carga y denunció que estaba viendo “mala fe” por parte de los magistrados de 2009 de la Sala de lo Constitucional quienes notificaron a la de lo Penal que la primera admitió un recurso de habeas corpus en contra de la segunda por incumplimiento en los plazos máximos para la detención provisional de una persona. “Es un contrasentido, por un lado la Sala de lo Constitucional no reconocen que la Sala de lo Penal está conformada y por otro lado nos notifican para que les enviemos información”, dice Fortín. Para ella, la intención es que los magistrados de lo Penal incurran en multas por retardación de justicia. Sidney Blanco salió al paso diciendo que las notificaciones no van dirigidas a ningún magistrado en específico sino a la entidad llamada Sala de lo Penal, porque es parte del procedimiento dar curso a los casos.
Pero para Fortín, el objetivo es claro. “Es que ya vimos que esos magistrados tienen todo el poder del mundo y pueden hacer lo que quieran... incluso destruir la Corte.” Una frase de película que la magistrada adorna con un giro de media vuelta, a velocidad ágil, mientras se dirige a su despacho.
Se llega el final de la jornada. Las 4 de la tarde. Fiscales, policías y periodistas abandonan la cuarta planta acompañados del magistrado Meléndez. Solo quedan los custodios, los policías y una que otra secretaria que prefiere esperar ahí hasta que pase el tráfico y ya sea más cómodo conducir a casa. Sigue sonando el jazz en los parlantes del edificio. En el primer nivel, los empleados de la Corte se mezclan en una sola fila para marcar tarjeta, el clásico ritual del final de jornada. Nadie habla de la crisis institucional, al menos no en voz alta. Será hasta este lunes 23 de julio cuando el jazz siga sonando y con él, tal vez las certezas que por ahora nadie ve.
