'Yo no puedo aceptar que se hable de que este es un gobierno golpista, que ha quebrantado la institucionalidad del país, cuando no existe ni una sola acción tomada por este gobierno que sea sinónimo de quebrantamiento de institucionalidad o de rompimiento del orden constitucional', destacó Funes.
Al mantenerse el presidente al margen del litigio entre la Sala Constitucional de la CSJ y la Asamblea, dirigentes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) le acusaron de tolerar la ocupación de la Corte, el pasado 16 de julio, por parte del sindicato de empleados judiciales para facilitar la instalación de magistrados de 'facto'.
La ANEP acusó al presidente de 'golpista' por no utilizar la policía para evitar la ocupación del edificio judicial y se retiró del denominado Foro Económico y Social, una instancia que reúne a empresarios, trabajadores y gobierno en busca de resolver problemas que afectan al país.
La crisis institucional comenzó el 5 de junio pasado, cuando la Sala Constitucional declaró ilegal la elección de cinco magistrados, realizada por los diputados en abril, así como la de otros cinco designados en 2006.
Según argumentó, ambas elecciones se produjeron durante legislaturas en las que ya se había procedido a una anterior designación de magistrados, algo que -a juicio de la Sala- está prohibido por la Constitución, por lo cual los nombramientos carecerían de valor.
La legislatura que concluyó el 30 de abril, en la que la izquierda podía prescindir del partido Arena para hacer los nombramientos, eligió a cinco magistrados en 2009 y a otros cinco este año. También designó el 24 de abril como fiscal al abogado Ástor Escalante -cercano a uno de los grupos en alianza con la izquierda gobernante, el partido Gana-, elección también declarada ilegal por la Sala Constitucional.
En sus fallos, la Sala ordenó que magistrados y fiscal fueran elegidos en la legislatura que asumió el 1 de mayo pasado, en la que dichas designaciones no pueden hacerse sin el concurso del partido de derechas Arena.
Pero los diputados desoyeron el fallo y elevaron el caso ante la Corte Centroamericana de Justicia, que en junio ordenó a la Sala Constitucional dejarlo sin efecto. La Sala declaró 'inaplicable' el dictamen de la corte regional, argumentando que se trataba de un asunto interno.
Este viernes, el mandatario reconoció que 'la única intervención' suya en el conflicto es seguir sosteniendo que la Corte Centroamericana 'tiene jurisdicción' para pronunciarse en el diferendo. 'Solo he emitido una opinión', subrayó.
Sin embargo, Funes ha tenido en el último año dos participaciones específicas que le han costado señalamientos de intentar desarticular la Sala. Una fue la del 3 de junio del año pasado, cuando firmó expeditamente el decreto 743 por medio del cual la derecha legislativa intentó maniatar a la Sala, obligándola a resolver inconstitucionalidades solo por unanimidad. Hasta entonces, la ley establecía que las inconstitucionalidades se resuelven con cuatro de cinco votos posibles. Eventualmente, y ante la presión ciudadana, los diputados se retractaron. Esa vez el presidente incluso apartó espacio anticipadamente en la edición del Diario Oficial correspondiente al 3 de junio para garantizar que el decreto entrara en vigencia de inmediato.
La decisión de Funes se produjo luego de que la Sala declaró ilegal la partida secreta, que es un rubro de gastos discrecionales y sin control legislativo. Asimismo, los magistrados declararon inconstitucional que la presidencia de la República pudiera absorber sin control legislativo los recursos remanentes de los ministerios, transacciones que durante el gobierno precedente, de Antonio Saca, supusieron más de 200 millones de dólares.
Desde junio de 2011, Funes ha sostenido un discurso de presión hacia la Sala en temas que esta está juzgando. Así ha sucedido, por ejemplo, con una demanda ciudadana contra el nombramiento de dos generales en el gabinete de Seguridad Pública: el ministro de Seguridad, David Munguía Payés, y el director de la Policía, Francisco Salinas. 'No es posible que puedan quitarnos a estos funcionarios que han hecho tan buena labor', dijo el presidente en más de una ocasión.
A finales de junio pasado, Funes repitió la coordinación con la Asamblea Legislativa para emitir un decreto contra la Sala de lo Constitucional, al firmar una reforma transitoria a la Ley Orgánica Judicial que fue negociada a escondidas en la Asamblea Legislativa, y que permitiría a la Corte Suprema de Justicia sesionar sin necesidad de la presencia de su presidente, que es uno de los magistrados de la Sala de lo Constitucional.
'El canciller, Hugo Martínez, y el secretario técnico de la Presidencia, Álex Segovia, han sido enviados a Estados Unidos para explicar de primera mano al Departamento de Estado la actitud que ha mantenido el gobierno ante este problema', dijo Funes este viernes.
En el Congreso estadounidense un senador republicano y otro demócrata pidieron al gobierno de Barack Obama que revise la ayuda a El Salvador, dado que ha habido una ruptura del orden constitucional. Marco Rubio y Robert Menéndez sugirieron a Obama incluso suspender las visas a los funcionarios salvadoreños responsables de la crisis, que según ellos perjudica la separación de poderes y la independencia judicial.
El año pasado, la relatoría de Naciones Unidas para la independencia judicial advirtió que el decreto 743 que fue avalado por Funes constituía un obstáculo para la independencia del máximo tribunal salvadoreño.
